El ITT se ubica como la fuente más importante de ingresos

30 de septiembre de 2013 - 00:00

Ninguna otra fórmula económica parece encajar al momento en el contexto nacional que genere los suficientes recursos para que Ecuador avance en su desarrollo, que no sea la explotación del bloque 43, más conocido como ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), enclavado en el Parque Nacional Yasuní.

Solo con el precio de 70 dólares el barril, el proyecto generaría un flujo corriente neto de 41.700 millones de dólares durante los 23 años de explotación petrolera que, traídos a la actualidad, representan 18.292 millones, según cifras oficiales (ver gráfico 1).

“Es tanto dinero”, apostilló el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, al señalar que la gente tiene derecho a una vida mejor, para lo cual no dudó en señalar que los recursos naturales deben utilizarse con responsabilidad ambiental, para dar mayor liquidez a la economía.

En este año, la inversión pública asciende a 7.690 millones de dólares y se necesita más dólares para la ejecución de la matriz productiva y los programas de desarrollo social.

Rivera explicó que la cifra constituye todas las escuelas que el país necesita, la cobertura de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos para llegar al 95% de la población, más la totalidad de infraestructura y equipamiento de salud y la reducción del déficit de vivienda en el 95%, cuyos porcentajes reflejan los síntomas de pobreza de un país.

Si bien la actual administración ha logrado reducir la pobreza del 37% en 2006 a menos del 24% en 2012, el objetivo es llegar al 20% de población pobre en los próximos cuatro años, únicamente atendiendo las necesidades básicas insatisfechas. “Así como queremos a la naturaleza, también queremos sacar de la pobreza a los ecuatorianos que se encuentran en ese umbral”, afirmó, por su parte, el presidente Rafael Correa.

Ni el turismo, impuestos ni el incremento de los precios de los combustibles cubrirían las necesidades económicas del país, que no sea el desarrollo del proyecto hidrocarburífero ITT, catalogado como uno de los más importantes de América Latina. Inclusive, para el cambio de la matriz productiva, se requieren ingentes sumas de dinero que el país no dispone al momentoPara el jefe de Estado, todavía, el 50% de la población no accede al servicio de agua potable, alcantarillado ni relleno sanitario. También existe un 24% de niños menores de 5 años que están desnutridos; se deben reemplazar 5.000 unidades educativas deterioradas; y se necesitan 3.000 millones de dólares para completar la infraestructura sanitaria.

La perspectiva económica y social del país se traduce en millonarias cifras de inversión, como los 47.613 millones de dólares (9,4% del PIB) que hacen falta al Gobierno en los próximos cuatro años para hacer efectivo el Plan Nacional del Buen Vivir 2012-2017.

Producción petrolera

El Gobierno le pone fe al desarrollo del ITT y de otros proyectos hidrocarburíferos para satisfacer las necesidades. La Secretaría de Hidrocarburos, en la feria Oil & Power que tuvo lugar la semana anterior en Quito, destacó como lo más importante y prioritario a la ejecución del ITT para incrementar la producción de crudo y reporte de ingresos.

Para el próximo año, la Secretaría informó que la extracción nacional promedio será de 534.800 barriles diarios, frente a 504.000 de 2012. De no hacerlo, la declinación sería constante a partir de 2015. Según las proyecciones técnicas, el ITT entraría en producción en dos años, es decir, en 2016, con lo cual la producción total subiría a 600 mil barriles por día un año después (2017).

BREVES
Reunión. La explotación del
ITT mereció un profundo análisis del Gabinete ministerial el 10 de septiembre.

Discusión. En la cita se discutieron los aspectos jurídicos, técnicos y ambientales de la explotación del proyecto.

Actividad. Para el presidente Correa, el mayor problema de la Amazonía es la expansión de la frontera agrícola pecuaria.
El desarrollo de Ishpingo-Tambococha- Tiputini y otros que tiene en carpeta el Gobierno, como la Ronda Sur Oriente y el campo Pungarayacu, requieren de inversiones de entre 3.000 y 5.000 millones. Pero con estos dos proyectos, la Secretaría de Hidrocarburos calcula que la producción de petróleo alcanzará el máximo pico de 741 mil barriles diarios en 2019.

Los analistas no se atreven a vaticinar el precio internacional del petróleo que negociarían los países productores en ese año, en un mercado caracterizado más por la especulación. En todo caso indican que todo dependerá de la oferta y demanda mundial, de los hallazgos de nuevas reservas que hagan los países, el implemento de técnicas modernas, y de los conflictos geopolíticos, principalmente en el Medio Oriente.

El petróleo en Ecuador constituye la principal fuente de ingresos. En 2012, aportó con el 38% al Presupuesto General del Estado, revelan datos del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Asimismo, el país percibió 15 mil millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras, cuya fórmula de precios cuenta hoy con un diferencial o castigo de
apenas cinco dólares por barril. Esto quiere decir que del precio de mercado, el país descuenta ese valor a las compradoras por la calidad de pesado que caracteriza al crudo ecuatoriano.

Municipios amazónicos

Si bien Ecuador ha avanzado mucho en materia social, el ministro Rivera aseguró que todavía queda mucho por hacer. En la misma línea de la Secretaría de Hidrocarburos, el ministro destacó la necesidad de explotar el ITT y la decisión del Régimen es que los gobiernos locales, los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales sean los primeros beneficiarios, en especial, los de la región Amazónica.

Según las corridas económicas, al sector se destinarían 1.567 millones de dólares al valor presente de 70 dólar el barril del crudo. Los municipios de la Amazonía recibirían, aproximadamente, 2.139 millones más de lo que les corresponde como entidades edilicias; es decir, un total de 3.580 millones en los 23 años, conforme el artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad).

Asimismo, la Ley 010, que crea el fondo para el ecodesarrollo regional amazónico y de fortalecimiento de los gobiernos seccionales, permitiría que en ese lapso, los municipios se beneficien de 762,6 millones. Y, de los excedentes petroleros, obtendrían otros 4.296 millones, con un total de 8.639 millones de dólares, más del doble de los actuales 3.707 millones (ver gráfico 2).

Por otro lado, las reformas a la Ley de Hidrocarburos efectuadas en 2010, determinan que el 12% de las utilidades y excedentes sean invertidos en las poblaciones aledañas a estos proyectos. De ese modo, Rivera destacó que los municipios tendrán acceso a los derechos que tienen todos los ecuatorianos.

Para el presidente Correa, el cantón amazónico Shushufindi, debería ser el más rico del país porque está ubicado en el corazón de la actividad petrolera, pero no es así. Por lo tanto, anunció que será uno de los primeros en beneficiarse de los recursos del ITT.

Y, para alistar el terreno de una inminente explotación del proyecto, se reunió en semanas anteriores con la comunidad Waorani que habita en los territorios del proyecto. Ahí les confirmó que Shushufindi encabezará la lista de comunidades que saldrán de la pobreza”.

El Gobierno apunta hacia la Amazonía porque el 60% del Parque Nacional Yasuní está afectado por actividades petroleras y son evidentes los impactos sociales y el aumento de la conflictividad. Los entendidos en la materia opinan que los cantones donde hay explotación hidrocarburífera registran los mayores índices de pobreza y tienen menos servicios básicos.

En otros sitios del país

Pero no solo la Amazonía es la afectada. La historia se repite en los otros puntos del país: la Sierra y la Costa. Por ejemplo, en el cantón San Vicente, ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí, la cobertura en alcantarillado en la zona urbana llega al 45%, y en la rural, a cero. Bahía de Caráquez, en la misma provincia, carece de una planta de tratamiento de agua potable y el sistema actual no es confiable porque es regional.

Fernando Cedeño, alcalde del cantón Santa Ana de Manabí, que cuenta con 47.385 habitantes, explicó que la cobertura de agua potable y alcantarillado en la zona urbana, de menor población, llega al 95%; no así el sector rural que concentra el mayor número de personas, el promedio alcanza al 25%. Entre tanto, en Santo Domingo de los Tsáchilas, recién empieza a construirse la red de agua potable.

Cobro de impuestos

Al responder alternativas planteadas públicamente para obtener recursos a cambio de no explotar el ITT, Rivera dio sus explicaciones técnicas, caso por caso. En impuestos, los analistas proponen fórmulas que reporten mayores ingresos. El ministro advirtió que la principal limitante para ir más rápido en el país no son solo los presupuestos públicos, sino también la oferta de dólares dentro de la economía.

El sector petrolero aportó en 2012 con el 38% de sus ingresos al Presupuesto General del Estado, según el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

El país percibe 15 mil millones
de dólares anuales por la exportación de petróleo.

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos efectuadas en 2010 determinan que el 12% de las utilidades y excedentes petroleros sean invertidos en las poblaciones aledañas a los proyectos hidrocarburíferos
Graficó que la divisa es como el carbón en un tren: si se quiere que avance velozmente hay que meter mayores volúmenes del material, porque con la misma cantidad, la máquina se desplaza en igual velocidad; pero “si deseo solucionar los problemas del país, necesito una más alta oferta de dólares”.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las recaudaciones fiscales sumarán, este año, 12.900 millones de dólares, correspondiendo a la administración tributaria, en términos brutos, 12.500 millones, cifra de la que se deben descontar las devoluciones a los contribuyentes y los fondos rotativos.

Para demostrar “lo absurdo” de la propuesta, el ministro hizo un ejercicio extremo que, dijo, es imposible aplicarlo en ninguna parte del mundo: poner el 100% de Impuesto a la Renta, desde la tienda más pequeña de barrio hasta las grandes transnacionales, que daría como resultado ningún tipo de ganancias.

Seguramente, apuntó, la medida representaría muchos ingresos para la caja fiscal; sin embargo, la oferta de dólares para la economía, es muy pequeña porque si entre 2007 y 2012 el Impuesto a la Renta habría sido del 100%, los recursos habrían llegado apenas a 2.000 millones de dólares. “Entonces –añadió- quien está diciendo que con más impuestos se puede tener una cuenta alternativa, nos está mintiendo. Los impuestos son esencialmente redistribución de la riqueza, de dólares en la economía”.

Burocracia

Rivera cuestionó las afirmaciones hechas en torno a que hay demasiada burocracia y gasto público. Indicó que el 87% de los servidores públicos en el país se ubican en los sectores de la salud, educación y seguridad. “Estos genios creen que tenemos demasiados maestros, demasiada salud y seguridad en Ecuador, no tienen idea, no conocen el país”, aseguró.

No obstante, el Gobierno ha dado los primeros pasos de austeridad con la supresión de los almuerzos de los servidores públicos a partir de enero de 2014; ha exigido la justificación de los viáticos; el cambio de uniformes cada dos años, y no alquilar salones en los hoteles para los actos y programas de las entidades públicas, sino hacerlos en sus propias sedes.

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, observó que los almuerzos representan para el Estado 46 millones de dólares anuales, porque únicamente el 12% de los empleados, tiene acceso al beneficio. “Todos o nadie porque no es justo que solo unos privilegiados se aprovechen de esta ventaja y otros no”, señaló, al explicar que, en su lugar, se darán uniformes desde enero próximo.

En el país existen 476 mil servidores públicos, de los cuales, en la Función Ejecutiva o Nivel Central se encuentran 218 mil, conforme datos de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador.

Precio de los combustibles

Refiriéndose a otra de las propuestas, de elevar los precios de los combustibles, Rivera descartó esa posibilidad. “Lo que nos están proponiendo estos genios es mandar a cientos de miles de personas al desempleo y eso no lo vamos a permitir”, aseguró, al calificar la medida
como un “paquetazo a lo bruto, al estilo neoliberal, lograr un incremento tan fuerte en el precio de los derivados del petróleo, que ya no se importen combustibles, que el tráiler, el carro, la máquina ya no se muevan”.

El Gobierno anticipó que con el cambio de la matriz energética y la entrada en operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en 2016, se focalizará el subsidio a los combustibles, que le representan ingentes sumas de dinero a la caja fiscal. Según la pro forma presupuestaria de 2013, se destina 6.603,68 millones en subsidios al año, de los cuales, únicamente los combustibles cuestan 4.539,64 millones, equivalentes al 68,74% de todas las subvenciones del Estado

Dentro de este segmento, el diésel (1.934,9 millones), el gas nacional (65,4 millones) e importado (601,15 millones) y la gasolina (1.757,55 millones) son los que mayor gasto representan. Dichos productos tienen déficit en su producción, lo que obliga al Gobierno a importar para satisfacer la demanda interna.

Lo grave es que se compra a precios internacionales y se vende en el mercado interno a precios subsidiados. El presidente Correa tiene claro el panorama y señala que el subsidio a la gasolina destinada a los vehículos privados beneficia a personas de mayores recursos. Por ejemplo, quien tiene un vehículo 4x4 de ocho cilindros recibe al año un subsidio de 1.000 dólares. Pero el aporte para quien paga pasajes populares, es de 60.

En este escenario, el Gobierno estudia un sistema de cupos, que podría entrar en vigencia en 2015, a fin de que cada ecuatoriano en su matrícula reciba una tarjeta magnética para comprar cierta cantidad de galones por año. Quienes consuman más de ese límite deberán pagar el precio internacional.

Respecto al gas, anunció que en el sector residencial se pasará a utilizar cocinas de inducción eléctrica en lugar del GLP que cuesta $ 1,60 el cilindro de 15 kilogramos, frente a los $ 20 que cuestan los de Colombia y Perú.

Turismo

Muchos hablan de desarrollar el turismo a cambio de no explotar el ITT, pero de igual manera, los recursos serían insuficientes. La Cartera de Turismo hace sus esfuerzos y avanza en los programas para estimular el turismo interno y sobre todo internacional porque es el que genera el mayor número de divisas. Para ello, se quiere ampliar el mercado fuera de las fronteras de Colombia y Perú y de los Estados Unidos, que son los países desde donde más fluye el turismo hacia Ecuador.

De hecho, el país cuenta hoy con una red de carreteras de primer orden que facilitan la movilidad de los vehículos y personas. En 2011, el turismo generó ingresos del orden de 894,7 millones de dólares, así como 102.375 empleos directos. A diciembre de 2012, el Ministerio de Turismo registró llegadas de 1’272.000 extranjeros, de los cuales, el 36,4% visitó las áreas naturales.

Pueblos no contactados

Ecuador es uno de los pocos países que tienen grupos no contactados y una zona intangible de 700 mil hectáreas que les protege, definida en 2007. “Es prioridad política, ideológica y humanitaria velar por esos pueblos”, afirmó el presidente Correa, al descartar posibles avistamientos en el ITT.

Como se aprecia en los mapas 3 y 5, este millonario proyecto hidrocarburífero, con reservas certificadas por el Instituto Francés del Petróleo de alrededor de 900 millones de barriles de crudo, comprende un complejo proceso de producción para evitar daños ambientales. No es nueva la actividad petrolera en el ITT. Compañías internacionales como la británica Shell y la propia ex Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y luego Petroecuador, hicieron labores exploratorias desde hace 70 años.

Cuidado ambiental

El ITT está cerca a la frontera con el Perú (Ver mapa 3) y su alta sensibilidad ambiental le obligaría a emplear las más modernas técnicas para evitar posibles daños al ecosistema. El presidente Correa encargó los trabajos de explotación a la estatal Petroamazonas que en 2012 absorbió a la Gerencia de Producción y Exploración de Petroecuador, y opera el bloque 15 que tenía en adjudicación la compañía estadounidense Occidental, hasta el año 2006, cuando tuvo que abandonar el país por incumplimientos contractuales.

Otros campos aledaños al bloque 15 y que se encuentran en el Yasuní se fueron asignando a Petroamazonas. La empresa ha ganado reconocimientos internacionales por los métodos utilizados en exploración y explotación, no registrar un solo derrame de crudo y por el sistema de gestión administrativa.

El gerente, Oswaldo Madrid, anunció que se utilizará la infraestructura, tanto de los campos Pañacocha que se encuentran en producción desde 2010 y Edén Yuturi, como de la central de procesos del campo Edén, en producción a partir de 2002. Precisó que el desarrollo de los bloques del ITT estaría siendo parte de una operación controlada e integrada con la infraestructura de plataformas y tuberías.

Los procesos de separación final del crudo desde el campo Tiputini donde se iniciarían las actividades (luego se continuará en Tambococha) hasta la central de procesos del campo Edén, tiene una distancia de 90 kilómetros (Ver mapa 5). Madrid aseguró que la perforación de pozos será tipo horizontal. Esto significa que desde una misma plataforma se pueden perforar varias estructuras hidrocarburíferas; las tuberías irán enterradas y el agua de producción se reinyectaría en estratos profundos del subsuelo; mientras que el gas se emplearía para la generación eléctrica de los propios campos.

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Los accesos al proyecto se harían vía fluvial o por helicóptero y habrían únicamente senderos que servirían para la intercomunicación interna de las actividades. “La explotación se va hacer con responsabilidad social y las mejores técnicas”, enfatizó Madrid.

La discusión de los ecologistas

El asesor de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y vocal de la Comisión de Biodiversidad, Xavier Flores, dio sus argumentos jurídicos para explotar el crudo del bloque ITT, lo que levantó polémica en ecologistas, opositores al Régimen y tuiteros.

Xavier Flores se refirió a las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de efectuar consultas a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

El documento establece que “en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, se deberá armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas con las necesidades públicas de los Estados”.

Según el asesor, estas referencias son “muestra de que en el campo del derecho no existe tal cosa como una prohibición radical a la explotación de recursos naturales” del país. Pero aclara que sí existe en el campo del derecho, a manera de obligaciones que el Estado debe satisfacer, la explotación condicionada de los mencionados. Y en Ecuador, añade, esas condiciones están consagradas en la Constitución.

Precisamente, el segundo inciso del artículo 57 de la Constitución dice: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamientos, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

El asesor legislativo advierte que el informe de la Comisión de Biodiversidad excluye cualquier extracción en la zona intangible Tagaeri-Taromenane y se rige estrictamente a lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Magna.

Sobre el contacto con pueblos en aislamiento voluntario, Flores recoge las directrices del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, cuyo documento excluye de punición los encuentros accidentales. Para haber culpabilidad el contacto debe ser forzado, advierte. Señala que es una intención que no se verifica en una resolución legislativa, “amenazada absurdamente con el “cuco” de servir de base para una futura acusación de etnocidio”.

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