Resulta casi increíble que 8 comunidades de la parroquia de Cangahua, localidad de Cayambe, situada a 2 horas de Quito, cuenten con agua apta para el consumo humano solo desde 2008, pero esa es la verdad. La Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua (Coincca) logró, luego del trabajo comunitario de 5 años, dotar de agua a los hogares y dejar atrás la costumbre de cargar baldes por largas distancias. Unos 400 indígenas pertenecientes a las nacionalidades quichuas y cayambis canalizaron el agua desde la laguna Angascocha hasta los viviendas.

Mediante mingas, abrieron caminos, cargaron material de construcción, diseñaron y, luego de un lustro, pusieron en marcha un sistema de agua potable. Era tan lejos llegar a la fuente de agua que debían dormir a 4 800 m s.n.m. sometidos a bajas temperaturas para madrugar al siguiente día para trabajar en jornadas de 12 horas. Los dirigentes de la comunidad cuentan que realizaron varias ofrendas a la naturaleza para que las condiciones climáticas no dificulten más su trabajo. Hombres jóvenes y adultos, mujeres y hasta madres embarazadas trabajaron con un objetivo común: lograr que las 800 familias de las comunidades tengan agua potable en su hogar.

A pesar de los avances registrados en el país en lo relacionado con la dotación de recursos básicos, los miembros de la Coincca dicen sentirse olvidados por las autoridades porque no han recibido suficiente ayuda en temas tan básicos como el servicio de agua. Ellos quieren que su trabajo sea reconocido y que en el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua o Ley de Aguas —que está previsto discutirse en la Asamblea Nacional este año—, su voz y voto estén garantizados.

Ese es el pedido común de las organizaciones campesinas del país. Actualmente y en especial en los páramos, es a través de las juntas de agua u otros sistemas de gestión comunitaria que se administran el agua para el consumo y el riego de cultivos. Desde hace décadas, las comunidades se encargan del mantenimiento de los sistemas construidos por ellas mismas, distribuyen y cobran por el servicio a partir de decisiones tomadas en asambleas comunitarias y se niegan a dejar de hacerlo. El tema de la gestión y administración del agua es uno de los más polémicos.

Los asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Asamblea aseguran que se reconocerán los sistemas de gestión comunitaria, pero los campesinos piden además que se les reconozcan facultades de decisión.

Las diferencias en este ámbito están entre las razones para que la aprobación de la ley esté paralizada desde 2009. Por ese tema se organizó en aquel año una de las pocas movilizaciones populares que ha enfrentado Rafael Correa. En las protestas en Macas murió el profesor shuar Bosco Wisuma. Tras un pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Corte Constitucional estableció la obligación de realizar consultas prelegislativas sobre la ley, una fase que se inició el año pasado y terminará el 15 de abril.

Entre los puntos que han generado más debate están la gestión y administración del agua, la redistribución y la desprivatización. La cuestión de fondo está en la disputa por el poder estatal vs. el comunitario. El asambleísta oficialista y exministro de Agricultura, Miguel Carvajal, quien preside la comisión que trata el proyecto, explicó que este se refiere a una nueva ley y no a una reforma de la anterior legislación que data de 1972.

La nueva norma incorpora temas como la garantía de derechos, en especial el derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza. Además, regula la aplicación de las prioridades de acceso al agua que están establecidas en la Constitución. Estas propuestas estaban planteadas en el proyecto presentado en el pleno de la Asamblea en mayo de 2010 y es el mismo que actualmente está siendo sometido a consulta prelegislativa en todo el país.

Una ley necesaria pero conflictiva

El debate se produce principalmente entre el Estado y las organizaciones indígenas, aunque coinciden en un punto: la necesidad de contar con una nueva ley.

Pablo Ospina, docente del Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, señaló que la ley de 1972 sufrió cambios que de diferentes formas permitían la privatización del agua. Dijo incluso que “el Estado tiene responsabilidad por estar del lado de los agroindustriales. Se estima que cerca del 80% de toda el agua de riego está en manos de los grandes agricultores”. Ese es uno de los temas conflictivos, según Ospina, que generan descontento y que plantean el problema del acceso desigual.

Según el censo de 2010, mientras en Sucumbíos el 40,6% tenía acceso al agua en Pichincha esa cifra llegaba a 93,4%.

El académico detalló que la primera versión de la ley no abordaba la auditoría de concesiones de agua, ni la redistribución de las mismas. “El Gobierno planteaba una concentración de la autoridad en la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), mientras que las organizaciones planteaban un consejo con la participación de las organizaciones campesinas.

Además, planteaba el control de la autoridad sobre los sistemas de agua rurales, cuando en la práctica, son estas (las organizaciones campesinas) las que administran su agua”. Por estas razones el proyecto de ley generó movilizaciones a escala nacional. El gráfico 1 muestra las 2 grandes manifestaciones contra la iniciativa.

La Conaie presentó en 2009 una demanda de inconstitucionalidad de la ley y solicitó que las comunidades directamente involucradas sean consultadas. La Corte Constitucional emitió su sentencia y estableció que el proyecto de ley se someta a consulta prelegislativa.

El proyecto de Ley de Aguas respalda la gestión comunitaria del líquido vital, la desprivatización y la redistribución. Las comunidades indígenas apoyan una nueva norma, pero exigen que las consultas previas tengan carácter vinculante.En 2013, 1 607 organizaciones se inscribieron para exponer a la Comisión de Soberanía Alimentaria, del anterior período legislativo, sus preocupaciones sobre el cuerpo legal.

En base de esos resultados ahora se está desarrollando una segunda fase de la consulta prelegislativa mediante audiencias públicas provinciales en las que participan tanto líderes comunitarios como ciudadanos relacionados de manera directa con la gestión del agua.

La autoridad única

El asambleísta Carvajal enfatizó que el objetivo de la ley es “formalizar los mecanismos de gestión, pero mediante una autoridad única del agua”. La propuesta legislativa señala que la gestión del agua sería “pública o comunitaria”.

Ese fue el primer punto que generó voces en contra durante la audiencia provincial de Pichincha realizada en la Asamblea hace unos días y en la que participaron más de 1 000 personas que llegaron a Quito provenientes de toda la provincia. Ellas pidieron que la gestión del agua sea “pública y comunitaria”. Quieren que se reconozcan sus facultades de decisión y no solo de consulta.

Carvajal aclaró que “las juntas de agua potable, así como las de riego continuarán operando porque están reconocidas por la ley y (...) han asumido la satisfacción de una necesidad básica de la población, que el Estado no lo hizo en su momento. El proyecto de ley no les quita esa facultad ni encarga a otra entidad esa administración”. Pero los campesinos también se oponen a la creación de la “Autoridad Única del Agua” y son partidarios de un “Consejo Plurinacional del Agua”, en el cual los sectores involucrados tengan poder de decisión.

En este sentido, Guillermo Churuchumbi, alcalde electo de Cayambe por Pachakutik, pidió que se respete la Constitución, que reconoce los 2 tipos de gestión. “Hay que fortalecer los sistemas comunitarios, pero como los consejos provinciales también están apostando a ellos, hay que definir los niveles de cooperación con las comunidades”, apuntó. Respaldó la creación del Consejo Plurinacional.

En este como en otros temas, el Gobierno ha defendido la idea de que un solo Estado debe regir para toda la población y que todos deben someterse por igual a la ley. En los últimos años la administración pública ha recuperado el control y fortaleza del Estado, a diferencia de la época neoliberal en la que su debilitamiento y desmembramiento eran la tónica. “El Gobierno dice las 2 cosas: que hay que recuperar el Estado para todos, pero que en el Estado para todos tienen que participar decisivamente las organizaciones de la sociedad”, señaló Ospina.

Gestión comunitaria

Las juntas de agua potable y de riego son una forma de gestión comunitaria. Ospina opinó que estos sistemas demuestran el éxito de la gestión de un servicio básico cuando la gente se interesa por él. Mencionó el caso de Tungurahua, donde hay unas 250 juntas de agua y riego, y su sistema de distribución del agua ha permitido dejar atrás los monocultivos, a diferencia del sector agroindustrial.

Otro ejemplo es la Coincca, que gracias a su trabajo, ha conseguido llevar agua a sus cultivos, que representan la fuente de alimentación y de ingresos económicos de las familias de la zona. Los hogares viven especialmente de la comercialización de cebolla. Cada familia paga $ 1 por el servicio de agua y participa de trabajo comunitario. Como se observa en el gráfico 3, la Coincca opera como una organización formal. Por ejemplo, el operador recibe un sueldo de $ 120 por dar mantenimiento a las tuberías del sistema y es exonerado del trabajo comunitario. Así ha funcionado desde 2000 y la organización pide que eso se mantenga.

Carlos Alcásiga, presidente de la Coincca, que funciona como gestión comunitaria y no como una junta de agua, tampoco está de acuerdo con esta última porque esa modalidad implicaría cumplir con normas y reglamentos que incrementarían los costos. “Hay que hacer más papeles, afiliar a los operadores al Seguro Social y cumplir con requisitos del Ministerio de Trabajo (...) Con eso tendríamos que elevar el costo básico de $ 1 a $ 4 y eso afectaría a las familias”, dijo.

La nueva legislación incorpora temas como la garantía del derecho humano del agua, el acceso igualitario y el respeto a los derechos de la naturaleza.

El proyecto de ley señala que la gestión del agua será “pública o comunitaria”, reconociendo las juntas de agua que funcionan en las áreas rurales del país.

Un Consejo Plurinacional y un Fondo del Agua son los principales pedidos de las organizaciones campesinas a la Asamblea Nacional.Privatización y redistribución

La nueva ley busca “establecer un régimen administrativo de aguas realista, equitativo, desterrando el acaparamiento del agua y todo tipo de apropiación de este recurso. Hay intereses diferentes, por supuesto, porque si se impide el acaparamiento del agua, los acaparadores no van a estar de acuerdo pero la democratización de un recurso tan importante beneficia a la gran mayoría y es la valoración que hemos percibido por parte de la ciudadanía en las audiencias provinciales”, manifestó el asambleísta Carvajal.

De acuerdo con datos oficiales, el 72% de 3 748 919 viviendas en el Ecuador acceden al agua mediante la red pública. El resto como lo muestra el gráfico 4 obtiene ese ese recurso por otros medios.

Respecto al tema de la privatización, la comisión reiteró que el proyecto prohíbe la privatización del agua en todas sus formas. Sin embargo, Carvajal explicó que empresas privadas como “Interagua en Guayaquil, y mixtas como Amagua y Triple Oro, en Samborondón y Machala respectivamente, podrán seguir operando”.

Aclaró que el proyecto establece “disposiciones transitorias” que definen la forma de prestación de servicios por parte de estas empresas que deberán ajustarse al nuevo marco legal.

De su lado, Churuchumbi ejemplificó la deficiente distribución con un caso en Cayambe. Contó que 525 hectáreas que pertenecen a 17 personas tienen un caudal de 400 litros por segundo, casi un litro por hectárea. Según estudios, si tuvieran un sistema de riego eficiente, con máximo 200 litros se podría regar esa área.

Mauricio Proaño, asambleísta oficialista y vicepresidente de la comisión, reiteró durante la audiencia en Pichincha que el proyecto de ley reconoce las juntas de agua. “Queremos fortalecerlas, darles capacitación y un presupuesto básico”. Por su parte, las organizaciones piden la creación de un fondo común del agua para fortalecer los sistemas comunitarios (infraestructura de canales y reservorios), para capacitación y organización destinados a la optimización y buen uso del agua y para velar por los páramos y las fuentes de agua, señaló Churuchumbi.

De su lado, Alcásiga es partidario de que el Estado vea “en qué manos en verdad está el agua y garantizar que se destine para soberanía alimentaria”.

El proyecto de ley también contempla disposiciones para que actividades relacionadas con la minería y el petróleo se realicen bajo condiciones que garanticen el derecho a un recurso que en el futuro será cada vez más escaso.

Otro de los temas incluidos en la normativa se refiere a la definición de tarifas diferenciadas para quienes tienen menos recursos y para grandes empresas. “Planteamos que las comunidades que estamos cerca de páramo seamos exoneradas del pago del agua como reconocimiento a nuestro trabajo” en la protección de las fuentes de agua, puntualizó Alcásiga.

Se prevé que hasta finales de junio la propuesta vuelva a la Asamblea. Movimientos indígenas anticiparon que seguirán atentamente la discusión del tema y no descartaron nuevas movilizaciones.