Una imagen que muestre la violencia, la opresión, la condición del ser humano, siempre sacudirá  el  intelecto y la sensibilidad de los hombres. El arte no solo debe mostrar la belleza, sino al ser humano, incluso en sus facetas más oscuras.

De esta forma inició el movimiento muralista en México, a principios del siglo XX, como una protesta contra las condiciones sociales y económicas que vivía el país en ese momento. La protesta también era en  contra del elitismo,  que tenía resguardadas las obras de arte en los museos, a disposición solamente de quienes pudiesen adquirirlas o contemplarlas en un ambiente ideal.

El muralismo, como movimiento artístico, nace de la gente y para la gente. Nace inspirado en la lucha social, para provocar en el ciudadano común la reflexión sobre sus derechos y sobre cómo debería funcionar una sociedad justa y libre.

Artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamaño, Roberto Montenegro, Federico Cantú, Jorge González Camarena y Diego Rivera son  los principales muralistas mexicanos.

Este último realizó un mural, por encargo, en Estados Unidos para el empresario John D. Rockefeller, en 1933,  pero cuando el potentado vio la obra, que hacía alusión a las simpatías de Rivera por las políticas de la Unión Soviética y de Lenin, específicamente, mandó a derribar la obra. En rebeldía, Rivera, quien había conservado fotografías del mural, lo pintó nuevamente e introdujo la imagen de Trotsky.

Y es que el arte, aparte de su afán estético, propone la denuncia, la pasión, la rebelión.

Así lo demostró también Pablo Picasso en 1937, durante la Exposición Internacional en París. El artista develó una de sus obras más famosas y la más triste: Guernica. En abril de ese año, la localidad civil, rural, de Guernica, en España, fue bombardeada por la Legión Cóndor, de la Fuerza Aérea Alemana, en el marco de la Guerra Civil española.

Sobra mencionar las consecuencias del bombardeo de una aviación moderna sobre una población rural. Pero las horrendas  huellas quedaron impresas en el cuadro de Picasso, en imágenes desmembradas, los gritos, la deformación del ser humano sometido a la brutalidad de sí mismo.

El arte se convierte en denuncia de la violencia, de la opresión, y Ecuador no es ajeno ni a la furia ni al arte. La obra de Oswaldo Guayasamín ha sido ampliamente difundida. Su mural más reconocido es el de la Asamblea Nacional, Imagen de la Patria, inaugurado en 1988.

Siguiendo esta tradición artística y de conciencia social se ubica hoy el pintor Pavel Égüez. En 1999 inició su proyecto continental Grito de los excluidos, una serie de pinturas para mostrar la opresión de las clases menos favorecidas de América. Asimismo, obras suyas pueden apreciarse en los muros de la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Politécnica Salesiana, ambas en Quito.

Hoy Égüez quiere darle una voz a aquellos que han desaparecido, que han sufrido bajo la represión de los Estado totalitarios que alcanzaron a ciertos países del continente, particularmente en los años 70 y 80.  

De ahí nace Grito de la memoria, el mural que hoy se develará a las afueras de la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de Octubre.

¿Por qué eligió Égüez un muro para expresar este grito continuo por la justicia? Por el mismo motivo que esgrimieron los muralistas mexicanos en su momento: para que todos, hombres, mujeres y niños, miren, recuerden y reflexionen.

La memoria es una condición frágil en el ser humano, paradójicamente, pues debería estar siempre dispuesta a advertir sobre lo malo que una vez sucedió para que nunca más se repita.

Así Pavel Égüez se ha propuesto resucitar los horrores de la América sometida por las dictaduras. Las víctimas aún esperan su honra, y en este mural, de cierta forma, se cumple una especie de rito fúnebre.

La propuesta de Égüez pasa por que el arte demuestre no solo la belleza del mundo, sino que logre la conmoción del espíritu, la reflexión, la promesa de que lo atroz no volverá a manifestarse en las calles.

66 años de reconocimiento de los derechos humanos

En 1948 fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que unen a los pueblos  como una comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores.

Pero esos derechos no siempre son respetados. En ocasiones, los mismos hombres que firman las cartas de derechos, en algún momento se vuelven contra sus congéneres. Entonces, las voces deben alzarse desde todos los ámbitos.

Como un recordatorio de que los Derechos Humanos, en su día internacional, 10 de diciembre, no solo deben celebrarse un día al año, el mural de Pavel Égüez estará a la vista de todo aquel que quiera mirar, no solo hacia esa pared pintada, sino hacia su pasado, el pasado de todos.  

Esta denuncia artística también se exhibe como una propuesta hacia un futuro, en el que la violencia del hombre sobre el hombre no sea sino un triste recuerdo de épocas oscuras. Y donde los derechos de la comunidad internacional no se queden en una declaración de papel.

En Ecuador las autoridades reflexionan sobre estos delitos  

En el Seminario Internacional “Verdad, Justicia y Reparación”, realizado el lunes en  Flacso, el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo recordó que en la década de los 80 en Ecuador se aplicó una política represiva desde el Estado contra quienes consideraba el ‘enemigo interno’ por no alinearse a la política del gobierno de León Febres Cordero. “No importaba si pertenecían o no a  ‘Alfaro Vive Carajo’ -grupo subversivo de esa época- porque igual se los acusaba de eso”.

Tomó como ejemplo la existencia del grupo especializado de la Policía -que siempre fue negado por las autoridades- denominado SIC-10 (Servicio de Investigación Criminal), cuya principal misión era “prevenir” y combatir  la subversión. En 2013 la Fiscalía tuvo que allanar oficinas de la Policía Nacional y encontraron “casi 500.000 documentos” de órdenes firmadas con nombres y apellidos de quienes realizaron ese tipo de ‘operaciones’.

Por ello, Jaramillo destaca los resultados de la Comisión de la Verdad, pues el caso ‘Vaca, Cajas, Jarrín’, principales víctimas de violaciones de los derechos humanos en los años 80, que pronto irá a juicio.

De su lado, el fiscal general  Galo Chiriboga manifestó que en América Latina los regímenes autoritarios de los años 70 y 80 protagonizaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos a través de los aparatos estatales para reprimir la disidencia. Pero aclaró que esa situación no podría aplicarse en todos los países. “En Ecuador, la represión estatal vino de regímenes presidenciales que se instalaron  en un contexto democrático luego de 1979”.

Detalló que la lucha contra la impunidad lleva varias décadas y aún con los avances de la Comisión de la Verdad, el país está comenzando un proceso de reivindicación de los derechos humanos que ya ha avanzado en otros países.

“En Ecuador debemos dar más pasos, pues tenemos más interrogantes que respuestas. Por ejemplo: ¿Qué pasó con los hermanos Restrepo, la muerte del joven Damián Peña en Cuenca, qué sucedió realmente en el accidente del expresidente Roldós?”, cuestionó.

Desde marzo de 2012 la Fiscalía investiga los 136 casos recibidos por la Comisión de la Verdad y se les da seguimiento, dijo Chiriboga.

La judicialización de esos casos implicaría no solo las sentencias a los ejecutores de violaciones a los derechos humanos en el país, también formará parte de la recuperación de la “memoria histórica” y la reparación a las víctimas.

Para el jurista Carlos Poveda, quien presentó la ponencia ‘El derecho a la Verdad’, los procesos de judicialización de violaciones a los derechos humanos han tenido dificultades como el fallecimiento de testigos y víctimas durante el desarrollo de las audiencias.

Indicó que el derecho a la verdad es colectivo, pues a través de los recursos judiciales, las víctimas pueden conocer cómo sucedieron los hechos. Por ello, Poveda resaltó que el artículo 78 de la Constitución de Montecristi garantiza el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad, es un logro.

Actualmente el país cuenta con un sistema de reparación integral para las víctimas, pero qué ocurriría si hay fiscales que se abstienen de acusar y ya no desean investigar se preguntó Poveda, por ello sostiene que es importante considerar los plazos para la reparación de las víctimas.

“En el caso de la muerte de Damián Peña, en Cuenca, se esperaron 10 años para la formulación de cargos y la investigación la hizo la misma policía”. Concluyó que el derecho a la verdad  fortalece a las instituciones democráticas, y sobre todo, equipara los derechos de la víctima y del procesado.     

Jueces de paz, un mecanismo que garantiza el acceso a la justicia

El Consejo de la Judicatura posesionará hoy a  los primeros 20 jueces de paz, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ellos fueron elegidos por sus comunidades, luego de un proceso de formación y selección, porque gozan del respeto y el apoyo de los pobladores.

Según el artículo 189 de la Constitución, los jueces de paz resolverán conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, pero en ningún caso podrán ordenar la prisión de una persona. Además, utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para resolver los conflictos. No se necesita  ser profesional en Derecho para ejercer el cargo.

La selección de los jueces de paz se dividió en 2 etapas: la primera inició en enero pasado con un  diagnóstico de las parroquias; y en febrero se  les explicó el Programa Nacional de Mediación.

Los jueces de paz actuarán en parroquias como Tarqui (Azuay), Pinllopata (Cotopaxi), El Morro (Guayas); San Sebastián (Manabí), Cotundo (Napo), La Ferroviaria (Quito). Todos se capacitaron en mediación, diálogo y resolución de conflictos.