La relación entre el Municipio de Cuenca y la Contraloría General del Estado entró en una fase de confrontación abierta. Este 7 de enero de 2026, el alcalde Cristian Zamora cuestionó públicamente los resultados provisionales de un examen especial de Contraloría sobre la contratación de hospitales, mientras el organismo de control respondió con un comunicado en el que defendió su independencia y anunció acciones legales.

La razoón del conflicto: hospitales rurales

Durante la campaña electoral, Zamora prometió la construcción de hospitales básicos de segundo nivel en las parroquias rurales de El Valle, Baños y Ricaurte. Según el alcalde, la obra en El Valle está casi lista.

Sin embargo, de acuerdo con lo que Zamora atribuye a un informe borrador de la Contraloría, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no respaldaría la construcción de tres hospitales de este tipo en zonas rurales, pues el modelo territorial establece que estas áreas deben ser atendidas por centros de salud del Ministerio de Salud Pública.

Acusaciones y mensajes en redes

El alcalde reaccionó con dureza. En su cuenta de Facebook aseguró que la Contraloría actúa “obediente al poder político” y sostuvo que se pretende que la zona rural se conforme con centros de salud “que también se caen”.

La disputa se agravó por un informe previo de Contraloría que determinó sanciones administrativas e indicios de responsabilidad penal contra Zamora por la compra de un vehículo blindado, así como multas administrativas por USD 63.550 relacionadas con procesos de contratación entre enero de 2020 y diciembre de 2024.

Zamora defendió la adquisición del vehículo y desestimó los señalamientos técnicos. Incluso acusó a los auditores de “ineptitud” y calificó los informes como “hostigamientos”, advirtiendo que tiene “sorpresas grabadas” para futuros casos.

La respuesta de la Contraloría

La Contraloría General del Estado rechazó de forma categórica las expresiones del alcalde y afirmó que no tolerará actos de intimidación o presión indebida contra sus auditores y servidores.

En su comunicado, la entidad recalcó que el examen especial sobre los hospitales sigue en ejecución, que los resultados comunicados son provisionales y que forman parte del debido proceso, el cual permite a los sujetos de control presentar descargos antes del informe final.

Además, enfatizó que su labor no busca obstaculizar obras públicas, sino legitimar los procesos y garantizar que los recursos se administren conforme a la ley. La Contraloría anunció que iniciará acciones legales para salvaguardar la integridad de sus funcionarios y el respeto al ordenamiento jurídico.

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