Para enfrentar el abuso contra individuos  vulnerables (hombres o mujeres) existen  organismos que trabajan coordinadamente; están   la Unidad contra el Delito de la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Judicial, el Grupo Antitrata de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia y la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior. Estas unidades establecieron una articulación directa con la finalidad de recibir casos de presunta trata de personas y empezar el proceso de judicialización en la Fiscalía General del Estado, lo que genera continuas reuniones de coordinación, control y seguimiento de los casos.  La ejecución, monitoreo, control, verificación y evaluación del Plan Nacional aprobado están a cargo de dieciocho instituciones del Estado, las cuales están divididas por mesas operativas (prevención, protección e investigación) de acuerdo a los ejes del plan. Para tener un registro completo de los casos, denuncias y sentencias, entre otros detalles, se diseñó un software que, además, permite la georreferenciación del delito. Además, se está adecuando una vivienda para acoger a las víctimas de la trata de personas. La finalidad es crear más centros de acogida. La cooperación internacional también es importante, por lo que ya se han realizado reuniones con otros países.