El efecto que generan los sindicatos sobre la productividad de un país es un tema que ha sido debatidocon insistencia. Ecuador no es la excepción, más aún ahora que el Gobierno se apresta a iniciar un nuevo proceso económico, tecnológico y cultural para cambiar su matriz productiva, bastión del periodo administrativo 2013-2017 del presidente Correa.

Sin embargo, los sindicatos organizados en Ecuador, que en su momento se convirtieron en un estratégico y necesario espacio para la conquista de derechos laborales, sociales y políticos, hoy se presentan fragmentados y con intereses particulares que se divorcian de los principios con los cuales nacieron: la garantía del bien común para los trabajadores y las trabajadoras.

Según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Laborales, en el país existen 4.000 organizaciones sindicales, de las cuales, el 80% está en el sector público y el 20%, en el privado.

Estos sindicatos se aglutinan, a la vez, en las grandes confederaciones de trabajadores que nacieron en 1938 con la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (Cedoc), hasta la más joven, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), fundada en 1982 (ver gráfico 1).

¿Cómo los sindicatos aportarán al cambio y desarrollo de una nueva matriz productiva?

En opinión del historiador Juan Paz y Miño, estas organizaciones pueden convertirse en una fortaleza para la economía, e inclusive, dinamizar las capacidades empresariales, contrario a lo que se pensaba antes, “que eran un verdadero atentado a la economía y las empresas”.

Él es un convencido de que los trabajadores organizados pueden promover y desarrollar iniciativas para no solo preservar sus derechos, sino promocionar mejor sus propias condiciones de trabajo.

Su versión refuerza a la del el ex ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, al destacar que los trabajadores deben estar listos para los nuevos retos de largo plazo, porque la industria, sobre la cual girará el cambio de la matriz productiva, se visualiza sobre los 50 años de existencia.

En esa perspectiva, añadió que es hora de que la academia se anticipe, con el tiempo prudencial, para proveer a la industria de los profesionales que se encarguen de la gestión y mano de obra calificada para el “desarrollo exitoso del proyecto, englobado en el Buen Vivir”.

El objetivo de la matriz productiva es cambiar al país de ser primario exportador de productos no renovables (petróleo, gas o minerales) –que terminan agotándose con el paso del tiempo– a una nación económicamente más avanzada, con desarrollo tecnológico e industrial.

No obstante, se tendrán que salvaguardar algunos principios constitucionales, como la soberanía alimentaria y el medio ambiente que “son difíciles de conjugar”, señala Juan Paz y Miño.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDE), René Ortíz, la matriz productiva es una señal inequívoca de un giro gubernamental hacia el sector productivo privado para que examine sus posibilidades de inversión. Pero como la inversión “es un imán para el desarrollo de industrias, el comercio, trabajo y empleo”, Ortíz manifiestó que el plan del Gobierno constituye un desafío para el sector empresarial y laboral, “de comenzar a dialogar sobre las oportunidades y necesidades que se presentan a futuro para ambas partes”.

La matriz, que necesitará unos 15 años para su desarrollo, se centra en cuatro ejes fundamentales: diversificación de la producción, que significa hacer nuevas industrias y generar tipos de negocios; dar valor agregado a la materia prima de excelente calidad que se produce y exportarla como bienes procesados; la sustitución selectiva de importaciones, cuya finalidad es reemplazar ciertos productos que actualmente se importan, con producción propia; y, mejorar la oferta exportable para una mayor productividad.

La productividad mejoraría mucho más con una mayor participación activa de los trabajadores porque son “los que viven directamente esos procesos en las empresas públicas y privadas”, señaló Paz y Miño.

Desde la perspectiva sindical, clasista y política, el historiador cree que ellos podrían contribuir a que se excluyan de la futura economía, métodos que inducen a la explotación criminal de la tierra y del medio ambiente con fábricas que contaminan ambientes totalmente sanos.

Así, manifestó que los trabajadores podrían convertirse, inclusive, en grandes vigiladores sociales y políticos de la destrucción de los bosques, y ser un factor político y de ayuda a la vigilancia de carreteras, caminos y de su preservación para el acceso a los diferentes recursos.

Mencionando la Constitución de Montecristi, el historiador destacó que los sindicatos deberían tener cada vez más el ejercicio de la participación directa en la promoción de políticas públicas.

Advirtió que, de seguir “invisibilizados, sin una fuerte organización ni buenos dirigentes que les promuevan hacia eso, continuarán siendo elementos apartados de la vida social”.

Lo contrario piensa el presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador, Marcelo Solórzano, quien precisó que es el momento de que todos los trabajadores, organizados o no, arrimen el hombro para que la nueva matriz sea el inicio del desarrollo e industrialización del país, basado en la creatividad laboral y empresarial.

Los sindicatos –apostilló– deben asumir una posición eminentemente proactiva, en la medida en que el cambio que se avecina generará empleo y riqueza para los ecuatorianos.

Por su parte, Mecías Tatamuez, presidente nacional de la Cedoc-Cut, que está aglutinada en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), demandó al Gobierno socializar el proyecto y establecer una estrategia única para determinar cómo el país se va a preparar interna y externamente, para ello. No descarta la conformación de una sola gran central sindical.

Se pronunció por la expedición de leyes y reglamentos que regulen este nuevo giro del país, en las que primen una reforma profunda de la seguridad social y otro código orgánico del trabajo. También, para regular las inversiones y capitales necesarios para construir las nuevas industrias, como la siderúrgica y metalúrgica, y la renovación tecnológica de las empresas privadas que en un 50% están obsoletas.

¿Por qué existe una división en el sector sindical ecuatoriano?

El proyecto del Gobierno arrancará en el marco de una división de los trabajadores: la de Solórzano, que apoya al presidente Correa, y la de Tatamuez, en la línea opositora al Régimen.

“Dos grupos de sindicalistas es pésimo para la organización gremial en términos políticos y reivindicativos”, afirmó Juan Paz y Miño. “Están dedicados a luchar en favor de un gobierno, cuando su política esencial bien podría ser la de tener iniciativas de desarrollo económico y social de distintas áreas, que les va a unir de mejor manera”.

Considera que es mejor un tipo de organización que dialogue sobre las reivindicaciones clasistas, laborales, económicas y de avanzada, y formule nuevas iniciativas para el sector.

En cambio, Ortíz hace notar que los empresarios y trabajadores han mantenido un solo sitio de reunión anual: las comisiones salariales para revisar sueldos, donde tampoco se ha creado el ambiente para departir sobre las perspectivas futuras de inversión, trabajo y empleo formal.

En ese contexto, destacó que el plan del Gobierno es un “desafío para que los dos sectores dialoguen, no cada año, sino semanalmente. Examinen cómo el país debe afrontar un mejor clima de inversión y competir de igual a igual con Colombia y Perú, cuyas economías han tomado la delantera en este proceso de reordenamiento económico mundial”.

Tatamuez y Solórzano están dispuestos a dejar a un lado las divergencias y abrirse al diálogo “nuevo, sincero y profundo” con todas las organizaciones nacionales.

Con quien sí no hablará la Confederación de Servidores Públicos, es con los sindicatos del Movimiento Popular Democrático (MPD), porque “tienen una postura política y concreta de estar en contra para ver qué sacan de ventaja”, según Solórzano.

Estas posiciones son complicadas para Paz y Miño, por lo que señaló que los sindicatos tendrán que revisar sus planteamientos para un acercamiento más bien clasista antes que político, “luchar por intereses comunes que es lo que nos va a juntar como país y no anteponer el referente político de estar en contra o a favor del Gobierno y, por lo tanto, unirnos o no”.

Advirtió que de no haber fuertes sindicatos y una buena organización, será difícil trabajar en una matriz productiva distinta, en la que la capacitación será un factor fundamental, si se toma en cuenta que esta debe incluir también el análisis sobre la sociedad ecuatoriana y mundial y cómo aportar conocimiento respecto a cierta jurisprudencia de la Ley laboral ecuatoriana y de la Constitución.

“La unidad pasa del discurso a la práctica en el apoyo político a este Gobierno para que la política laboral pueda concretarse”, reiteró Solórzano. “Es más, consideró que el trabajador debe hacerse un nuevo compromiso, entendiendo que el empleador no es su enemigo, sino alguien que le da la posibilidad de un trabajo y tiene que cuidar la empresa, ser eficiente y productivo”.

Un concepto válido en el tema es el del catedrático español de Economía Aplicada, Carlos Berzonsa: “Los sindicatos deberán tener un papel con mayor protagonismo en el cambio necesario que hay que hacer en el futuro si no queremos caer prisioneros una vez más del mercado, es decir, del poder del dinero y de los grandes intereses económicos y financieros.

Historia y transformación del sindicalismo ecuatoriano

Los sindicatos, como tales, comienzan a aparecer en Ecuador en la época liberal de 1895 con Eloy Alfaro, para defender y promover las reivindicaciones y derechos de los trabajadores. Antes existían solo gremios y organizaciones de artesanos.

Juan Paz y Miño explicó que el propio Eloy Alfaro fue quien fomentó los sindicatos liberales, para lo cual contó con el apoyo de su compañero ideológico Miguel de Alburquerque, líder cubano, sindicalista y sin facultades visuales.

En esa época, estos movimientos tenían una doble característica política: por un lado, los sindicatos liberales que formaban parte de la Confederación Obrera del Guayas se enfrentaban al gremio conservador de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. Por otro lado, se comenzó a reivindicar salarios mínimos, jornadas máximas, la seguridad social, mejores condiciones de trabajo, disminución y pago de horas extraordinarias.

Este proceso se va ampliando y crece el número de organizaciones sindicales. Para 1910 ya había una buena cantidad de organizaciones en Guayaquil, más que en otras localidades del país.

La ciudad, caracterizada por ser localidad de comerciantes, banqueros, terratenientes y cacaoteros, albergaba algunas fábricas que facilitaron la organización gremial.

Entre 1925 y 1933, el movimiento obrero se desarrolla en nuevas condiciones con la formación del Partido Socialista Ecuatoriano, después Partido Comunista del Ecuador y, en 1938, se funda la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), como parte de las grandes conquistas sindicales.

Los autores Muñoz Vicuña y Vicuña Izquierdo, en la obra Historia del Movimiento Obrero del Ecuador, indican que en el periodo 1946-1966 el sindicalismo se desarrolla y multiplica, en “una época rica en luchas de todo tipo”.

El 1 de octubre de 1949, la CTE, con el apoyo de los trabajadores y del pueblo, declaró una huelga general para conseguir la derogaroria de la Ley de Conscripción vial, una especie –señala Vicuña– de trabajo obligatorio y gratuito en obras públicas que hacía retroceder, en condiciones aun más difíciles, a los años del trabajo subsidiario en las obras públicas no nacionales de la época graciana.

En esa misma huelga se consiguió el derecho de los trabajadores ferroviarios para tener representantes propios en el directorio de la empresa, lo que constituyó un paso hacia la participación de los obreros en los órganos de decisión de las empresas y organismos públicos.

Una de las luchas más importantes que se destaca en la historia es la del 15 de noviembre de 1922, cuando los sindicatos, agrupados en una gran movilización en Guayaquil, demandaron la jornada de ocho horas diarias, y centenares de trabajadores fueron masacrados.

Ahí se ve “cómo las luchas sindicales ya alcanzaban niveles de demanda social y política más amplia”, señaló Paz y Miño.

Desde entonces en adelante, la primera conquista de derechos laborales como tales, se encuentra en la Constitución de 1929 en la que constan el derecho a la jornada máxima, al salario mínimo, la seguridad social, la protección y mejores condiciones en el trabajo, el pago de horas extras y hay una orientación pro operario.

Después, las constituciones de 1945 en adelante (46, 67, 78) conservaron esos derechos. La Carta Magna de 1998 comenzó a flexibilizarlos; y la de 2008, los vuelve a recuperar y amplía.

El historiador destacó que todo el siglo XX es una época de consolidación de principios laborales y de mayor organización de sindicatos, en función de que el país también va evolucionando económicamente y aparecen nuevas industrias. Si las primeras industrias de fines del siglo XIX y comienzos del XX se ubican en Guayaquil, también en Quito empiezan a florecer. Pero propiamente el gran desarrollo industrial de la nación es en 1960 y, sobre todo, en 1970 con el petróleo. Esto impulsó la presencia de fuerzas sindicales más grandes.

En los años setenta los sindicatos convergieron en sus distintas ramas ideológicas y, desde 1973, se unificaron, por lo menos, en marchas comunes como las del 1º de mayo, que desembocaron luego en plataformas de lucha reivindicativas.

A finales de la década se constituyó el FUT, que fue el que avivó sonadas huelgas nacionales a inicio de los gobiernos constitucionales en 1979.

Según Paz y Miño, el FUT pasó a la vanguardia de las luchas sociales y recibió amplios respaldos. Sus plataformas de lucha también incluyeron la nacionalización del petróleo y del comercio exterior.

En los años ochenta y noventa el país vivio un periodo de reflujo del movimiento obrero y de afirmación de las políticas neoliberales y represivas de León Febres Cordero (1984-1988), que afectaron progresivamente los derechos laborales.

De ese modo, el consultor evidenció la situación precaria a la que había ingresado la clase laboral por el congelamiento de los salarios, el pago mínimo de horas extras, la sobreexplotación de la jornada de trabajo, la inquietud de los empresarios de aumentar el número de horas, la pésima atención de los servicios de seguridad social en el IESS, de la educación, que desfavorecían las condiciones de vida y de trabajo.

Al momento, “el FUT es recordado solo por las generaciones que vivieron sus gloriosos días; y, las otrora grandes centrales de trabajadores, apenas son visibles”, señaló.

Paz y Miño también dio a conocer que a partir de 2007, se aplica el principio de que los derechos laborales forman parte del sistema social y político del país, a lo que se suman las garantías al desarrollo del trabajo y la ausencia de represión. No obstante, considera que al movimiento obrero le falta iniciativa para formular y exigir nuevos derechos.