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Juez ordena medidas de protección para exagentes vinculados en entrega irregular de pases

Juez ordena medidas de protección para exagentes vinculados en entrega irregular de pases
Foto: Archivo Fiscalía
22 de marzo de 2016 - 17:08 - Redacción Web Judicial

Marco Rodríguez, presidente la Corte Provincial de Pichincha, ordenó una prohibición de acercarse, de perseguirlos e intimidar a los personas que se encuentran procesadas por una presunta entrega irregular de pases de la Policía Nacional.

Esta disposición se dio luego de la audiencia realizada este martes, a través de la cual el magistrado dispuso medidas de protección para los exagentes Danny H., Freddy R., Ernesto M. y Luis C. dentro del Centro de Rehabilitación Social, así como los 18 también exagentes que estarían involucrados en el caso.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el magistrado también estableció la medida de protección para la madre y hermana de Danny H.; y para la madre de Freddy R. por considerar que igual son víctimas de intimidación y amenazas.

Ante el pedido de dichas medidas de protección, el fiscal Provincial de Pichincha, Wilson Toainga, mostró su acuerdo con el requerimiento de los familiares de los procesados, que se basó en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 2, 3 y 5. Estos establecen la prohibición de acercarse a determinadas personas y de intimidarles a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros.

Danny H. y Freddy R., que llegaron al país el lunes 21 de marzo y de inmediato quedaron detenidos, ya que tenían una orden de prisión dictada el 29 de diciembre del 2015.

Los 22 expolicías, entre ellos el excomandante de Policía, Fausto T., son procesados por su presunta participación en delincuencia organizada. Todos ellos pertenecerían a una estructura delictiva dedicada, presuntamente, a entregar de forma irregular pases en la Policía Nacional.

Este proceso se desarrolla con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de delincuencia organizada y sanciona con 7 a 10 años de privación de libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ofrecían pases en el interior de la institución policial sin realizar los trámites correspondientes y por montos de entre $ 1.000 y $ 1.500. Con esto, los uniformados eran trasladados a otras plazas. (I)

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