En las últimas semanas la banca privada ha tratado por todos los medios de infundir temor entre los depositantes para desestabilizar el sistema financiero demostrando así el excesivo poder de mercado y de información que ostenta actualmente sobre la economía del país.

El tratamiento del proyecto de ley titulado “redistribución del gasto social” ha tenido como antesala los intentos y maniobras de los directivos del Banco Guayaquil, Produbanco, Bolivariano y, el más grande del país, Pichincha, para presionar a los asambleístas al archivo de la ley. En el primer debate la herramienta escogida fueron los correos electrónicos, en el segundo las llamadas telefónicas.

En los dos casos fue utilizada información reservada, la misma que cuando se trata de los clientes “más importantes”
cumplen al pie de la letra las normas del sigilo bancario, impidiendo a las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) tener más herramientas para identificar las evasiones al fisco.

Es notorio la capacidad de maniobra que tienen los banqueros para hacer prevalecer sus intereses frente a una política pública. Este sector sabe muy bien la gran deficiencia que albergan sus estados financieros, aunque siempre presenten indicadores exitosos: el 70% de sus ahorros son de retiro automático y durante todos los años de dolarización no han corregido esta imperfección. El congelamiento y el feriado bancario siguen presentes en el imaginario colectivo.

Pero el afán incesante por instalarse en la opinión pública no ha pasado solamente por la construcción de instrumentos propios como las llamadas y los correos electrónicos, sino también con la ayuda de algunos medios de comunicación que no cuestionan la verdadera función de la banca privada y su lugar en la economía.

La población está segura de que los recursos para el incremento del BDH no saldrán de sus cuentas, sino de los impuestos que empezarán a pagar las instituciones bancarias con la aprobación del articulado. El pago del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios financieros saldrá de los actuales valores, fijados por la Junta Bancaria y no habrá aumento de estos, es decir, el cliente no pagará dicho tributo.

Además, las entidades no percibirán el beneficio de la exoneración del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de utilidades porque la banca no está considerada como parte del sector real de la economía. ¿En qué parte de la ley se menciona la utilización de los ahorros para financiar el BDH?

Por eso, si los banqueros manejan la información de sus clientes, otorgada en forma reservada, estos últimos saben que un comunicado de los directivos de las entidades financieras privadas no será a favor de los intereses de todos sino de unos pocos. El peso de la crisis de 1999, sus exorbitantes salarios y utilidades son los argumentos instalados en el público sobre las maniobras de los banqueros. Esta experiencia les tiene que servir.