A medida que Ecuador avanza en su más ambicioso reto de transformar la matriz productiva para generar mayor valor agregado a su producción, va despejando el camino de potenciales problemas que podrían atrasar el proceso. 

Esta vez, son los aspectos regulatorios que deben ser suficientemente amplios para proteger a la industria nacional de vulnerabilidades externas.

El sistema sirve para generar certeza jurídica, disminuir las importaciones de ciertos productos que son esenciales para desarrollar mayor producción, ahorrar recursos energéticos, modular la demanda y el consumo nacional y alcanzar una economía de escala.

También ayuda a proteger la salud de los habitantes, el momento en que una norma prohíbe el ingreso al mercado nacional, procedentes del exterior, de juguetes u otros objetos elaborados con pintura de plomo que generan alguna enfermedad o ciertos grados de intoxicación, principalmente en los niños y niñas, que pueden verse afectados en su cerebro y nervios en desarrollo.

Ecuador tiene un déficit regulatorio que le convierte más en consumidor que en productor de normas, toda vez que utiliza únicamente el 25% de esa facultad, admite el Instituto Nacional de Normalización (INEN).

Al momento, Ecuador cuenta con 2.883 normas, frente a 4.988 de América Latina y África, 11.031 de Asia y 27.374 de Europa (ver gráfico), lo que preocupa al presidente Rafael Correa, quien dispuso a las autoridades trabajar en una Agenda que haga posible el cambio, bajo la dirección de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Por ello, se espera que en las próximas semanas, estén listas las regulaciones para contratación pública y banca pública, a la par que se elaboran otras normas de calidad que regirán para todos los sectores de la economía. “La agenda completa corresponde a una serie de disposiciones que se implementarán hasta finales de este año”, señaló Andrés Arauz, subsecretario de Inversión Pública de la Senplades.

Entre los instrumentos de regulación administrativa a utilizarse están acuerdos ministeriales, decretos, reglamentos, leyes, contratos de inversión, concesión, explotación y contratación pública.

También hay esquemas de regulación económica; es decir, requisitos de desempeño, normas de conducta, relación con la cadena de valor y el tema de interculturalidad, por ser Ecuador un país de varias nacionalidades.

Ya en los mismos contratos, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, informó que se está regulando el trabajo de los ecuatorianos. Por ejemplo, en la construcción de un mega proyecto hidroeléctrico, los directivos tienen la obligación de contratar mano de obra disponible no calificada de la zona donde se ejecutan los trabajos; comprar y contratar los servicios de transporte en las comunidades del área, así como la alimentación.

"No solo las compras públicas sino también la regulación y normalización, constituyen la plataforma del cambio de la matriz productiva del país. En pocas semanas más la Senplades anunciará las regulaciones que regirán en la economía nacional."

Para el efecto, se anunció la creación del Comité de Cambio de la Matriz productiva para que impulse el proyecto regulatorio y tenga el control y coordinación con las diversas instituciones ejecutoras como el INEN, Agrocalidad, los consejos nacionales de Electricidad y Telecomunicaciones, el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI), el Instituto de Compras Públicas, el Ministerio del Ambiente, las agencias y juntas de regulación, entre otras.

Para Glas, no puede haber acciones aisladas que no formen parte de esa política pública, porque lo que se va a incentivar es la producción nacional.

Descartó que el esquema sea una camisa de fuerza, sino más bien posibilita la entrega de incentivos. De hecho, se realiza un análisis para ver la posibilidad de incrementar el fondo de garantía de la Corporación Financiera Nacional (CFN), con el objetivo de garantizar el otorgamiento de mayor cantidad de créditos, pero “siempre y cuando favorezca los objetivos principales de la matriz productiva”.

Según el mandatario, el país subutiliza su capacidad regulatoria, porque no existen las suficientes normas que protejan o favorezcan a la economía, ni la salud de los ecuatorianos. Tampoco hay normas ambientales estrictas que prohíban la importación de motos que provocan ruido y contaminación, al igual que vehículos que consumen más gasolina o las refrigeradoras que siguen gastando más energía eléctrica.

Para el personero, no solo hay que regular la oferta de servicios, sino también la demanda energética de los ecuatorianos para alcanzar una economía de escala, y proteger así la producción nacional, fortalecer la industria y generar mayor competitividad y productividad.

Mientras tanto, Arauz anunció que la Senplades realizó un estudio para determinar la capacidad regulatoria del Estado, en el que se resalta la importancia que la Constitución da a esa facultad.

Al momento, Ecuador cuenta con 2.883 normas, frente a 4.988 de América Latina y África, 11.031 de Asia y 27.374 de Europa (ver gráfico), lo que preocupa al presidente Rafael Correa.

Se encontró que muchas entidades siguen programando proyectos de inversión, como único mecanismo de solución a los problemas de los ecuatorianos, pero no encaran el aspecto de normalización.

En ese sentido, el funcionario confirmó que el equipo que integra el Comité tendrá como misión fortalecer el sistema de organización de manera más acelerada.

Sin embargo, Glas hizo notar la “deficiencia del Estado” al utilizar apenas el 25% de la capacidad del sistema.

Las empresas públicas también ejercen sus propias acciones, a través de la competencia. Tal es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)cuyos precios de los servicios de banda ancha de Internet bajaron de 80 dólares mensuales que cobraban las empresas privadas, a 16, cuando ingresó al mercado la entidad pública.

Entre tanto, el INEN avanza en la redacción y aprobación de normas para garantizar la calidad de elementos fabricados, la seguridad de funcionamiento y el trabajo con responsabilidad social.

Fuentes de la institución indicaron que las normas se redactan con base en un análisis de las necesidades de la población y en función de los sectores estratégicos para el desarrollo, planteados por el Gobierno a través del Ministerio de la Producción.

Los sectores estratégicos que se someten de forma prioritaria a un diagnóstico por parte del INEN, son: alimentos frescos, la cadena agroforestal, metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, la biotecnología y software, las energías renovables, los servicios logísticos y el turismo.

Por lo pronto, el INEN recibirá el apoyo de la Organización Internacional de Normalización durante dos años, con lo cual se espera fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades normativas, que contempla la generación de normas técnicas y la adopción de otras establecidas a escala internacional.

Al respecto, el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, anunció que uno de los objetivos trazados por esa cartera de Estado es darle un impulso fundamental al Instituto, para que las normas vigentes y las que se expidan, se conviertan en el eje fundamental del cambio de la matriz productiva.

“No es posible -dijo- que en el país se estén dando incentivos a sectores industriales que no hacen mucho caso a la calidad de los productos”.

Añadió que el régimen ayudará a los procesos productivos y, sobre todo, a que las importaciones que ingresen al país sean de óptima calidad. Con ello, se quiere tener un sistema de control de calidad para que la población se sienta segura de que lo que consume.

Entre tanto, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que viabiliza la norma constitucional, en el sentido de que “las compras públicas cumplirán criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Así, se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

El propósito de la reforma es profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios a la sociedad, como parte fundamental de la matriz productiva. De ese modo, se van readecuando las bases para el cambio de la matriz.