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Sistema de información de blindados deberá conectarse con la Policía Nacional

Los blindados fueron explotados para poder sacar el dinero del interior de la bóveda. Foto: Cortesía.
Los blindados fueron explotados para poder sacar el dinero del interior de la bóveda. Foto: Cortesía.
23 de octubre de 2014 - 17:32

Que el sistema de localización GPS de los vehículos blindados que transporten sumas altas de dinero se conecten con la Policía Nacional será una obligación para las empresas. De la misma manera, también tendrán que instalar cámaras de seguridad para evitar posibles atracos.

Este anuncio lo hizo hoy el ministro del Interior, José Serrano al informar datos sobre el asalto a dos carros blindados en Sucumbíos. El ministro lamentó que la compañía de valores no comunicó oportunamente a la Policía Nacional sobre el traslado de $ 3700.000 por vía terrestre.

El valor era destinado a algunas agencias de Banco Pichincha en la provincia de Napo, zona de alto movimiento comercial en la Amazonía.

Este asalto ocurrió ayer en la vía Baeza-Lago Agrio (entre El Chaco y El Reventador). Según el ministro en este atraco habrían participado 8 personas, de los cuales 2 sospechosos fueron detenidos (Luis Misael C.A y Jhonny Gustavo C.P), mientras intentaban huir. “El robo fue frustrado por la oportuna intervención de la policía”, dijo el funcionario.

Antonio Acosta, presidente del Banco del Pichincha, aseguró que hasta el momento se logró recuperar casi el 50% del total del monto que transportaban los vehículos blindados. Además, Acosta expresó que ese dinero estaba asegurado y por ende no significará una pérdida para esta entidad financiera.

Acosta sostuvo que el nivel de violencia y peligrosidad de los delincuentes debe preocupar a todos, “es difícil pensar que a 118 kilómetros de Quito y a tan solo 3 horas de viaje en tierra que un grupo de delincuentes utilicen armas de ese calibre par que desplieguen ese acto de tal magnitud, ni en las películas hemos visto este tipo de robos”.

Además el directivo del banco dijo que este es el robo más grande que ha sufrido la entidad que preside y por ello deberán reformular las medidas de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de actos nuevamente. Incluso anticipó que están analizando la posibilidad de cerrar algunas agencias en provincias en donde tengan que realizar transporte de valores vía terrestre.

De su parte, Oswaldo Domínguez, gerente de Vaserum, indicó que Marco Salazar, empleado de la compañía que perdió la vida en este incidente, tenía 33 años y deja en la orfandad a 4 hijos.

A criterio del gerente de la empresa de seguridad, los presuntos delincuentes que habrían realizado el asalto estaban preparados para realizar el atraco, “tenían armas de gran calibre, las que utilizan las fuerzas armadas para un combate bélico, incluso tenían explosivos de gran letalidad por lo que explotaron los blindados dos veces hasta abrir la bóveda que contenía el dinero”.

Domínguez enfatizó que en el lugar donde se realizó el asalto existe zonas que no llegan señales de comunicación o de posicionamiento global, por lo que los delincuentes aprovecharon esa incomunicación para realizar el ataque.

Pablo Córdova, gerente de seguridad del Banco del Pichincha, indicó que en los últimos 4 años se han realizado 12 atracos a los blindados, “solo en Quito se han realizado 6 atracos en este año y en todos se uso violencia en extremo”.

La Fiscalía General del Estado anunció que los 2 detenidos tienen prisión preventiva. El juez Germán Rodríguez dispuso prisión preventiva contra Luis C. y Jhonny C.

La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se realizó hoy en la Unidad Judicial Penal y de Tránsito de Sucumbíos. Durante la diligencia, el fiscal Oscar Chasiguasín presentó como elementos de convicción armas de fuego, dinero en efectivo, explosivos, alimentadoras, municiones y versiones de quienes presenciaron el hecho.

La Fiscalía inició el proceso penal en contra de estos ciudadanos por el delito de robo con muerte, tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que estipula una posible pena privativa de libertad de 22 a 26 años. La instrucción fiscal durará 30 días.

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