Cuatro años han pasado desde que Michael Arce Méndez busca justicia por los malos tratos que recibió de un superior cuando asistía a la Escuela Militar Eloy Alfaro.        

La decisión de un juez permitió que el presunto agresor siguiera libre, pero la Corte Nacional de Justicia (CNJ) devolvió la esperanza de justicia al excadete.

Los jueces de la CNJ decidieron anular la sentencia que declaró inocente al oficial Fernando E., quien fue procesado por el delito de actos de odio.

La causa vuelve a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para la instalación de una nueva audiencia de juicio.

Arce recibió con cierta expectativa el fallo por escrito emitido por el Tribunal Penal de CNJ.

“Tengo la esperanza de que esta vez los nuevos jueces puedan valorar en su conjunto todas las pruebas que presentamos y que el anterior tribunal no tomó en cuenta”, manifestó el joven, de 24 años.

En máximo un mes la Corte Provincial emitirá la fecha para la audiencia de juicio por el delito de odio, recordó el excadete que le había mencionado su defensa, Juan Pablo Albán. A esta diligencia judicial deberá asistir el imputado Fernando E., teniente del ejército, y quien era instructor en 2011 en la escuela Eloy Alfaro.

Nulidad por falta de motivación

El 9 de julio, Gladys Terán, jueza ponente de la Sala Especializada de Garantías Penales de la CNJ, declaró la nulidad constitucional por falta de motivación en la sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial de Pichincha. Esto ante el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General del Estado.

Esta decisión se sustentó en que se dejó en situación de revictimización a Michael Arce por falta de tutela judicial efectiva, al considerar que la sentencia de inocencia a Fernando E. fue ratificada sin la suficiente motivación por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha.

Según el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de odio se sancionará con 1 a 3 años de privación de libertad “al ciudadano que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, migratoria, discapacidad, o portar VIH”.

Desde que Arce en 2011 entró en la escuela recibió del militar maltratos físicos y psicológicos, así como discriminatorios por su condición de afroecuatoriano. También obligaba en ocasiones a sus compañeros a hacer lo mismo, si no los castigaba, según los testimonios que constan en el acta de sentencia.

Esta situación llevó al joven a pedir la baja a las autoridades militares, pero su progenitora lo alentó a denunciar al oficial.

Así, de la investigación de una queja presentada en la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía inició una indagación previa en mayo de 2012. En julio del siguiente año se dictó prisión preventiva contra el militar por el delito de odio racial. En 2013 fue declarado inocente y  puesto en libertad. En 2015 vuelve la causa a los tribunales.

Estudia pedagogía

El joven al momento estudia en la Universidad San Francisco la carrera de pedagogía gracias a una beca. “Aún no hemos conversado con el abogado para preparar la defensa en el juicio, pero espero que mi caso sirva de ejemplo para erradicar la discriminación en el país”. 

Hubo muchos errores en el proceso, por eso los jueces de la CNJ decidieron anular todo lo que hizo el tribunal anterior. (I)