Por David Mejía Sarmiento*

Una de las tareas fundamentales que asumió el Gobierno Nacional en 2007 fue la recuperación del papel del Estado y el rescate de su casi completo desmantelamiento y abandono durante décadas pasadas, bajo la administración de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, pese a los avances logrados en este proceso, es necesario profundizar dichos cambios: hay que definir cuál es el alcance de la intervención directa del Estado en la provisión de bienes y prestación de servicios públicos. Esto quiere decir que se requiere definir la forma de participación, el ámbito, el rol y las responsabilidades de actuación, en función de las cuales deben operar complementariamente los sectores público, privado y economía popular y solidaria (EPS) para cumplir con ese fin.

La definición del alcance de cada sector viene dada por la necesidad de aumentar la provisión de servicios básicos e infraestructura a los ciudadanos de manera más económica, eficaz y rápida. También se busca mejorar la calidad del gasto y dar mayor valor al dinero, disponer de más recursos para el desarrollo de infraestructura de servicios públicos, generar más eficiencia en el sector público e integrar dentro del sector productivo del país a aquellos actores tradicionalmente excluidos, consolidando la economía popular y solidaria.

El instrumento fundamental por el cual se conseguirá dicho objetivo será el desarrollo de las Alianzas para el Buen Vivir (ABV). Estos esquemas de coparticipación generarán una mayor cantidad de recursos para impulsar los proyectos prioritarios del Estado, y permitirán un mejor reparto de riesgos y beneficios, entre los sectores público, privado y la EPS.

¿Por qué es necesario definir el alcance del Estado?

El nuevo pacto social ecuatoriano se fundamenta en 5 ejes: la consolidación de un Estado constitucional de derechos y justicia; una transformación institucional democrática; la estructuración y sostenibilidad de un sistema económico social y solidario; la configuración de organizaciones locales para eliminar las asimetrías territoriales y procurar la equidad; y la recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales.

La Constitución Política del Ecuador plantea el paradigma de un nuevo Estado de derechos. Allí establece un sistema económico caracterizado por considerar al ser humano como sujeto y fin, que propende a las relaciones armónicas entre sociedad, Estado, mercado y naturaleza. En vista de que el mercado pierde el protagonismo del sistema económico, es necesario incluir en el panorama nuevas dinámicas de solidaridad, cooperativismo y relaciones complementarias entre los seres humanos, en su calidad de sujetos de derechos.

El Estado, en el período 2007-2013, ha cumplido un papel estratégico enfocado en la recuperación y fortalecimiento de sus facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión pública. Esto implica, además de la generación de capacidades humanas, conocimiento, provisión de bienes y desarrollo de infraestructura pública. Este último punto constituye la plataforma para la conectividad, movilidad, desarrollo productivo, la integración nacional y acceso oportuno a bienes y servicios públicos, con énfasis en la población de escasos recursos, en condiciones vulnerables.

Los roles del Estado

Tanto el rol rector y planificador del Estado, como su papel de gestor en la prestación de servicios públicos, han permitido concretar un proceso de real distribución y redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder a la sociedad, con criterios de justicia y equidad. Además, ha permitido el desarrollo de espacios de amplia participación social en el diseño, implementación, evaluación y control de políticas y servicios públicos, para el cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. El Estado asumió un papel protagónico como facilitador de procesos de integración y cohesión social, es corresponsable del cumplimiento de los deberes con la sociedad en su conjunto, y promueve la diversificación productiva y la seguridad económica a través de los flujos de bienes y servicios que permitan la satisfacción sostenida de las necesidades.

Los retos actuales

Ahora, para el período 2013-2017, el Estado plantea profundizar la democracia y la participación a través del apoyo al fortalecimiento de organizaciones sociales que generen capacidad de influencia, trabajen en redes, bajo esquemas de asociatividad y que sean partícipes de la gestión de bienes y servicios públicos para la colectividad. Como acto complementario, el Estado identifica la necesidad de mejorar su capacidad regulatoria y de control, principalmente en la economía y en la garantía de la calidad de los servicios públicos. Además realiza grandes esfuerzos para ser más eficiente y especializarse en la provisión de aquellos bienes y servicios públicos que ameritan de una atención pública directa. Por esta razón, es necesario trabajar con aliados estratégicos de los sectores popular, solidario y privado, que asuman un rol proactivo como proveedores de bienes y servicios públicos a la ciudadanía, en un marco de justicia, soberanía y transparencia.

El trabajo mancomunado y complementario entre los diversos actores sociales y económicos para la gestión integral de bienes y servicios públicos que garanticen el buen vivir de los ecuatorianos, representa una estrategia nacional de cooperación y alianza para generar pactos productivos y lograr sostenibilidad en la calidad y cobertura de los servicios públicos. Esto amerita una profunda integración y compromiso de las partes, pues requiere esquemas sólidos de corresponsabilidad social para hacer realidad el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales y los deberes ciudadanos, desde el sentido de pertenencia y compromiso de cada ciudadano.

*Gerente del Proyecto Emblemático Alcance de la Acción del Estado en la Provisión de Bienes y prestación de Servicios Públicos, Senplades.