Argentina juzga a los responsables del "Plan Cóndor"

La Justicia argentina sentó este martes en el banquillo a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) bajo el "Plan Cóndor" que implementaron las dictaduras suramericanas para reprimir disidentes en los años 70 y 80.

El Tribunal Oral en lo Federal 1 de Buenos Aires juzga también al ex general Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y a los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.

El ex general Ramón Genaro Díaz Bessone fue finalmente apartado del juicio por causas médicas, mientras que el único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.

Por el contrario, los argentinos son una minoría entre los 108 presuntos desaparecidos por las fuerzas de seguridad nacionales en el país o en el extranjero durante la última dictadura, que forman parte de las tres causas agrupadas en este juicio.

La mayoría de las víctimas son uruguayas, aunque también hay de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.

La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados, detenidos y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, ubicado en la capital argentina y que está considerado la principal base de operaciones del "Plan Cóndor" en el país.

"Por primera vez están unidas todas las víctimas", señaló la abogada querellante Alcira Ríos, quien se mostró confiada en que después de tantos años de espera "se haga justicia".

El "Plan Cóndor" u "Operación Cóndor" fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.

Las primeras pruebas concretas de la "Operación Cóndor" aparecieron en 1992, cuando se descubrieron informes secretos en dependencias del gobierno paraguayo.

En los conocidos como "Archivos del terror" constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.

Documentos desclasificados por Estados Unidos en 2010 demostraron también que el FBI conocía desde 1976 la existencia de un plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de ejecutarles o trasladarles a cualquiera de los países firmantes del pacto.

Videla, de 87 años, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, fue el primer presidente de la última dictadura argentina en recibir una condena a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia argentina le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.

El año pasado, un tribunal argentino condenó al dictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.