¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo! Es el grito que se escuchaba a las afueras de la Cámara de Diputados en Valparaíso, en donde un grupo de mujeres a favor de la interrupción voluntaria del embarazo se enfrentó a los detractores de la medida que empezó a discutirse este miércoles 13 de enero de 2021, en el Congreso chileno.

Sin embargo, el ambiente polarizado de las calles distaba mucho del que se vivía en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, en dónde una decena de diputadas a favor y en contra del aborto dieron una discusión basada en estadísticas y referentes internacionales y en el que se pidió tener un equilibrio en la participación de organizaciones sociales que respaldan cada postura.

“Creemos que el Estado debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad de resguardar, no solo la salud y seguridad de esas mujeres, sino que además el no criminalizarlas. Esperamos que sea lo más amplio posible, que se expresen todas las opiniones, pero que también se haga con respeto poniendo en el centro los derechos de las mujeres y los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo”, aseguró la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, una de las autoras del proyecto de ley.

Por su parte, la diputada María José Hoffmann, del derechista partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuestionó el por qué permitir el aborto desde las 14 semanas y aseguró que se está aprovechando del impulso del aborto legal en Argentina aprobado el pasado 30 de diciembre.

“Están olvidándose de los derechos que tiene el que está por nacer, esos no valen, solo los de las mujeres. ¿Saben cuánto mide un feto de 14 semanas? Diez centímetros, y pesa 40 gramos. Esa es una fórmula completamente antojadiza y una falta de respeto con la naturaleza humana”, aseguró Hoffmann durante el debate.

En la misma línea se expresó la diputada Karin Luck, del partido Renovación Nacional, quien aseguró que el tema del aborto ya fue zanjado en el país hace cuatro años y que un aborto libre no se justifica porque se debe proteger la vida de quienes están por nacer. “El Estado de Chile ha entregado todos los métodos anticonceptivos de manera gratuita para evitar que conciban a un niño que después quieran abortar”, aseguró.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Mujeres y equidad de género, Maite Orsini, afirmó que buscarán que sea ley el proyecto para despenalizar el aborto siguiendo ejemplos como los de su país vecino: Argentina.

“Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlo en clínicas disfrazado de apendicitis”, aseguró en su cuenta de Twitter, al inicio de la discusión en la Cámara de diputados.

Un debate polarizado

El enfrentamiento de posturas en la opinión pública y en el Parlamento también se refleja en las posiciones que han adoptado las organizaciones sociales que apoyan y las que rechazan la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, más allá de las tres causales que fueron aceptadas en el 2017 en Chile: violación, inviabilidad fetal y riesgo de la madre.

“Esta despenalización de la decisión responde a autonomías, a derechos, a la posibilidad de escoger el proyecto de vida y tiene que ver con la democracia, justicia y mejor vida para las mujeres y cuerpos gestantes”, señaló Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

Maira aseguró que esperan que se dé un debate público que vincule a la ciudadanía y aseguró que un país con una democracia fuerte no puede permitir que las mujeres tengan que ejercer sus derechos en clandestinidad, enfrentando el riesgo de perder su libertad, su salud y hasta la vida.

En el extremo contrario está el Frente por la vida de Chile, que asegura que esta se debe proteger desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. “El asesinato de un ser humano antes de su nacimiento implica tortura prenatal y constituye un crimen de lesa humanidad. Ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otro”, aseguró Marcela Aranda, vocera del colectivo.

Aranda afirmó que grupos económicos y políticos tienen intereses de avanzar en una agenda abortista a través de la presión por la creación de “falsos derechos”. “No existe el derecho al aborto, pero sí el derecho a la vida y el deber de los Estados de protegerla”.

El proyecto para despenalizar el aborto y hacer que esté garantizado por el Estado se había quedado estancado en el legislativo chileno desde el 2018, pero la reciente aprobación de la interrupción del embarazo en Argentina impulsó a un grupo de diputadas feministas para instalar nuevamente el tema en la agenda.

Actualmente, en América Latina el aborto libre solo está permitido en Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y Guayana Francesa; y también está regulado en Ciudad de México y en el estado mexicano de Oaxaca. Sin embargo, en Chile se prevé una discusión extensa y difícil durante los próximos meses sobre un tema que divide al país en pleno año electoral. (I)