“La concentración de los medios de comunicación en pocas manos es la mayor amenaza a la libertad de expresión”, había dicho el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue, cuando intervino en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Brasilia en diciembre pasado.

Y precisamente esta concentración es la que se discute ahora en Perú debido al control de casi el 80% del mercado mediático que tiene  El Comercio, de Lima, al comprar  Epesa, que tenía los diarios Ojo, Ajá, El Bocón y Correo. Estos últimos alcanzan el 29% del consumo  peruano de periódicos.

La compra tiene interpuesta una demanda hecha por 8 periodistas, por lo que desde el viernes pasado reposa en la justicia. La demanda se ampara en el artículo 61 de la Constitución de Perú. “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social (...) no pueden ser objeto de exclusividad, acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares”, sostiene la Carta Magna.

“Apenas publicada ayer (viernes) la noticia sobre la admisión de una demanda de amparo, por parte del 4to Juzgado Constitucional de Lima, contra la asociación del Grupo El Comercio y Epensa, la compañía  respondió horas después a esta acción. El diario denunció a la jueza Lizy Béjar Monge, a cargo del referido juzgado, por irregularidades en la resolución de esta admisión. El Comercio indicó que el documento llevaba la firma de la magistrada y del especialista legal Miguel Loloy Príncipe, quien en septiembre de 2013 había renunciado al Poder Judicial. El medio señaló que Loloy no podía haber suscrito el informe”, informó el sitio clasesdeperiodismo.com.

El tema alcanzó notoriedad porque el presidente Ollanta Humala expuso su preocupación por el acaparamiento de El Comercio que afecta a la libertad de expresión. Él propuso que se debe discutir en el Congreso, lo que hizo intuir en una posible ley de medios.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), ONG que agrupa a periodistas de Perú, convocó a un gran debate sobre la concentración de la propiedad de medios porque -dicen- “esto encierra potenciales amenazas contra la libertad de expresión”, asimismo, propuso que el tema se resuelva en los juzgados.