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Tareas pendientes para una política pública de fortalecimiento de la mediación

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Cuando empecé con este espacio de opinión, en mayo de 2012, formulé varias recomendaciones para una política pública de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En la actualidad existen 55 centros de mediación (CM) funcionando en el país. Ahora intentaré proponer los desafíos críticos para estas unidades que deben ser impulsados desde la Función Judicial.

Más allá del seguimiento institucional y presupuestario a estos centros es indispensable construir indicadores que permitan evaluar los servicios prestados a los usuarios desde distintas miradas que ayuden a medir el derecho de acceso a la justicia en la mediación judicial, y mediante la utilización de aquellas variables que significan un problema para el andamiaje de la justicia ordinaria poder contrastar con estos medios alternativos, en tanto se convierten o no en herramientas para mejorar la atención a las controversias judiciales y su correspondiente procesamiento en los tribunales.

Por ello, la primera variable podría ser el tiempo que emplean los servicios de mediación  si cuentan con plazos razonables para su resolución, si las respuestas que recibieron los usuarios son experiencias que demuestran agilidad, prontitud y efectividad, si es prudente el tiempo empleado para la negociación, si la duración de los procesos representa una ayuda diferenciada con relación a lo que significarían los plazos utilizados en las judicaturas.

Otro elemento relevante que permita apreciar si el trabajo de los centros puede ser un aporte para los derechos relativos a la justicia es lo concerniente a los resultados y efectos alcanzados. Para ello, también, es crucial la opinión de los mediados en tanto consultar los niveles de satisfacción o inconformidad con las consecuencias producidas, si contribuye a elevar la confianza y credibilidad en la Función Judicial, y si realmente representan un aporte con relación a los prolegómenos de la jurisdicción tradicional.

Otro aspecto sobre el que corresponde trabajar es en cuanto a las condiciones que ofrecen y pueden garantizar los CM, si observan procesos equitativos de negociación, si permiten el acceso de mayores sectores de la sociedad a la resolución de sus conflictos o, por el contrario, los dificultan más con sus procedimientos.

También, es pertinente indagar en aquellos usuarios del servicio que no lograron acuerdos en los casos mediados. Consultar si existen problemas metodológicos en el funcionamiento de los CM, por qué razones creerían que la falta de acuerdos podría estar relacionado con la adopción de decisiones no justas en sus casos y si esto estaría en relación dependiente con la actuación del mediador/a, la estructura organizacional de los CM o con el desarrollo del proceso de mediación en su conjunto.

También, convendría evaluar y analizar aquellos casos que se derivaron de un proceso ya existente en una judicatura, en cuanto a los niveles de satisfacción o inconformidad con la experiencia de mediación, si esta constituye o no una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia, si existen condiciones de calidad en la atención que puedan diferenciarse con el servicio que pudieron haber recibido de los tribunales.

Los factores como el uso responsable y razonable del tiempo en la duración de los procesos, la calidad de la atención, la eficiencia en el desempeño, las condiciones de equidad para la accesibilidad de la población, la búsqueda de soluciones eficazmente negociadas, entre otros, son objetivos que deben garantizar los centros de mediación para profundizar los derechos de la ciudadanía. Para ello no es un logro suficiente el funcionamiento de los centros, sino la realización de investigaciones sobre su desempeño y las consultas a los usuarios para mejorar estos servicios. 

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