El abogado de los Bucaram Ortiz faltó a la audiencia por segunda vez

El abogado fue multado y su comportamiento oficiado al Consejo de la Judicatura
16 de septiembre de 2021 21:26

El Juez de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia de Iñaquito, suspendió este jueves 16 de septiembre del 2021 el segundo día de audiencia preparatoria de juicio, debido a la ausencia injustificada de la defensa del procesado Jacobo B.

Por ello, la Fiscalía General del Estado indicó que el abogado fue multado y su comportamiento oficiado al Consejo de la Judicatura. Esto, debido a que fue la segunda ausencia del abogado. La reinstalación está prevista para  las 10:00 del viernes 17 septiembre.

La Fiscalía acusó -en calidad de autores- a siete procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Según reseñó la Fiscalía, entre los acusados están el expresidente Abdalá B. O., su hijo, Jacobo B. P., Leandro B. (exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito) y cuatro personas más, quienes presuntamente incurrieron en irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de covid-19.

Para ellos, Fiscalía solicito al Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Iñaquito, que dicte auto de llamamiento a juicio.

En el primer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, la Fiscal del caso fundamentó su dictamen acusatorio sobre la base de más de 40 elementos que los siete implicados tienen en común.

Además, hizo el anuncio de prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio, en caso de que el magistrado acepte el pedido de Fiscalía.

Explicó también que las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio del 2020, pero que las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta octubre.

De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la AMT. Agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaria del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de covid-19 hasta Guayaquil.

Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionado delitos contra el régimen económico, de desarrollo y la fe pública.

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