La legalización de la pequeña minería le cuesta al Gobierno ecuatoriano una dura batalla, principalmente en la provincia de Esmeraldas, donde los mineros se oponen a cualquier reglamentación y se ha devastado el 82% de las terrazas aluviales enriquecidas de oro, lo que implica, un aumento de los pasivos ambientales en el territorio.

El gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa Nacional Minera (Enami), Francisco Cruz, informó que 141.000 hectáreas de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro han sido afectadas con excavaciones antitécnicas, piscinas y escombros abandonados.

Allí, la Enami dispone de 10 áreas de concesión que cubren cerca de 50.000 hectáreas, de las cuales, seis cuentan con licencia ambiental desde mayo de 2012. En ellas se prevé incluir alrededor de 20 asociaciones y el resto se encuentra en trámite.

La explotación y remediación se realizan en bloques de entre 23 y 25 hectáreas. Esto quiere decir que mientras se explotan las minas, se las remedia, indicó por su parte el jefe de campo del proyecto, Guido Vizcaíno.

Cruz explicó que existe el compromiso de la Enami con los mineros, de que una vez que se hayan concluido los trabajos en las áreas, se realizarán las respectivas reparaciones.

En una primera instancia se ha logrado subsanar, aproximadamente, 30 hectáreas, las cuales están listas para iniciar con el proceso de revegetación hasta que las plantas alcancen la característica de bosque.

Las actividades también comprenden el tratamiento de agua mediante la toma de muestras de los sedimentos que se envían a un laboratorio acreditado para que certifique si los límites permisibles de contaminación se encuentran dentro de las estipulaciones legales del Ministerio del Ambiente.

El tema del agua es causa de protesta de las comunidades y líderes políticos que se oponen a la minería a gran escala. Un proyecto de ley que fije las reglas para el uso del líquido en las actividades extractivas de recursos naturales está pendiente de tratarse en la Asamblea Nacional.

En Esmeraldas, solo el Plan de Remediación del Ecosistema representa un costo de 385 millones de dólares, valor al que se debe sumar la compensación de la Enami a las comunidades afectadas, la pérdida de un recurso que pertenece al Estado en manos de la informalidad y los dólares que no ingresan al Fisco por concepto de pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Así, el costo total asciende a 1.500 millones de dólares, un presupuesto que para Cruz es “elevado, versus lo que realmente se recupera en las zonas afectadas”.

Al hablar sobre el desafío de la Gestión Ambiental en la Industria Minera, el consultor Raúl Brito, destacó que, a diferencia de otros países en los que históricamente las reglas de juego del manejo ambiental se fundamentaron en el ensayo-error, la legislación ecuatoriana es nueva y recoge principios modernos con respeto a la naturaleza y a la población.

Brito añadió que el Estado ecuatoriano ya está aplicando los principios fundamentales de predecir y prevenir. “Corresponde a los mineros asimilarlos y replicarlos, y demostrar que la interacción de la industria minera con los componentes ambientales de un país megadiverso, puede y debe ser respetuosa”.

Regulación de equipos mecánicos públicos y privados

Los mineros legalizados en San Lorenzo y Eloy Alfaro laboran con dos excavadoras y una clasificadora, que se identifican con sellos de la Enami y las características del equipo. También cuentan con un sello adicional en la parte superior de la maquinaria, que se puede visualizar desde los sobrevuelos de inspección que realiza la empresa.

Las seguridades se complementan con la colocación de dispositivos satelitales. El objetivo es ubicar los equipos en los bloques de operación, lo que, a su vez, permite controlar la producción del metal. De igual manera, la clasificadora tiene candados con la identificación de la Empresa Nacional Minera.

Hasta el momento están legalizadas 24 máquinas, de las cuales, ocho son exclusivas de la Enami. Adicionalmente hay 21 que están en proceso de regulación.

Formalización y legalización de mineros

La actual Administración se propuso combatir a la minería ilegal que contamina los ríos y el ambiente y no deja beneficios para las comunidades cercanas a los proyectos.

Un informe del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables sostiene que el Estado ecuatoriano, a través de la Enami, convierte en socios a quienes anteriormente eran explotados por los dueños de las maquinarias con las que se dedicaban a la minería ilegal.

Por primera vez en la historia del país se suscribieron contratos de explotación minera, en los cuales se establecen los beneficios para el Estado y las comunidades cercanas a los proyectos, y las normas para el cuidado del ambiente.

Según el Ministerio, más de 200 labores mineras artesanales a escala nacional ya cuentan con permisos definitivos, para que más de 1.000 mineros trabajen de forma segura, reciban capacitación y asistencia técnica, y opten por convertirse en pequeños mineros.

Por otro lado, cerca de un millar de mineros artesanales y pequeños mineros de Machala, Zamora, Nambija, Ponce Enríquez y Carmen de Pijilí recibieron asistencia técnica en normas de seguridad, mejores prácticas mineras, legislación minera, y demostraciones de nueva tecnología y equipos para recuperar un mayor porcentaje de los minerales.

Al respecto, Vizcaíno dijo en que el objetivo es terminar con la minería irregular a través de la capacitación.

Para el funcionario, la preparación es necesaria para que los mineros realicen una explotación técnica, se recupere el medio ambiente y exista un vínculo social que apunte a generar puestos de trabajo en los sectores asociados.

Vizcaíno denunció también que se han conformado microsociedades que vienen posiblemente del extranjero, que trabajan ilegalmente y no toman en cuenta a los ecuatorianos para ocupar su mano de obra.

Paralización de actividades mineras por conflictos sociales

Según fuentes del Gobierno, la Enami capacitó hasta diciembre de 2012 a mineros de San Lorenzo y Eloy Alfaro y se les regularizó su situación. Sin embargo, en enero de 2013, las asociaciones paralizaron las operaciones para exigir la firma de un pliego de peticiones que estaba fuera de las capacidades de la empresa.

En una de las demandas, exigían al Gobierno la entrega de combustible a precios subsidiados, así como dinero para la operación, “cuando antes lo venían haciendo sin ninguna ayuda del Estado”.

En los últimos tres meses, la Enami aseguró que se suspendieron las actividades y que los mineros impidieron el control y supervisión del Estado, se tomaron vías y caminos y amenazaron de muerte al personal de la institución.

Luego, haciendo uso del sistema satelital, la empresa determinó que los equipos se encontraban fuera de las áreas operativas, en otros frentes que no eran permitidos.

Eso obligó a realizar un nuevo censo a la maquinaria y a recuperar las improntas para ubicarlas nuevamente en los lugares originales de explotación. También se identificaron a más de 30 excavadoras que no eran de propiedad de la empresa y que se encontraban trabajando en el sector, sin control ni supervisión.

Según Vizcaíno, la mayor sorpresa durante un sobrevuelo en la zona, fue haber identificado que más del 80% de todas las terrazas aluviales enriquecidas de oro, estaban devastadas y pasaron a formar parte de los pasivos ambientales.

Si bien la empresa se vio obligada a suspender las actividades en los recintos, los mineros seguían haciendo sus laborales ilegales con normalidad. Para el efecto, burlaron la inspección de la Enami colocando pantallas naturales de vegetación a lo largo de los caminos de acceso a los sitios de explotación.

Vizcaíno destacó la necesidad de regularizar las actividades mineras para que el oro que extraen de los recintos sea vendido a través del Banco Central, entidad que mediante Decreto Ejecutivo emitido en 2012, tiene las facultades para comercializar el metal. “El Banco vende el oro a precios internacionales y paga un precio justo a los mineros, más de lo que normalmente reciben cuando negocian por debajo del mercado”, apuntó el personero.

“Trabajan legalmente y consiguen los créditos correspondientes para compra equipo pesado, lo cual constituye un ahorro; así evitan pagar el alquiler de máquinas a terceros”, señaló Vizcaíno.

Solo en Esmeraldas, los cálculos de la Enami determinan que alrededor de 50 familias se benefician del trabajo minero. Adicionalmente, se consideran otros frentes indirectos que se crean alrededor de la actividad: instalación de ferreterías, transporte interno y compra de víveres, entre otros. Al respecto Vizcaíno apuntó que “a nivel nacional alrededor de 500 familias están involucradas y legalizadas”.

Los minerales existentes en el Ecuador

En el país se han encontrado reservas de minerales no metálicos en 20 de las 24 provincias, con 23 clases de composiciones. La explotación minera es una actividad muy antigua, pero poco aprovechada económicamente pese al potencial minero existente, señaló el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

Por otra parte, las reservas de minerales metálicos del suroriente más los concentrados de minerales metálicos del resto del país, permiten -añade esa Cartera de Estado- planificar la instalación de una fábrica para producir 1.000 toneladas diarias de cobre refinado durante 100 años o más; y, otra, para producir 500.00 onzas de oro y un millón de onzas de plata anuales durante 50 años.