El primer plan regulador de Quito, elaborado por Jones Odriozola en 1945 determinó el ordenamiento de la ciudad: la división norte-sur se acentuó en límites geográficos o de administración urbana, pero también en la construcción de estereotipos basada en clasificaciones raciales y jerarquías socioeconómicas y estéticas, y el consecuente establecimiento de imaginarios hegemónicos sobre el sur como un espacio otro, marginal, violento, ‘para pobres’, carente de ‘cultura’ y de creatividad.
Por otra parte, si bien existen análisis históricos que dan cuenta de la conformación del sur de Quito antes del XX, interesa por ahora recordar que en este sector se fueron configurando paulatinamente barrios obreros, desde las primeras décadas de este siglo, tras la construcción de la estación del ferrocarril en Chimbacalle, y posteriormente de la instalación de fábricas, lo que a su vez determinó la llegada al sur de la capital de migración interna de distintas partes del país, en calidad de mano de obra. Si conectamos las dos ideas, apuntando a la segregación socio-espacial, imaginemos que a fines de los ochenta, algunos barrios del sur, ya establecidos y habitados por poblaciones diversas, carecían aún de servicios básicos, infraestructura, vialidad, mantenimiento de espacios públicos, entre otros. La planificación urbana situaba a estos barrios en la zona del no ser; es decir, algunos espacios del sur no eran prioritarios para la administración pública de la urbe.
Ante esta ausencia, comenzaron a cobrar fuerza en esta década movimientos barriales de base que impulsaron acciones para dar solución a estas y otras carencias. Estos proyectos organizativos se definieron en agrupaciones, asociaciones con fines específicos, cooperativas de vivienda, ligas deportivas y grupos juveniles venidos de procesos de la teología de la liberación gestados en este sector; todos ellos se constituyeron en el basamento organizativo y de praxis política de lo que hoy conocemos como la Red Cultural del Sur (RCS).
Adicionalmente, como bien señala Samuel Tituaña (Tranvía Cero-RCS), en su artículo ‘Procesos locales (Desde el Sur de Quito)’, la infraestructura cultural de inversión pública en ese momento era prácticamente inexistente en ese lado de la ciudad, y lo sigue siendo; casas comunales, casas barriales, espacios públicos como parques o canchas, muchos de ellos autogestionados por estos movimientos barriales, destinados en su mayoría a prácticas culturales que refuerzan la creación individual, la alfabetización artística y los proyectos de coyuntura política. Sin embargo, es fundamental puntualizar que desde que la Red Cultural del Sur se dio a conocer en 1997, en el Centro Cultural del Sur, ubicado en ese entonces en La Magdalena, su disputa no se ha centrado en reclamos por la construcción de centros difusores de lo artístico en el sur que responderían al modelo antes mencionado, sino en una demanda porque la política cultural de la ciudad distribuya con mayor equidad sus recursos, destinando su inversión a espacios de creatividad social y experiencias culturales ya existentes, de larga trayectoria, situadas y pensadas desde y con las comunidades del sur, así como también participación en espacios de toma de decisión sobre la política cultural, y el fomento de flujos culturales alternativos, insertando a los nodos que conforman la RCS al mercado cultural de la ciudad.
En este sentido, se trataría, entonces, de anclar los derechos culturales en la democratización de la producción simbólica y en el fortalecimiento de las condiciones que posibilitan la creatividad social, y no de una democratización cultural civilizatoria: “A fines de los noventa, fueron nuestros primeros acercamientos con la institucionalidad cultural. Te digo sinceramente, cuando fuimos por primera vez a algunas instituciones, escuchamos expresiones tan terribles como esta, frente a nuestros pedidos: ‘¡Ah sí, claro, nuestro interés es también culturizar al sur!’. O sea, veían nuestras propuestas desde la cultura hegemónica, desde los grupos hegemónicos. Claro, ir al sur era ir a civilizar”, comenta Nelson Ullauri, gestor cultural y articulador fundamental de la Red desde hace veinte años.
La RCS acoge alrededor de 35 organizaciones, entre ellas: el Centro Cultural Pacha Callari de la Ferroviaria la Alta, Escuela Andina Amauta del Oriente Quiteño, Alquimia Teatro de Turubamba Bajo, el movimiento rockero Al sur del cielo, El teatro de la Guaba, el Festival del Sur, Tranvía Cero, AVI Estudio, por citar algunas. Todas vienen de prácticas del “saber-hacer” en diálogo y negociación con debates académicos, artísticos e institucionales. Para Samuel Tituaña, las experiencias situadas en el sur no separan la acción cultural de la vida cotidiana ni de la convivencia. Se trata de procesos organizativos que no tienen una estructura jurídica estable; son móviles y dinámicos: “Son formas organizativas de hecho y no de derecho y ese carácter quizás les permite acercarse, distanciarse y accionar ante la institucionalidad y ante sus similares cuando las circunstancias y sus intereses lo ameritan”.
Así como sus organizaciones, la Red Cultural del Sur también se concibe como un organismo vivo, sin constitución jurídica ni una estructura fija, pero con demandas políticas y culturales claras frente a la administración centralista de la ciudad. Sus prácticas de movilización de lo cultural se fundamentan en los aprendizajes venidos de las organizaciones trabajadoras y vecinales de base, autogestionadas y centradas en la práctica colectiva que se piensa en principios epistemológicos como la complementariedad, la reciprocidad y la colaboración, frente a la competencia, productividad y búsquedas puramente individuales.
Durante casi dos décadas de trabajo, frente a la mercantilización de espacios urbanos, imaginarios hegemónicos sobre lo artístico y lo cultural, y políticas centralistas de segregación espacial, la RCS ha generado una contranarrativa potente frente a imaginarios hegemónicos sobre ‘el sur’ y ‘el sureño’, descentrando significados normados a través de prácticas de movilización cultural distintas, que por sobre el orden dominante de lo productivo, comparten procesos de articulación que no idealizan a lo comunitario como una categoría de la armonía social, sino que miran en ella un potencial creativo y desestabilizador necesario por el derecho a las diferencias.