La definición del jurista holandés Hugo Grocio, de que el Estado es la asociación perfecta de seres humanos libres, unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común, le cabe al Ecuador en los momentos actuales en que el Gobierno ha rescatado el Estado para ponerlo al servicio de la población ecuatoriana.

“Hemos recuperado las facultades del Estado, la autoridad pública y le rescatamos de los grupos de presión y poder económico y político”, aseguró el subsecretario general de Democratización del Estado de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), Pabel Muñoz. “El Estado sobre el cual hoy trabajamos es uno que vela por el interés ciudadano”, enfatizó.

Para el funcionario, la definición técnica del tamaño del sector público se convierte en una prioridad para generar un modelo eficiente y sostenible, que permita al país la construcción del Socialismo del Buen Vivir, donde el ser humano, la vida y la naturaleza constituyen el centro de la política pública.

Bajo esa concepción, la Senplades busca conocer en qué áreas de la provisión de bienes y servicios debe actuar el Estado. Para ello, se han definido los ámbitos de regulación, control y distribución. Según Muñoz, la propuesta parte de dos premisas: el Estado es la representación institucional de la sociedad y defiende el bien común; además, se compone por el sector público y privado.

En efecto, el artículo 3 de la Constitución de Montecristi (2008), señala que el Estado tiene el deber de garantizar, sin discriminación, el efectivo goce de los derechos establecidos en la norma y en los instrumentos internacionales, en particular, la educación, salud, alimentación, seguridad social y agua para sus habitantes.

Además, planifica el desarrollo nacional y debe erradicar la pobreza, promueve el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir.

También protege el patrimonio natural y cultural del país y garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

La concepción de que el Estado es la representación institucional de la sociedad incluye a todos, tanto al sector público y privado, como a la economía popular y solidaria, que es el sector donde, sobre todo, apunta el Gobierno.

Así, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada.

No obstante, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad que se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Precisamente, el Plan de Gobierno 2013-2017 del presidente Rafael Correa destaca que cuando asumió el poder en 2007, el gran desafío fue poner en movimiento una sociedad “hastiada de la política y sin proyecto de nación, de reactivar una economía paralizada por el peso del capital especulativo y el servicio entreguista a la deuda externa y de transformar un Estado capturado por intereses particulares de toda índole y sin ninguna disposición por la defensa del bien común”.

Por lo tanto, el reto del Gobierno es construir el Socialismo del Buen Vivir, en el cual la sociedad gobierne los mercados, y no viceversa. “No somos estatistas, pero sí creemos en un Estado con suficiente autoridad pública”, enfatizó Muñoz.

En una presentación a la ciudanía durante el enlace del Presidente de la República el 10 de marzo de 2013, el funcionario aseguró que se quiere definir el alcance del Estado en la provisión de bienes y servicios para lograr eficiencia y sostenibilidad, en un esquema que apunta al Socialismo.

De hecho, la Senplades sostiene que se ha honrado la voluntad popular y se ha trasformado la pluralidad de demandas sociales, en un proyecto histórico de nación que se despliega por el impulso de un gobierno popular, de un Estado democrático con expectativas de futuro y capacidades para disputarlas en el presente.

¿Qué se consiguió en los últimos seis años de administración?

Los seis años de Gobierno han sido importantes para la recuperación del Estado. El primer paso que dio fue sacarle del modelo neoliberal que planteaba que el Estado debe ser pequeño y operar bajo los principios de la privatización, desregulación y la no intervención pública.

Para Muñoz, el Estado chico no significa eficiencia, sino más bien constituye un error y una falacia del modelo neoliberal que planteaba la idea del no Estado.

En ninguna literatura, ni en la ciencia política, hay evidencia real que diga cuál debería ser el tamaño ideal del Estado.

“Su definición es una decisión política y depende de un conjunto de factores sociales, culturales y, fundamentalmente, políticos”, añadió el funcionario.

Pero, sobre todo, se supedita a “la cantidad de derechos que la sociedad ha decidido garantizar, en el sentido de que la salud, la educación escolar y universitaria deben ser universales y gratuitas”.

A cambio, el modelo neoliberal propugna la autorregulación del mercado a partir de la oferta y la demanda, política de la cual el Gobierno ha sido crítico, sin que tampoco sea el principio y fin de su proyecto ni de la sociedad.

La misma Carta Magna da una nueva concepción para que el Estado, la sociedad, el mercado y la naturaleza busquen la armonía y la complementariedad.

Por lo tanto, la meta del Gobierno fue recuperar el Estado como ordenador social para promocionar el desarrollo y sostener a las instituciones formales (Senplades, Ministerio de Transporte, función judicial) e informales.

A su vez, se rescataron sus facultades para que pueda planificar, controlar, regular, redistribuir y tener rectoría sobre la política pública. También se recuperó la autoridad pública.

Al respecto, Muñoz, explicó que la doctrina neoliberal restaba importancia al Estado pero, “a la hora del té, las élites la utilizaban para su beneficio”. Un ejemplo de eso es la sucretización en el Gobierno de Oswaldo Hurtado y el salvataje bancario, en el de Jamil Mahuad.

El salvataje bancario, ejemplo de la ausencia de un Estado regulador

Vale recordar que en 1983, por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Comité de Gestión, el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió el rol de deudor de elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas, para lo cual, contrató créditos en el exterior, directamente con la banca privada internacional. Los fondos se destinaron a liquidar los denominados “pagarés”.

Dichos recursos no venían a Ecuador sino que se quedaban en la banca acreedora para el pago de los contratos anteriores.

Lo más grave, es que el BCE no contabilizó los pagos en el exterior. El Banco Central también asumió la deuda externa privada, en el proceso denominado “sucretización”, que generó elevados perjuicios al Estado, por un monto acumulado de 4.462 millones de
dólares.

Los beneficios otorgados al sector privado se ampliaron en 1984 y 1985 por disposición de la Junta Monetaria, sin autorización legal del ejecutivo. La falta de control fue una puerta abierta para que se sucreticen tanto los créditos ficticios como los irrecuperables.

Las resoluciones de la Junta Monetaria a finales del Gobierno de León Febres Cordero en 1988 dieron lugar a la banca privada nacional, a empresarios y particulares, y a la conversión en el BCE a valor nominal, de la deuda externa ecuatoriana comprada en mercado secundario a un promedio del 30%.

Nuevos refinanciamientos se repitieron en 1984. En 1988 se establecieron políticas de salvataje bancario para la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de instituciones públicas. Se calcula que se desembolsaron más de 8.000 millones
de dólares.

En el Congreso Nacional, la “aplanadora” conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular creó leyes e instituciones como la AGD para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada. El 8 de marzo de 1999 se declaró el feriado bancario.

Muñoz afirmó que detrás del discurso del salvataje bancario estaba el pronunciamiento
de que el Estado “no importaba, no tenía que intervenir, pero le utilizaban para que responda a sus intereses y privilegios”.

¿Cómo se encontró al Estado?

En 2007 las autoridades del Gobierno del presidente Correa encontraron un Estado devastado que no funcionaba, con expresiones decadentes que cerraban el paso a la institucionalidad. La política la generaban el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional. Un caso específico fue el Ministerio de Bienestar Social que era financiado por el Banco Intermamericano de Desarrollo (BID), explicó Pabel Muñoz.

Señaló que los intereses privados habían secuestrado al Estado: El Conatel, la Senatel, el Conelec, que eran órganos de planteamiento de regulaciones, tenían en su interior a personajes del sector privado, en clara violación a lo que disponía la Constitución de 1998.

Además, los funcionarios habían perdido su autoestima porque “durante casi 20 años les dijeron que eran vagos, ineficientes, corruptos y pipones”.

Hoy, este esquema se lo está revirtiendo según Muñoz, a través del fortalecimiento institucional del Estado.

Según el subsecretario, los funcionarios de años están renovando su espíritu y recuperando las ganas de trabajar, saben que están haciendo labores importantes. Pero también hay un cambio generacional con gente competente, jóvenes que tienen entre una y dos maestrías y más de un idioma.

¿Quién debe hacer qué?

La Senplades y el presidente de la República trabajan en definir el alcance del Estado: ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Tiene que hacerlo todo, solo una parte y otra delegarla, o puede haber coparticipación pública-privada?

Pero si los seis años anteriores fueron fundamentales para recuperar el Estado, la entidad aseveró que los próximos cuatro serán aún más importantes para tener un Estado eficiente, que garantice derechos, tenga autoridad pública, que gobierne bajo intereses comunes, sin que necesariamente sea el proveedor de todos esos derechos.

Muñoz está convencido de la necesidad de que exista más iniciativa privada y corresponsabilidad en la vida pública.

Cuando habla de inversión privada no solo piensa en el gran inversionista sino también en la economía popular y solidaria desde la perspectiva de que cree en la garantía de derechos, en la universalidad de la política, en la igualdad y la justicia como principios fundamentales.

Para el efecto, se está planteando una nueva concepción sobre los bienes públicos y la metodología a emplearse.

Nueva clasificación de bienes

La Secretaría de Planificación ha analizado la teoría económica tradicional o convencional que divide a dos grandes grupos: los privados y los públicos. Estos últimos se definen por su condición de no rivalidad o exclusividad.

Sin embargo, la visión tradicional de la economía no considera los derechos y contradice la Constitución de Montecristi que destaca que la salud, la educación y la seguridad social son potestad del Estado.

Para superar las limitaciones, la Senplades planteó una nueva clasificación de bienes, cuyo objetivo principal es alcanzar el Buen Vivir. Estos se dividen en superiores, estratégicos y de mercado (ver gráfico 2).

Los superiores son aquellos que garantizan los derechos constitucionales, como la
salud, educación e información.

Los estratégicos se presentan como necesarios para consolidar el desarrollo, en estos se incluyen las telecomunicaciones, los recursos naturales renovables y no renovables, la ciencia y la tecnología.

Por último, los bienes de mercado; es decir, los intercambios, donde el Estado no quiere ser el proveedor, sino ejercer su capacidad de regulador. Aquí, la acción estatal abre oportunidades para la participación de las economías privada y, sobre todo, popular y solidaria.

En cada bien, la Senplades señala cuál es la participación del Estado. En los bienes de mercado, el Estado no es el proveedor, sino regulador.

Por ejemplo, en el sector automotriz, el Estado no fabrica carros ni los vende, porque es materia del sector privado, sin embargo, tiene la capacidad para reglamentar y controlar ese mercado, a través de control de precios, impuestos y regulación ambiental, entre  otros.

¿Cómo se establece la metodología?

Para responder a ese proceso, la Secretaría de Planificación elaboró una nueva metodología de cinco puntos (ver gráfico 3). Ahí se trabajará con todos los ministerios para identificar los bienes y servicios que prestan, las características que tienen, y quién lo garantiza y provee.

Una primera evaluación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) apunta a que el tema de desarrollo infantil integral es un bien superior, por ser un derecho que tienen los niños.

De esa manera se ha determinado que el Estado garantizará y será el responsable de los bienes superiores. Pero la pregunta es: ¿Cómo debe prestarse el servicio? En el mismo ejemplo del MIES, se puntualizan dos modalidades para el cuidado de los infantes: a cargo de los centros infantiles del Buen Vivir o de un familiar. En este último, el personal especializado del Ministerio acude a la casa para explicar sobre la estimulación del niño, la nutrición y otros aspectos básicos para la buena crianza del párvulo.

Conforme la metodología, para cada bien y servicio, la Senplades especificó modalidades de prestación y estándares que deben regir para el sector público y privado. Aquí, el Estado vigilará que se cumplan adecuadamente los derechos de la población.

Nuevo Decreto Ejecutivo

Muñoz anunció que en los próximos días el presidente Correa firmará un Decreto para aplicar la metodología y establecer adecuadamente el alcance del Estado en la provisión de bienes y servicios.

La norma legal obligará a que todos los ministerios revisen sus políticas. Es decir, tengan, usen y mejoren sus herramientas de análisis de decisión para especificar qué organismo público, autónomo o privado preste el servicio.

Los estudios tienen que enfocarse al costo beneficio, costo efectividad y exámenes cualitativos.

Precisamente, la interpretación de decisión se enfocará a la propiedad del bien, la construcción, operación y mantenimiento porque el hecho de que el Estado sea el que garantiza el servicio, no necesariamente significa que sea el mejor prestador, manifestó Muñoz, por lo que habrá casos en que la propiedad será pública y la gestión privada.

Sin embargo, la mayor participación del sector privado exigirá también un más fuerte control y regulación del Estado.

Pero la Senplades no quiere ver las cosas como mundos separados, debido a que el proyecto político que propone tiene principios políticos muy claros y uno de esos,
es la complementariedad y la armonía entre los sectores.

Su pronunciamiento es tácito: el sector público y el privado deberían trabajar en
convergencia, “porque el privado necesitará que el público lo garantice, y el público que el privado lo estimule”.

Hacia un proyecto irreversible

Un tipo de proyecto como el que expone la Senplades es de largo plazo para su ejecución. Para Muñoz, lo que más interesa a la actual administración, es dejar sentadas las bases para que el proyecto sea irreversible, y que los gobiernos que vengan no “inauguren” políticas que desbaraten lo construido institucionalmente.

Muchas de las cosas que el Gobierno está haciendo no verá plasmadas, aún en su nuevo período que corre a partir del 24 de mayo próximo hasta 2017.

Muñoz se refiere a la inversión que se hace en las grandes centrales hidroeléctricas, la industria petroquímica o la siderúrgica que inaugurará el próximo gobierno.

“Evidentemente, no estamos aquí para beneficiarnos nosotros, sino el país, la sociedad, por lo que las bases deben ser lo suficientemente fuertes para que esto no de un paso atrás”, insistió.

Agregó que la sociedad es la gran responsable, tiene que defender lo que ha ganado y cree que, en ningún caso, estaría dispuesta a perder los derechos consagrados, el bienestar que tiene, la gratuidad de algunos servicios, las becas estudiantiles
(ver gráfico 5), los cambios de un país más productivo. “Esa será la tarea -afirmó- que la sociedad tendrá que defender”.

En los gráficos, se puede apreciar la intervención del Estado en educación, salud y vivienda, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, e indujo a que la pobreza baje al 27,31% en diciembre de 2012, frente al 37,60% del mismo mes en 2011.

Inversiones para garantizar un nuevo modelo de Estado

Refiriéndose a las inversiones para desarrollar todos estos planes de desarrollo social y económico, el subsecretario no dio cifras, pero habló de valores sumamente altos, provenientes no solo del sector público, sino también del privado y, posiblemente, de fuentes de financiamiento externo. En este momento, el porcentaje de financiamiento del Producto Interno Bruto (PIB) es bajo, por lo que hay las posibilidades que otorga la Constitución, de tener más recursos de ese rubro.

En cuanto a leyes que impulsen el proyecto, se verá cuáles serán las necesarias para su trámite en la Asamblea Nacional