La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó que Carles Puigdemont incurriera en el delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo español y le otorgó la libertad bajo fianza de 75.000 euros ($ 91.774).

Alemania, el país más poderoso de Europa, dictó la sentencia más incómoda cuyas consecuencias sobre la política española pueden ser desoladoras.

A España solo le queda el consuelo de que los germanos acepten finalmente extraditar al expresidente de Cataluña por malversación de fondos públicos. De hacerlo, será un triunfo menor para el estado español.

Según explicó el tribunal alemán en un comunicado, “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí”.

Los magistrados de Schleswig-Holstein equipararon el delito de rebelión español al de “alta traición” germano donde es imprescindible el uso de la violencia, algo que no observa en el comportamiento que tuvo Puigdemont durante los sucesos independentistas de octubre pasado.

Ante esto, apuntan en el comunicado, “por motivos jurídicos” no aceptan una extradición por rebelión aunque ahora deben estudiar la posibilidad de hacerlo por corrupción. Y si lo hacen, España solo podrá juzgarle por este delito.

“Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió ayer Puigdemont en Twitter para celebrar la decisión.

Puigdemont, presidente de la comunidad autónoma de Cataluña entre 2016 y 2017, saldrá en las próximas horas de la prisión de Neumuenster, en el norte de Alemania, en la que se encontraba desde el pasado 24 de marzo cuando fue detenido al regresar a Bélgica desde Finlandia.  

Para algunos expertos esta decisión supone un durísimo revés a la política aplicada por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para sofocar la protesta independentista en Cataluña.

Mientras el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, se limitó a enunciar el respeto de su gobierno a las decisiones judiciales alemanas, el independentismo catalán celebró este fallo como un “gran éxito” para su causa.

Para el coordinador de la defensa del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, “al quedar desacreditados de esta forma por la justicia de otro país”, los magistrados españoles deberían cuestionarse su relato de la investigación. (I)