Desde hace aproximadamente dos meses hay un considerable incremento en la demanda de los certificados de antecedentes penales en los juzgados y tribunales  del Guayas, lo que ocasiona un congestionamiento en el despacho diario de las causas, según los servidores judiciales.  La razón: ese documento consta como uno de los requisitos para los  actuales concursos   de aspirantes en la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía y Marina.

A pesar de que una de las principales premisas del Consejo de la Judicatura (CJ) es acelerar el trámite de las causas que están represadas -se estima que a nivel nacional hay 1,2 millones-, el engorroso trabajo de revisar, confirmar en los libros y firmar (una vez el juez y tres más el secretario) a cada instante, hace que el flujo de los juicios se vea retrasado, aseguran los funcionarios.

Sandra Álvarez Barragán, secretaria del Juzgado 12º de Garantías Penales del Guayas, relató que  desde enero hasta abril del presente año, funcionó en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas  una oficina que se dedicó exclusivamente a expedir este certificado. Esa iniciativa fue vista con buenos ojos por los funcionarios, sin embargo, de un momento a otro, los delegados del CJ decidieron ya no continuar con esa medida y dispusieron que los secretarios de cada judicatura den las certificaciones.

Gustavo Donoso, quien fue director General del CJ, manifestó  que  con la tecnología que se tiene y con el seguimiento de causas que se puede concentrar con un programa, la expedición de  los antecedentes penales en todas las judicaturas podría ser más ágil y así no entorpecer el trabajo de cada secretario.

Sin embargo, señaló que si no se diseña y se centraliza en un solo lugar este despacho exclusivo de antecedentes, evidentemente se le estará cargando a cada judicatura ese trabajo; y con el exceso de labores que existe, la demora en el despacho de los juicios será mucho mayor.

“Siempre ha habido problemas por el exceso de trabajo y cuando se hizo este  movimiento de transición del CJ se suponía que la tecnología iba a primar y así suprimir cosas como esta. Los usuarios se sienten muy afectados por este procedimiento”, señaló.

La titular del juzgado 5º de Garantías Penales del Guayas, Rocío Santos de Macías, relató que  cada 2 o 3 minutos recibe una nueva solicitud, por lo que ha optado por llevar los documentos hasta su casa para firmarlos y así avanzar con su trabajo diario, es decir, cumplir con las diferentes  audiencias fijadas,  atender al público y  firmar  las correspondientes providencias.

“En un solo día he firmado hasta 500 certificaciones y hay que tomar en cuenta que mi secretario debe cerciorarse de que todo esté en orden y firmar tres veces cada una de ellas,  es una gran responsabilidad”, indicó la funcionaria, quien agregó que  en los  34 años que lleva en la Función Judicial siempre ha sido el juez el que   firma los certificados, más bien le pareció  una novedad cuando el CJ se encargó de ese trámite  por un lapso. “Claro que ayudó mucho porque descongestionó  el flujo de causas, pero si el CJ  dispuso eso, hay que cumplirlo”, sentenció.

Álvarez también ha decidido llevar trabajo a su casa,  puesto que diariamente tramita un promedio de 80 certificados. “A mi casa me llevo un grupo grande  de certificaciones para firmarlas, aunque no debo hacerlo;  lo hago para agilizar el trabajo. Los traigo al día siguiente firmados y al rato  tengo otro grupo”.

Susana Fabre Bonilla, secretaria del Tribunal 5º de Garantías Penales, hizo énfasis en que el juez pone su firma, pero el secretario o secretaria  tiene que firmar 3 veces cada certificado y a más de eso son los que certifican que el solicitante no tiene ninguna causa penal en su contra, por lo que  si se les pasa algo,  tendrían problemas. Fabre se refiere a las  artimañas de abogados para conseguir el documento, a través de homónimos o  nombres adulterados.

Reynaldo Cevallos, juez 19º de Garantías Penales del Guayas, quien en la última  semana ha tenido más de mil solicitudes, considera que debería especificar la necesidad de los certificados según el tipo de delitos, puesto que, según explicó,  los delitos de  acción privada (calumnia e injurias) solo  se tramitan en el  primer nivel (juzgados), mientras que los  de acción pública (homicidios,  robos) hasta en los tribunales, esto significa que si no existe una causa penal en el juzgado, no la encontrarán  en el tribunal.

Con esa diferencia, aseguró, el trabajo, tanto para el usuario como para los judiciales, se vería más holgado y no tendría el abogado  que recorrer cada uno de los 12 tribunales y 24 juzgados de la provincia para obtener ese certificado.

Donoso explicó que el certificado de antecedentes penales sirve como un atenuante, de acuerdo a la graduación de la responsabilidad del procesado en un tribunal, en cuanto a la aplicación de la pena, esto significa que la  modifica sustancialmente. “Si en una causa no existe un agravante y hay dos atenuantes, la rebaja de una manera bárbara”.

Donoso, quien añadió que efectivamente se lo está pidiendo ahora con mayor frecuencia por los concursos de mérito, pero en las causas penales sí se requiere como un atenuante para la  rebaja de penas y para delitos sancionados con caución, ya que se exige que no debe ser reincidente y el certificado es una forma de demostrarlo.