La detección de las actividades ilícitas que cometía un grupo dedicado a robar carros tomó varios meses. Los investigadores descubrieron que la pieza clave de las actividades ilegales era un policía en servicio activo, quien tenía acceso a información confidencial del sistema digital de la Policía Judicial.

Esa punta de ovillo posibilitó desenredar una red delictiva, que fue desarticulada hace 2 semanas en Quito con la captura de 19 presuntos implicados, incluidos otros 2 policías en servicio activo y un empleado de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Tania Moreno, indicó que en el operativo, ejecutado en Quito, se allanaron 15 domicilios, en los cuales encontraron 20 vehículos, $ 1.430 en efectivo, 36 celulares, un chaleco reflectivo, 5 equipos portátiles, computadoras; además, incautaron 153 documentos que presuntamente eran utilizados para legalizar los carros. Adicionalmente se efectuó otro allanamiento en Santo Domingo, donde se capturó a una persona e incautaron 1.011 cartuchos de distintos calibres, 6 armas de fuego y 3 vehículos.

Moreno dijo que los delitos se cometían posteriormente a la solicitud del tipo de automotor. Uno de los agentes encargados de la indagación, que pidió la reserva de su identidad, informó que el sargento Juan Carlos T. sería el principal impulsador de esta red, cuyos integrantes desempeñaban labores específicas.

Lista de carros robados en 1 año

El gendarme, procesado y con prisión preventiva, laboraba en la Brigada de Automotores de la Policia Judicial de Quito. Él era el único que tenía las claves para ingresar datos sobre carros robados y recuperados. “Era un puesto de mucha responsabilidad, a tal punto que no entregaba las claves de acceso ni a sus superiores”, dijo el agente.

Esta situación la aprovechó para ingeniarse una nueva modalidad de robo de carros, la cual consistía en elaborar una lista de los vehículos reportados como robados y que tenían más de un año en el registro.

Los cómplices buscaban automotores con similares características, modelo, color y año de los registrados. Cuando obtenían uno, le comunicaban al sargento, que ingresaba los datos en el sistema y los ponía en estatus de recuperados. El empleado de la AMT, con prisión, gestionaba los papeles legales del carro, que supuestamente fue recuperado. Otros integrantes se dedicaban a modificar los números de identificación.

Para el agente de Automotores, este grupo habría negociado unos 300 vehículos bajo esta modalidad. Los delincuentes buscaban autos de gama alta. Además, la lista que proporcionaba anualmente el sargento también permitía que los delincuentes buscaran en los remates de las aseguradoras de carros siniestrados y, de la misma manera, con los robados intercambiaban los papeles, colocando las identificaciones de los carros como si los hubieran reparado.

Este trámite estaba a cargo de Olga R., quien, presuntamente, recibía información del teniente de Policía Mario P. y del sargento Luis P., sobre los operativos o la recuperación real de los autos de la lista. La investigación se extendió 8 meses hasta obtener la información completa de todos los implicados en la red y su forma de operar.

Al momento, 9 personas están con prisión preventiva, 3 con arresto domiciliario y 7 tienen medidas alternativas, mientras la Fiscalía avanza con la instrucción por el delito de asociación ilícita.
El viceministro del Interior, Diego Fuentes, ratificó que la estructura de la red ejecutaba sus acciones “bajo pedido de clientes y de manera violenta”. Una vez que el vehículo era robado, mediante modalidad de ‘pateros’, referido al uso de herramientas metálicas para forzar las seguridades de los automotores y robo a mano armada, “procedían a la alteración de su sistema de identificación alfanumérico con la complicidad de funcionarios de la AMT”, indicó el Viceministro.

El jefe de Estado Mayor de la Policía, Milton Zárate, confirmó que el miembro de la PJ involucrado era digitador en la Unidad y el responsable de cambiar las improntas y números de chasis de los vehículos en el sistema de la Policía, mientras que los otros 2 daban seguridad a la organización. Los 3 policías involucrados, además del proceso administrativo de desvinculación, también afrontarán el proceso penal.

El oficial recomendó a los ciudadanos que se aseguren de la legalidad de los carros que compren, para ello pueden solicitar asesoramiento gratuito en la Policía Judicial. De enero a marzo de este año se denunciaron 1.290 robos de carros, lo que significa una reducción de 16% con respecto a la cantidad de autos sustraídos en el mismo período de 2015. El año anterior se registraron 5.758 robos de vehículos. (I)