A dos días de que concluya el período de transición (18 meses) del Consejo de la Judicatura, el organismo informó sobre los logros en la reestructuración de la justicia que emprendió en base a los ejes estratégicos del plan de trabajo: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil y tecnológica, cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa.

1.- Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes

Se creó esta unidad interinstitucional con un esquema administrativo capaz de armar de manera inmediata el caso y tramitarlo judicialmente en un tiempo reducido. El objetivo de este proyecto es multiplicar el número de casos que llegan a juicio, disminuir la impunidad y contribuir a la mejora de la seguridad. Las unidades empezaron a operar el 29 de octubre en Quito y el 21 de diciembre en Guayaquil.

En ellas trabajan conjuntamente fiscales, jueces, defensores públicos, servidores del Ministerio de Justicia, Policía y equipos de peritos, psicólogos y medicina legal para atender casos las 24 horas del día.

En Quito se logró la primera sentencia condenatoria a tres personas por robo, en el tiempo récord de 17 días. En Guayaquil, en menos de 10 días de funcionamiento se consiguieron 3 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado en tiempo récord de 19 horas. (Procedimiento abreviado es cuando el procesado se declara culpable y acuerda la pena con la Fiscalía y aplica a delitos que tienen penas de 1 a máximo 5 años de prisión).

2.- Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia

El objetivo fue disminuir la comercialización de objetos de dudosa procedencia en las ciudades del país, mediante una estrategia de operativos liderados por el Juez de Contravenciones, exclusivamente nombrado para este propósito. En coordinación con la Policía, Fiscalía y otras instituciones, según el caso, se retiene indefinidamente toda mercadería sobre la cual los comerciantes no puedan justificar con documentos legales su procedencia.

Con esta medida se contribuye a mejorar la seguridad ciudadana, a desalentar hurtos, asaltos y robos, ya que la venta de objetos obtenidos de esa manera se convierte en un mal negocio. El proyecto se inició en junio en Quito, Guayaquil y Cuenca, luego el 23 de octubre el CJT aprobó su aplicación en el resto del país.

3.- Portal de Registro e Información para Audiencias

En el pasado los jueces, fiscales y defensores no evaluaban con suficiente información los antecedentes básicos de los procesados. Esta realidad generó dos consecuencias, ambas negativas: en unos casos recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva u otras alternativas personas que por su comportamiento no debieron recibir tales beneficios (como los reincidentes). En otros casos, personas que podían haber enfrentado su proceso en libertad o acceder a un beneficio procesal fueron privadas de la libertad y sometidas a la pena tradicional.

El proyecto soluciona el problema que acarreaba la falta de información al momento de dictar medidas cautelares. Consiste en una herramienta informática que registra toda la información sobre medidas sustitutivas, procedimientos alternativos y audiencias fallidas que se disponen en los juzgados penales del país. Jueces, fiscales y defensores públicos están obligados a consultarlo en forma previa a cada audiencia, con lo cual se consigue que sus actuaciones reflejen respuestas más eficientes, justas y que garanticen su correcta aplicación.

4.- Unidad de Seguimiento y Evaluación de Medidas Alternativas al Juicio

El proyecto denominado “Servicios de Antelación al Juicio” se encuentra ejecutado y en funcionamiento en Cuenca desde el 26 de diciembre de 2012. El objetivo es conseguir que herramientas procesales tan relevantes como las medidas alternativas a la prisión preventiva y la suspensión condicional del procedimiento, no sean sinónimo de impunidad.

Con el aporte de estos servicios previos al juicio, los jueces podrán tomar decisiones realmente motivadas y con mayor fundamentación, que impliquen una evaluación de fondo del riesgo personal, social y procesal aplicado a cada caso concreto. Con estos insumos se fortalece y legitima la adopción de las medidas cautelares alternativas a las de privación de libertad.

5.- Unidad Interinstitucional de Descongestión de Causas

El proyecto, que empezó en noviembre de 2011 en Guayas, consiste en la depuración masiva de indagaciones previas rezagadas que, en la práctica, significa eliminar de los despachos de los fiscales las causas susceptibles de ser archivadas y aliviar la carga laboral de los mismos, a fin de que se concentren en las indagaciones con real expectativa de descubrimiento del delito.

Esta tarea no implica un aumento de la demanda para los actuales jueces, porque ello colapsaría aún más los juzgados penales. A diciembre de 2012 se depuraron 412.761 causas, que representan más del 200% de la meta propuesta al inicio del proyecto, que era de 170.000.

6.- Unidad de Atención Temprana (Depuración)

Con este proyecto, iniciado en mayo de 2012, los usuarios del sistema penal han obtenido respuestas más eficientes de casos investigables y se ha evitado que se saturen los despachos de los fiscales. El objetivo, alcanzado en Quito fue de haber racionalizado el uso de los escasos recursos investigativos que se invertía en casos que desde primer instante se sabía que no tenían futuro, hacía delitos en condiciones de ser judicializados, sobre todo hacia los que más daño causan a las víctimas. De 104.475 causas ingresadas, 85.171 fueron depuradas.

7.- Constancia de Pérdida de Documentos en Internet

Este proyecto consiste en la creación de un vínculo dentro de la página web del Consejo de la Judicatura, a través del cual los ciudadanos puedan ingresar y registrar los documentos e identificaciones que les hayan sido sustraídos o extraviados, para tener una constancia legalmente válida de su extravío.

El proyecto toma en cuenta que la pérdida de documentos no constituye delito y, en otros casos, siendo delito (caso de robo) no son investigables. A través de un mecanismo que tarda menos de 20 minutos en gestionarse y le brinda un servicio ininterrumpido.

8.- Propuesta de protocolo de atención oportuna a personas perdidas o desaparecidas

Se podrá contar con un instrumento que guíe y estandarice la intervención de la Judicatura y la Policía en esta problemática, para brindar una atención oportuna y eficiente a la ciudadanía. Se lo viabiliza mediante Resolución 160 aprobada por el pleno del organismo: Protocolo de Actualización para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas.

9.- Convenio entre el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Educación y Fiscalía para atender la violencia sexual en el ámbito educativo

Desarrollar acciones coordinadas entre la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura, dentro de sus competencias constitucionales y legales, para garantizar espacios educativos libres de violencia y reducir los niveles de impunidad por medio de la atención, protección, investigación y restitución inmediata, con enfoque de derechos evitando la revictimización de los menores, víctimas de violencia sexual y de género.

El convenio fue firmado entre las instituciones y su ejecución se da a través de un plan de acción que identificó las provincias de mayor incidencia (Esmeraldas y Manabí) por número y gravedad de causas represadas en el sistema judicial.

11.- Plan de Sensibilización y Capacitación en Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

Contribuir a garantizar los derechos de las personas víctimas de delitos contra la libertad e indentidad sexual, especialmente a NNA, en los procesos de atención del sistema de justicia.

Se ejecuta el Plan de Sensibilización y Capacitación a servidores/as judiciales y ciudadanía, aprobado por el Pleno. Reuniones de coordinación con actores clave para identificación de estrategias para campaña comunicacional y temáticas y enfoques prioritarios a incluir en los procesos de formación y capacitación. Talleres de trabajo multidisciplinario para elaboración de las mallas curriculares a nivel de formación inicial, continua y de capacitación específica.

12.- Propuesta para obtener testimonio anticipado con víctimas de delitos sexuales

Se podrán receptar testimonios urgentes y únicos a las víctimas de delitos sexuales, con el fin de precautelar sus derechos constitucionales y evitar su revictimización.
Se realiza la coordinación interinstitucional para elaborar protocolos para la toma de testimonios. Trabajo en capacitación en Psicología del Testimonio para judiciales. En proceso de trabajo para el acuerdo de protocolos con la Fiscalía.

13.- Evaluación a servidores de la Función Judicial

Como objetivo se tiene el de diseñar e implementar metodologías de evaluación integral del talento humano en el ámbito de justicia, para lograr el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la oferta del servicio. Como resultados el CJT contabiliza: personal evaluado, 5.456; personal con evaluación positiva, 4.076; personal con evaluación negativa, 1.288; reconsideraciones, 1.509 (incluye servidores y servidoras que superaron los 70 puntos); personal que supera reconsideraciones, 469; personal que no supera reconsideraciones, 478; personal reevaluado, 335, quienes no superaron la reconsideración, que les faltaba alguna variable o que poseen discapacidad.

14.- Componente de Selección

Objetivo: Diseñar e implementar procedimientos de selección y designación de servidores/as para llenar las vacantes existentes de jueces/zas a nivel nacional de varias materias. En ese sentido, el CJT ha elaborado el reglamento e instructivos de concursos de mérito y oposición para llenar vacantes de jueces, juezas y notarios. Se han ejecutado dos concursos desde noviembre de 2011 hasta julio del 2012.

19.- Proyecto: Escuela de la Función Judicial

Fortalecer las competencias laborales requeridas para el ejercicio de las funciones de los jueces o juezas, fiscales, defensores públicos o defensoras públicas y servidores o servidoras de la Función Judicial, responsabilidades con calidad, calidez, equidad y eficiencia, para mejorar el servicio de justicia, es el objetivo de este plan, que tiene como resultados: 108 eventos de formación y capacitación en 17 meses con un promedio de 6 capacitaciones por mes. 18.033 personas capacitadas en total (servidoras y servidores judiciales, de Fiscalía, Defensoría, abogados en libre ejercicio y estudiantes) y 1.690 postulantes de concursos de méritos y oposición participaron en los dos cursos de formación inicial.

20.- Componentes de perfiles y manuales a judiciales

El organismo informó que con ese plan se cuenta con los perfiles de cargo, manuales de funciones, clasificación, valoración de puestos que vayan acorde con el nuevo modelo de gestión de la Función Judicial.

Entre los resultados constan: 147 descripciones de perfiles de puestos del Consejo de la Judicatura de acuerdo al último documento del Estatuto Orgánico por Procesos del Consejo; 116 descripciones y perfiles de puestos de la Defensoría Pública; 119 descripciones de puestos de acuerdo al Orgánico de la Fiscalía General del Estado.

21.- Plan: Bienestar laboral para funcionarios judiciales

El CJT contempló el hecho de brindar atención integral personalizada para prevenir situaciones de riesgo psicopatológico dentro de los servidores judiciales, promoviendo un clima laboral saludable que garantice el derecho al trabajo y al buen vivir, así como una atención eficiente, amable y una cultura organizacional conforme a los valores institucionales desarrollados.

Así como también el de establecer perfiles de rasgos de personalidad predominantes de los judiciales como base de información para la generación de propuestas de atención que potencien y fortalezcan el recurso humano del sistema judicial.

22.- Creaciones de unidades judiciales a nivel nacional

Las edificaciones antiguas presentaban serios problemas. No existía viabilidad para instalaciones tecnológicas y presentaron barreras de acceso para personas con discapacidad motriz; ante eso, como meta el CJT buscó adecuar los espacios existentes, mejorar la infraestructura y crear edificios inteligentes para garantizar flexibilidad, seguridad, comunicación y autonomía.

Instaurar el modelo organizacional al interior de los juzgados y diferenciar las funciones jurisdiccionales de las administrativas es otra de las propuestas.

Hasta enero de 2013 se ejecutaron 34 obras nuevas y 6 en etapa final. En julio y agosto de 2012 iniciaron los procesos precontractuales para 43 obras adicionales. Están programados 116 diseños de nuevas obras. En total, durante 36 meses (2014) se entregarán 199 obras.

23.- Equipos tecnológicos

250 salas de audiencia se implementan en forma paulatina en las unidades judiciales. Asimismo, fueron entregadas 6.327 computadores (4.901 PC’s y 1.426 laptops), 1.390 impresoras, licencias y software distribuyó el CJT en el país. Se realizó la instalación de Telefonía IP en todas las judicaturas del país. Se cuenta con un moderno y seguro Data Center en Quito y Cuenca. Implementación de Justicia 2.0 y de la plataforma de participación ciudadana: www.todossomosjusticia.gob.ec.

24.- Reducción de Impunidad en Delitos de Tránsito

El problema que existía en la práctica era que si el procesado no comparecía a juicio, no existía un mecanismo eficiente para llevarlo ante la justicia y las víctimas eran burladas. Ante esto se dispuso como estrategia que si el imputado no se presenta a la primera convocatoria a audiencia dictada por el juez, se dispone la retención del vehículo y no es devuelto hasta que el procesado se presente ante el juez y cumpla con su responsabilidad frente a la víctima.

El proyecto se ejecuta en Loja, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Imbabura, Manabí, Guayas, Esmeraldas, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsachilas, Pichincha. Como consecuencia, en Loja y Zamora casi ya no existen causas pendientes por ausencia de los imputados a las audiencias, ya que la mayoría llega a acuerdos reparatorios.

25.- Control Disciplinario

Desde julio de 2011 al 11 de enero de 2013, el organismo rector de la Función Judicial atendió 2.171 expedientes; de estos, 1.390 fueron resueltos. Asimismo se dieron 459 destituciones a servidores (324 jueces y juezas por irregularidades administrativas), 335 suspensiones (232 jueces y juezas), 205 multas (58 jueces y juezas), 52 amonestaciones (13 jueces y juezas), 254 absoluciones, 44 causas desechadas, 11 archivadas y 30 prescritas.

26.- Tasas notariales

De acuerdo con el Art. 199 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de fijar las tasas que deban satisfacer a los usuarios. Las nuevas tasas notariales y el depósito de los valores que le corresponden al Estado entraron en vigencia el 1 de junio y se actualizaron el 1 de julio de 2012.

Por primera vez en el país rigen tasas diferenciadas: tercera edad, personas con discapacidades, beneficiarios del bono de la solidaridad, SOAT, entre otros. La reducción en junio fue de 5 y 81% en relación a las tasas vigentes desde septiembre de 2007. En julio fue de más del 50%.

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