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¿Hacia dónde apunta el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir?

02 de septiembre de 2013 00:00

El nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, constituye la hoja de ruta técnica y política que el actual Gobierno deberá seguir para cumplir los 12 objetivos nacionales que se ha planteado.
El Plan cuenta con una estrategia territorial de desarrollo, plantea los lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación económica,  y presenta el Plan Plurianual de Inversión Pública 2013-2017.

Los tres ejes en que los trabajará, con mayor fuerza, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (quien es la institución que produjo participativamente este documento), en los próximos cuatro años son: reforzamiento del trabajo del Estado en los territorios, vigilancia de la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir y, además, enfatizará en los mecanismos de regulación y control del Estado.

En este marco, semanalmente iremos presentando un análisis de dos de los doce objetivos planteados. En esta ocasión, se exponen los dos primeros: 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. En la siguiente edición presentaremos los objetivos 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) y 4 (Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía de la matriz productiva).
Este trabajo representa un esfuerzo por acercar a la ciudadanía a un documento aparentemente (y únicamente) técnico,  pero que es de gran influencia en la cotidianidad de toda la población ecuatoriana.

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Territorio y participación ciudadana

Un hospital a la mano, una escuela bien construida y equipada en la comunidad o un sitio cercano al lugar de la residencia donde se pueda denunciar un delito. Esta imagen pronto será el “pan de cada día” en todo el Ecuador. Algo impensable en un país acostumbrado a que solo las grandes ciudades tengan todos los servicios, comodidades y accesos. El Gobierno, con este fin y como parte del proceso de desconcentración en marcha, impulsará en los próximos meses la plena operatividad de nueve zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos de planificación, en cada uno de los cuales piensa implementar dichos servicios. El circuito es la unidad más pequeña donde se encontrarán estos servicios estatales y equivale a una parroquia o un conjunto de ellas. Un distrito reúne a un cantón o varios cantones.

Gráfico 1

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Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, la meta para dentro de cuatro años es lograr que en el 100% de todos los distritos haya al menos una intervención intersectorial, es decir, un espacio en donde confluyan oficinas de diferentes ministerios y servicios públicos para atender directamente a los ciudadanos. De forma paralela, se buscará que por lo menos la mitad de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cumplan con al menos un programa de fortalecimiento institucional. Y se apoyará a la conformación de regiones, distritos metropolitanos autónomos y circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas o montubias, así como también de mancomunidades y consorcios. Sin duda, esto ayudará a que cambie la idea que el ciudadano tiene respecto a la atención en el sector público. En los últimos años esto ha empezado a suceder. En la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se indica que en 2012 la percepción positiva sobre la calidad de los servicios era de 6,67 puntos sobre 10, cuando en 2011 fue de 6,1 puntos y en 2008 de cinco puntos. Adicionalmente, el 33,3% de los encuestados consideró que las instituciones públicas funcionan mejor que las privadas, mientras que en 2008 este porcentaje era de 13,4%. Con la implementación de los servicios de forma directa y cercana a la gente, el Gobierno espera que en 2017 la percepción positiva de la ciudadanía en cuanto a la calidad de los servicios públicos sea de ocho sobre diez puntos.

Pero esta nueva acción en el territorio requiere de otro eje complementario. Es lo que en el Plan se define como la construcción del poder popular o lograr que la participación ciudadana tenga mayores espacios. Por ello, en estos próximos cuatro años se consolidarán los Consejos Nacionales para la Igualdad y se buscará que los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva estén integrados al 100% para construir y dar seguimiento a las agendas públicas. También se promoverán las audiencias públicas periódicas, la democratización de los partidos políticos, la rendición de cuentas de las instituciones estatales, los mecanismos de democracia directa (referéndum, consulta, revocatoria, iniciativa normativa), la creación y el fortalecimiento de organizaciones, sociales, la sindicalización por ramas de actividad, entre otras.

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad

Igualdad y erradicación de la pobreza

Contar con alimentos adecuados y nutritivos, acceso a agua segura y saneamiento, trabajo digno, salud, hábitat seguro y vivienda digna, educación y  erradicar la violencia y la discriminación. Lo contrario a esto equivale a atravesar situaciones de pobreza. Lograr que cada ecuatoriano y ecuatoriana tenga garantizado lo descrito ha sido una de las principales preocupaciones del Gobierno. En los últimos seis años, 1.050.000 personas abandonaron la pobreza por ingresos (reciben cada día menos de 2,54 dólares) y el porcentaje pasó de 37,6% en 2006 al 27,3% en 2012. La extrema pobreza (perciben menos de 1,43 dólares diarios) bajó de 16,9% al 11,2% en el mismo lapso. Desde la perspectiva de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) esta se redujo de 41,7% en 2008 al 33,7 en 2012.

Gráfico 2

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Además, a nivel de Latinoamérica, el Ecuador es el país que mejores resultados exhibe en cuanto a la reducción de la desigualdad de ingreso, medida por el coeficiente de Gini, un indicador que mide la igualdad y en el que el si el valor obtenido se encuentra más cerca a cero equivale a una sociedad más igualitaria. En 2007, este indicador era de 0,55 puntos y en diciembre de 2012 se ubicó en 0,48 puntos, por debajo del promedio latinoamericano.  

La obtención de estos indicadores no ha sido fácil, además queda mucho por hacer. Erradicar la pobreza y auspiciar la igualdad es el principal desafío para los próximos cuatro años. La pobreza se refleja en condiciones de desigualdades de todo tipo: étnica, de género, generacional, de orientación sexual, entre otras. De allí que la lucha por la erradicación de la pobreza es una de los principales en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 donde se han definido metas concretas como: en 2017 se disminuirá la incidencia de la pobreza por ingresos al 20% y se erradicará la extrema pobreza. También se reducirá la brecha entre lo que gana el 10% más rico respecto a lo que percibe el 10% más pobre de la población a 20 veces, cuando actualmente es de 26,1 veces y en 2007 era de 41,7 veces.  Para ello se implementará una Estrategia nacional para la Erradicación de la Pobreza, a fin de generar políticas integrales para la prestación de servicios públicos, la seguridad social y protección de derechos, el fortalecimiento de capacidades y la participación ciudadana, así como para la inclusión económica. Se apoyará y promocionará la economía popular y solidaria y a las medianas y pequeñas empresas. Esto es la democratización del acceso a los medios de producción, lo que implica fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico; facilitar el acceso a la tenencia y regulación de la propiedad sobre la tierra, el agua para el riego y los bienes; fortalecer y ampliar las formas de propiedad cooperativa, asociativa y comunitaria, entre otros.

La meta hacia 2017 es ubicar el coeficiente de Gini en 0,44 puntos. A esto contribuirá el llegar al 95% en la tasa neta de asistencia a educación básica media (9 a 11 años de edad) y básica, y al 80% en la de bachillerato, cuando en 2013 estas son de 83,2% y 63,9%, respectivamente. También se brindará la cobertura con los programas de primera infancia al 65% de los niños menores de cinco años en situación de pobreza respecto al 33,1% de 2010.

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