La iniciativa Yasuní-ITT va más allá de lo ambiental, ¿cómo se articularía hoy con el cambio de la matriz energética y productiva que impulsa el actual Gobierno?

El proyecto está entre la urgencia ecológica y la justicia social. Toma en cuenta la lucha contra la pobreza en la Amazonía, los empleos sostenidos, la salud, la educación y servicios públicos básicos. También hace pensar en un nuevo proyecto socio económico que tiene como base el Plan Nacional del Buen Vivir; la inversión en el cambio de la matriz energética, la innovación, investigación y tecnología. El objetivo del Gobierno es pasar de una economía extractivista hacia una sociedad del bioconocimiento.

¿En el nuevo contexto de políticas, explotar el ITT sería una mala señal?
Sí. La propuesta es uno de los pilares de la matriz. Por eso, el primer proyecto financiado por la iniciativa fue en Loja, no en la Amazonía. Es una política pública multisectorial y de multinivel. Multisectorial, en el sentido de que pueden intervenir varios ministerios, y multinivel, porque es un proyecto local en el que juega un rol importante el trabajo con las poblaciones locales. El 80% de la población apoya la iniciativa.

Lo primero que debe hacerse es establecer una estrategia, dar señales positivas y fuertes al mundo  para recuperar la confianza internacional’. Hay que realizar un trabajo político importante y ser creativos sobre los mecanismos para las contribuciones.

En caso de ir por la explotación del proyecto, el efecto económico será a futuro, no para este Gobierno…
La primera venta de petróleo no va a salir antes de cuatro o cinco años. El objetivo en los cuatro años de la Administración es erradicar la pobreza, y la explotación de los campos no ayudará porque se necesita construir toda una infraestructura con el menor impacto ambiental. Y eso no es sencillo. La explotación responsable no existe, aumenta la conflictividad social.

¿En qué se falló para no tener el suficiente apoyo internacional?
El tema se ha manejado con una estrategia equivocada. Creo que la comisión encargada de las negociaciones internacionales de la iniciativa, liderada por Ivonne Baki, tiene su responsabilidad y debe rendir cuentas. Poco a poco, la comisión adaptó su discurso para intentar atraer las contribuciones económicas de países como Alemania, Francia y quitó el sentido político de la iniciativa, de dejar el petróleo bajo tierra.
Los países europeos son muy neoliberales y hay que tomar en cuenta que ellos no están cambiando sus matrices energéticas que se basa en el petróleo. Ahí existe un lobby fuerte para seguir con la explotación petrolera por parte de las grandes compañías.

En el período enero-mayo de 2013 la Balanza Comercial de Ecuador registró un déficit de 287 millones de dólares.

¿Cuál fue el problema de la comisión?
Se concentró en solo obtener el dinero lo más rápido posible, un cambio de lógica de acudir a los empresarios para que den contribuciones que, además, son cantidades pequeñas, en lugar de hacer un trabajo político que toma más tiempo, pero puede generar en el mediano plazo beneficios económicos mucho más grandes. Había primero que organizar la base social, trabajar con los movimientos sociales, las asociaciones, los partidos políticos de izquierda para, poco a poco, presionar a los gobiernos. Eso también implica trabajar a nivel de gobiernos locales.

¿La comisión no se fijó una hoja de ruta y después de cinco años de haberse creado no hay resultados?
La estrategia de comunicación de la comisión se limitó, en gran parte, a hacer campañas de publicidad que no tienen un impacto fuerte a nivel político, ni tampoco en las sociedades civiles “occidentales”. No se hizo el trabajo político de base. Es decir, informar sobre qué es la iniciativa Yasuní-ITT, qué aporta, cuál es el sentido político, por qué es fundamental a escala mundial para la lucha contra el calentamiento climático. Hay que repensar en la estrategia.

¿Qué implica cambiar la estrategia?
Que no se maneje la comisión como una ONG, se entienda el discurso y las transformaciones políticas del Gobierno Nacional, que se defina el mecanismo para involucrar la propuesta nacional en la Cancillería y en el Gobierno en su conjunto. Es decir, que haya un mismo discurso oficial mucho más político. Además, el trabajo diplomático en las embajadas debe ser más fuerte.

Si la comisión careció de un plan, ¿es bueno seguirla manteniendo?
Hay ausencia de un trabajo político. La Cancillería ha actuado bien y ha hecho una labor súper interesante, tanto con las bases sociales de Ecuador, como a escala internacional proponiendo mecanismos de lucha contra el calentamiento climático, como la creación del impuesto Daly-Correa (conocido también como Yasuní-ITT) sobre cada barril de crudo que exporten los países que más contaminan y podría financiar el proyecto en unos tres o cuatro años.

Al 4 de julio anterior, la producción de crudo nacional, entre estatal y privada, contabilizó 517.278 barriles netos.

En este escenario, ¿qué debe hacerse para seguir con la iniciativa?
Los actores debemos sentarnos para establecer la estrategia política y evitar la explotación del crudo. Aquí hay una cuestión de tiempo. La iniciativa, justamete privilegia el tiempo largo de la conservación ambiental respetando los ciclos de vida de la naturaleza, más que el tiempo corto de acumulación de capital; el procedimiento tiene que tomar en cuenta eso y reajustarse al tiempo político. Además, los beneficios sociales, económicos y culturales hay que pensarlos a mediano y largo plazo, no a seis meses, que es un error. Si se explota habrá una visión corta, se tendrá una ganancia y acumulación de capital muy alta, pero se va a destruir la riqueza natural que servirá para el Buen Vivir de los ecuatorianos.

¿Cómo se espera que los proyectos de ciencia, tecnología, educación e investigación aporten a la iniciativa?
Las universidades que se están creando como la Unae (Universidad Nacional Amazónica del Ecuador), Ikiam o Yachay son fundamentales para pasar a la sociedad del bioconocimiento. Pero al mismo tiempo, hay que conservar la biodiversidad natural y cultural porque el laboratorio a cielo abierto que es la Amazonía, da la oportunidad para la investigación y llegar al bioconocimiento.

La riqueza del país a mediano y largo plazo es la biodiversidad, no es el petróleo que se agota. Justamente, la propuesta enseña que no se pueden explotar los recursos en cualquier zona, principalmente en las de biodiversidad.


¿Es pertinente preguntar si se debe o no explotar este petróleo?
No, la pregunta es cómo logras tener beneficios económicos para erradicar la pobreza, ampliar la cobertura de servicios públicos básicos y, al mismo tiempo, conservar la riqueza natural.

Pero ya una petrolera internacional explota en una parte del parque Yasuní y lo hará en algún momento Petroamazonas en el bloque 31.
Según las cifras, el 60% del Parque Nacional Yasuní está afectado por las actividades petroleras y son evidentes los impactos sociales y el aumento de la conflictividad, porque los cantones donde se realiza la explotación hidrocarburífera son los más pobres de Ecuador; las comunidades locales dependen de las compañías petroleras, y estas, para tener su aceptación y paz social, proponen dinero. También hay consecuencias ambientales que inciden en la salud de la gente por la contaminación.