54 políticos están involucrados en el caso de sobornos de Petrobras

El infierno tan temido de parte de la clase política brasileña abrió sus puertas: el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, tiene una lista de 54 políticos, la mayoría del oficialismo pero también de la más extrema oposición, sobre quienes se deberá decidir si son denunciados por corrupción en el megaescándalo de sobornos de los contratos de la petrolera estatal Petrobras.

Los únicos nombres conocidos por la prensa fueron los de 2 pesos pesados del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer,  y figuras institucionales de fuste, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renán Calheiros. Ambos funcionan como aliados ocasionales de Dilma Rousseff y se han colocado, en las últimas horas, en la oposición, a tal punto que Calheiros rechazó un proyecto de ley para retirar incentivos aplicados desde 2011 a la industria como parte del ajuste fiscal para lograr un superávit primario de 1,2% del PIB en 2012.

Ellos son las piezas clave para la gobernabilidad en el sistema de alianzas del gobierno de la presidenta  Rousseff, donde el escándalo que ahora llegó a la fase de investigación de los políticos puede causar una implosión o darle un respiro institucional frente a la crisis de posible recesión, aumento del desempleo y perspectivas de caída en la obra pública precisamente a causa del escándalo.

“Si hubiera parlamentarismo, Dilma ya habría caído”, afirmó a la radio Jovem Pan, de la derecha conservadora  brasileña, Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y gobernador  de Sao Paulo, donde hay protestas en las calles por el racionamiento de agua potable generada por la sequía de los embalses en el estado más rico del país. Alckmin es visto como un presidenciable opositor en 2018. Su partido apoyará el domingo 15 la marcha por el juicio político y destitución de Rousseff, reelegida en octubre pasado con casi un 5% de diferencia sobre su rival Aécio Neves.

Acusan a Rousseff de no haber visto, como ministra de la gestión de Luiz Lula da Silva (2003-2010) y presidenta de la junta de administración de Petrobras, la corrupción por la cual están detenidos 3 exdirectores de la empresa y un contrabandista que lavaba dinero en paraísos fiscales.

La presidenta quiere ir más allá, defiende la idea de investigar, también, el gobierno del hoy opositor, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). “Si en los 90 hubieran investigado la corrupción hoy no tendríamos este escándalo. En Brasil durante mi gobierno tenemos una investigación y una libertad de investigación como nunca hubo”, afirmó la mandataria.

Pero el voltaje político del país no es directamente Rousseff o el Partido de los Trabajadores (PT). El procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregó al Supremo Tribunal Federal 54 nombres de políticos citados por dos ‘arrepentidos’ del caso Petrobras a cambio de reducción de penas para que determine si vale la pena abrir una causa sobre cada uno de ellos. La lista era mantenía en secreto por la suprema corte.

De acuerdo a lo trascendido,  además de políticos del PT, también existen de los aliados Partido Progresista (PP), PMDB del vicepresidente Temer y los opositores Partido Socialista Brasileño (PSB, que llevó a la ecologista Marina Silva a la candidatura presidencial de 2014) y el PSDB de Cardoso.

“Haber puesto a Cunha y a Calheiros es como si estuviera en esa lista Frank Underwood”, dijo a El TELÉGRAFO un portavoz de la oposición, para comparar la fama de viejos zorros de la política de acuerdos y desacuerdos de los políticos brasileños con el implacable personaje de la serie estadounidense House of Cards, que interpreta Kevin Spacey.

Estar en la lista no significa que las personas estén vinculadas a la corrupción de Petrobras sino que fueron citadas en testimonios diversos y la corte evaluará si existen pruebas para una denuncia formal.

El pulso político de Brasil lo domina ampliamente, desde que asumió Rousseff su segundo mandato, el 1 de enero, el juez federal Sergio Moro, del sureño estado de Paraná,  a quien sectores del PT acusan de tener vinculaciones familiares con el PSDB.

Moro mantiene detenidos a 13 directivos de 6 empresas constructoras de las más importantes del país acusados de pagar -a cambio de sobrefacturación en licitaciones- sobornos millonarios a directivos de Petrobras, que, por su parte, de acuerdo a la imputación, abastecían las cajas electorales de los partidos.

Petrobras, que sufre la peor crisis de su historia y sus activos están derretidos en el mercado financiero, para Moro fue una de las cajas negras de desvío de dinero más profundas de la historia de Brasil. La petrolera suspendió sus más importantes contratos con las constructoras nacionales y extranjeras a raíz de este episodio.

Pero desde el propio gobierno se abrió la polémica porque se reclama que el trabajador petrolero o de la industria pesada de sondas o astilleros no pueden pagar por los sobornos ajenos con el peor salario, el del desempleo.

“La investigación no debe penalizar el empleo del trabajador. Debemos cumplir con la producción nacional de nuestra industria petrolera. El corrupto y corruptor deben ser presos, pero el trabajador no debe pagar por la corrupción. Para la extracción del petróleo tenemos la industria nacional. Si la paramos vamos a tener que contratar sondas y plataformas en China. Generaremos empleos en China y no aquí”, indicó el ministro de Previsión Social, Carlos Gabas.

Pero como advirtió a EL TELÉGRAFO el coordinador del Frente Único de los Petroleros, existe detrás de este escándalo una ola a favor de la privatización de Petrobras. Y en ese sentido, en medio de este río revuelto de credibilidad del gobierno y de la empresa, surgió uno de los hombres más fuertes de la oposición, el senador José Serra, 2 veces candidato presidencial en 2002 y 2010, para enviar un mensaje a las petroleras extranjeras.

“Habría que dividir en empresas al conglomerado Petrobras y vender parte de ellas”, sugirió el opositor.