Uno de los factores para medir el funcionamiento del sistema judicial consiste en verificar los resultados que ofrece con relación a los derechos y servicios que presta, aspecto que también debe relacionarse con el tipo de soluciones jurídicas que puede generar a la ciudadanía frente a los conflictos sociales que han sido puestos para su conocimiento.

Para verificar esos resultados es indispensable contar con indicadores para la gestión y monitoreo de lo que debería ser una política pública en materia de justicia.

Cabría preguntarnos si la Función Judicial ha logrado producir metas e indicadores bajo esa perspectiva. No es una tarea fácil considerando las distorsiones y asimetrías que existen en el sistema y según su marcha en los territorios. Pero, es una tarea que debemos asumirla si queremos tomar en serio el rumbo de la modernización judicial. La determinación del nombre de esos indicadores deberá considerar los criterios de los operadores internos y externos, que poseen diferentes comprensiones sobre las problemáticas del sector. 

Cuando revisamos el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, encontramos el objetivo No. 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos; que cuenta con 9 políticas y distintas estrategias. De esas políticas, encontramos la segunda que se refiere a Mejorar y modernizar la administración de justicia y cuya primera estrategia consiste en Reorganizar y optimizar el uso de recursos y la provisión de servicios eficientes. En ese contexto, es oportuno contar con indicadores que puedan informar sobre los logros y temas pendientes en esa estrategia.

Para ese propósito también le correspondería elaborar normas de estandarización y pautas relativas a la eficacia, eficiencia y transparencia sobre los servicios que proporciona a la población. Cabe señalar que para el fundamento de los indicadores debe considerarse que los fines a ser medidos no pueden restringirse a la organización interna de la FJ, sino del conjunto del sistema de administración de justicia que incluye otros componentes, actores y, lo principal, los usuarios (as). En lo posterior, a la hora de optar por una definición, vista como las variables que se tratarán en el cálculo, debe utilizarse la información sobre logros o retos no alcanzados que se puedan apreciar del resto de estrategias de esta política.

Hay un punto importante para el análisis, no podemos construir indicadores sin pautas de gestión para ser implementadas en la FJ, para lo cual se debe trabajar en catálogos o manuales mínimos que permitan dos aspectos clave: a) Desarrollo de capacidades de servidores (as) judiciales para dar respuestas a las metas y objetivos del sistema; b) Que esas respuestas sean oportunas.

Algunas estrategias ya constan en el PNBV 2013-2017; corresponde empezar a discutir y promover esfuerzos para armar la ficha de indicadores de las políticas en justicia. Necesitamos discutir el estado del sistema sobre proyecciones, pero también a partir de fuentes de datos, representaciones, desagregaciones y unidades de estudio sobre su funcionamiento.