El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), Rodrigo Vélez, dice que la tabla máxima aprobada para el  porte y consumo de drogas de una persona en Ecuador no salió “halada de los cabellos”, sino de un análisis técnico-científico.

Ante las críticas tras la aprobación de la resolución por parte del Consejo Directivo del Consep de la tabla que establece las cantidades admisibles, aclara que ningún gobierno en el pasado ha abordado con   frontalidad y  soberanía el fenómeno social de las drogas.

La tabla, que en días pasados fue explicada por Vélez ante la Comisión de Justicia  de la Asamblea, fija que cada consumidor, sin incurrir en delito, puede portar 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0.015 de MDA-N.etil-a meta-3.4-metilendioxifenetilamina, 0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3.4- metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas.

Hay varios cuestionamientos sobre la forma en que se  regula  la tabla de cantidades máximas que puede portar una persona y para diferenciar entre consumidores y expendedores. ¿Qué puede decir al respecto?
La tabla es una herramienta técnico-científica para el sistema judicial, para que los jueces puedan ya no acudir a la discrecionalidad sino a un registro científico contrastado, que los ayudará a determinar la situación legal si un ciudadano ha sido detenido portando más o menos de la cantidad admisible. Esas cantidades, para ser acogidas en la resolución (del 21 de mayo pasado), fueron investigadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y están relacionadas a las dosis que una persona puede consumir sin que sea letal. Entonces, son cantidades que no han salido halada de los cabellos, sino de un análisis técnico-científico.

¿Qué sigue después de la resolución que aprobó la tabla máxima para la tenencia y consumo de drogas?
Vendrán otros procesos, que complementarán este vacío legal que hemos tenido en el país.

¿O sea que la resolución del Consejo Directivo del Consep no significa despenalizar recién ahora el consumo de drogas, sino complementar el vacío legal?
Desde 1997 está despenalizado el consumo, con la Ley 108 estaba despenalizado. Con la Constitución de Montecristi de 2008 más claro no puede estar su despenalización, ya que se menciona que es un problema de salud pública. Entonces, no podemos despenalizar lo que ya estaba despenalizado. Lo que hemos es llenado un vacío legal para la aplicación del artículo 364 de la Constitución.

¿La resolución emitida por el Consejo Directivo del Consep es de obligatoriedad para los jueces?
No es obligatoria ni tiene el carácter de vinculante, eso será cuando se trate o estipule dentro del Código Integral Penal que se debate en la Asamblea Nacional, de donde saldrán las decisiones para ver si integran la tabla al cuerpo legal o se refiere a un reglamento de salud.

En ese sentido, ¿cuál fue el aporte que hizo al acudir a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional?
La invitación de la Comisión de Justicia fue para explicarles el alcance que ha tenido la resolución del Consejo Directivo del Consep. Le hemos entregado al presidente de la Comisión (Mauro Andino) y a los asambleístas una copia de la investigación de toxicidad, psicológica y biológica que hizo el MSP y que determinó esa tabla. Es decir, entregamos todos los sustentos a la Comisión.

¿Cuándo se publicó en el Registro Oficial la resolución del Consejo Directivo del Consep aprobada el 21 de mayo pasado y cuáles son las siguientes medidas por adoptar?
El 20 de junio pasado se publicó en el Registro Oficial número 19, adjuntando el informe del MSP. Sobre las medidas que siguen, coordinamos con las diferentes instancias del Estado que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, hemos dado los primeros pasos para actualizar el Plan Nacional de Prevención Integral, que luego se enviará al Presidente de la República para su aprobación. Estamos trabajando en este momento en el Plan 2013-2017, que esperamos en las próximas semanas sea aprobado en el Consejo Directivo del Consep, por las diferentes instancias que participan: los ministerios de Salud, Educación, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, MIES y Justicia, para enviarlo al Ejecutivo.

¿Tal cual se publicó en el Registro Oficial es el aporte que llevó a la Comisión de Justicia para ver si se lo incluye en el proyecto de Código Integral Penal?
En cuanto a la tabla, hemos llevado todos los sustentos que han aportado a  la investigación.

En el tema de clínicas para tratar a gente con adicciones o “usadores de drogas”, como los definen ustedes, ¿qué planes tienen para rehabilitarlos desde el Estado, cuántas clínicas públicas hay?
El tema, puntualmente, pasa por el MSP, que es parte de nuestro Consejo Directivo del Consep. Con ellos trabajamos coordinadamente. Sin embargo, en el país ya existen en este momento cuatro centros públicos, ubicados en las provincias de El Oro, Cañar, Guayas y Pichincha. Además, el MSP trabaja en el proceso de salud primaria y secundaria, y en un futuro cercano se implementarán centros de tratamiento ambulatorio a nivel nacional. Ningún gobierno en el pasado abordó con frontalidad y soberanía con las que estamos actualmente enfrentando el fenómeno social de las drogas.

Pero desde algunos sectores se dice que con la resolución que fija la tabla máxima de porte de droga se nos va a filtrar el narcotráfico y a  incentivar el consumo especialmente entre los jóvenes. ¿Qué opina al respecto?
Todo el accionar del Estado y del Consep está centrado en el ser humano y no en la sustancia, que es lo que nos han vendido durante 40 ó 50 años de guerra contra las drogas. Nos han tenido cautivos en una filosofía de que debemos atacar a una sustancia inerte  y sobre eso poner el esfuerzo de las naciones, los recursos. Sin embargo, ahora estamos centrados en el ser humano y en comprender todo lo que implica un fenómeno social como el tema de las drogas.