Cuba quiere apuntalar su economía, acelerar el crecimiento, esquivar el bloqueo impuesto por Estados Unidos hace 52 años y dar apertura a la inversión privada en sectores en los que el Estado ha sido insuficiente. De ahí su interés, plasmado en una ley aprobada a fines de marzo, de atraer inversión extranjera para casi todos los ámbitos, excepto salud, educación, defensa y medios de comunicación.

La Ley de Inversión Extranjera reemplaza a la N°. 77 de 1995 y contempla beneficios fiscales para los capitales extranjeros, incentivos tributarios, condiciones favorables y seguridad jurídica, tras las nacionalizaciones que impulsó Fidel Castro en los años sesenta.

La normativa, aprobada en el Parlamento cubano por unanimidad, busca el ingreso de entre $ 2 000 y 2 500 millones anuales para lograr el crecimiento de la economía, indicó el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, citado en medios oficiales.

Por su parte, Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros, recalcó la importancia de la ley para “garantizar no solo un crecimiento de la economía, sino y sobre todo un modelo de desarrollo, lo cual pasa necesariamente por un incremento de las inversiones y de un financiamiento externo”. Murillo explicó que la mayor parte de las riquezas que genera la isla sirve para garantizar el consumo y no ha sido destinada a inversiones, lo cual ha derivado en “un crecimiento pero a niveles bajos, lejos aún del 5% o 7% de crecimiento del PIB (producto interno bruto) necesario para un exitoso avance”. En los últimos años la economía cubana creció a tasas no mayores a 3%, cifra también proyectada para 2014 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El camino de las reformas

“Ni las empresas estatales ni los cubanos que aquí residimos contamos con los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía que se requiere para poder alcanzar el nivel de desarrollo que necesitamos y poder distribuir entre todos los beneficios y el bienestar deseados”, admitieron Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, y Armando Cuba, director jurídico de dicho organismo, al portal Cubadebate.com.

La isla vio debilitada su economía desde los noventa cuando desapareció la Unión Soviética. Hoy depende en gran medida del suministro de petróleo desde Venezuela en condiciones preferentes. Desde finales de 2011, el presidente Raúl Castro ha emprendido reformas para “actualizar” el modelo socialista con el objetivo de abrir la economía, favorecer el trabajo privado y las nuevas formas de economía no estatal. Entre ellas destacan la compra y venta de inmuebles y vehículos, la posibilidad de iniciar negocios por “cuenta propia” y de alquilar bienes inmuebles a través de inmobiliarias oficiales.

La nueva ley, que entrará en vigencia cuando se publique en la Gaceta Oficial, contempla entre otros puntos: garantías jurídicas relacionadas con la protección a las propiedades adquiridas, que no podrán ser expropiadas; reducción del 30% al 15% de los impuestos sobre las ganancias; un período de gracia de 8 años para comenzar a tributar; desarrollo de sectores como el agrícola, industrial, de biotecnología, turismo, energía renovable, etc.

Las autoridades también pretenden lograr apoyo financiero, acceso a nuevas tecnologías y know-how y recapitalización de sectores, con especial énfasis en el agrícola. Cuba importa hasta un 80% de los alimentos que consume.

La nueva legislación se aprobó 2 meses después de la inauguración del megapuerto de Mariel, 45 km al oeste de La Habana, una terminal para grandes buques portacontenedores construido en sociedad con Brasil para atender a todo el Caribe, que tendrá una zona franca industrial para empresas extranjeras.

Expertos como Pedro Hernández Soto, citado por el portal de noticias Rusia Today, coinciden en que relaciones comerciales reactivadas y nuevos flujos de dinero podrían sanear la economía isleña y aliviar el bloqueo.

“La nueva Ley de Inversión Extranjera va a romper prácticamente con la situación del bloqueo fuera de EE.UU. La prensa ya ha publicado visitas de delegaciones belgas, de empresarios franceses, ahora viene una delegación importante de empresarios brasileños”, señaló.

Para el execonomista del Banco Central cubano, Pável Vidal, “la nueva ley de inversiones extranjeras es la última oportunidad para que la reforma se acerque al crecimiento planeado hasta 2016”.

“Tenían un plan de crecimiento para estos años de cambio del 4,4% del PIB, que estaría impulsado por un incremento de las inversiones en más del 20%”, dijo Vidal. “Y ese incumplimiento de las metas es evidente que se debe a la falta de inversión extranjera”, señaló el analista citado en el diario argentino Página/12.

Tras las primeras aperturas puntuales en los ochenta Cuba empezó una década después a buscar inversiones extranjeras que se enfocaron sobre todo en turismo. “Hay que recordar que la legislación de 1995 nunca fue usada en toda su plenitud y fue paralizada por el inmovilismo y varios cuellos de botella que la nueva ley mantiene parcialmente, como la centralización de la aprobación de nuevas inversiones”, manifestó el politólogo cubano-estadounidense Arturo López-Levy en Página/12. “El gobierno cubano debe trabajar también en la implementación institucional de la ley en el exterior”, sugirió, por ejemplo, a través de la creación de cámaras de comercio bilaterales.

¿Quiénes podrán invertir?

Entre otras cosas, la nueva legislación permitirá, en teoría, la llegada de capitales también de la emigración cubana. Según Rivas y Cuba, la ley “no distingue el origen del capital extranjero a invertir”. Explicaron que existirá una Cartera de Oportunidades con Inversión Extranjera que definirá los proyectos que se identifiquen con las prioridades y necesidades establecidas por el Gobierno, el mismo que realizará la selección de los inversionistas.

Ni la ley de 1995, ni la aprobada la semana anterior limitan la inversión de cubanos que residen en el extranjero. En el caso de quienes viven en Estados Unidos, la restricción está dada por el bloqueo decretado en 1962 por el presidente John F. Kennedy y por las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) que impiden a estadounidenses y cubanos residentes invertir en Cuba, prohíben a subsidiarias de compañías norteamericanas comerciar con la isla y sancionan a empresas extranjeras que operan en Estados Unidos por hacer negocios con La Habana.

Respecto a la contratación de personal cubano por parte de inversionistas, la ley establece que será la “entidad empleadora” (del Estado) la encargada de suministrar la fuerza de trabajo, de hacer la selección y la contratación.

La nueva legislación mantiene las modalidades de inversión extranjera a través de empresas mixtas, de contrato de asociación económica internacional y empresa de capital totalmente extranjero, y amplió el alcance del contrato de administración productiva y de servicios, administración hotelera y servicios profesionales.

Cuba ha puesto las condiciones habrá que esperar la respuesta del mundo.