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Se conformó tribunal para resolver recursos de nulidad y apelación en caso Cofiec

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Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Jorge Blum, Vicente Robalino y Merck Benavides conformarán el Tribunal Penal para conocer y resolver los recursos de nulidad y apelación planteados por la Fiscalía General del Estado y por los procesados, dentro del denominado caso Cofiec.

El recurso de nulidad fue presentado por los procesados llamados a juicio dentro de la Instrucción Fiscal, mientras que el de apelación fue planteado por el fiscal general.

En la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, Chiriboga pidió que se llame a juicio a 13 procesados en calidad de autores y a 6 como encubridores.

No obstante, el juez Paúl Íñiguez convocó a juicio a 9 presuntos involucrados y sobreseyó 4 personas. Entre ellos se encuentran Germánico M., Omar U., Roberto S., María M., e Iván G, exintegrantes del Directorio de la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo S.A. (Cofiec). Ante tal situación, la Fiscalía apeló el fallo del magistrado.

Entre los individuos que fueron convocados a juicio por presunto delito de peculado, se encuentran Pedro D., expresidente del Directorio del Banco Central del Ecuador y exdirector del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien actualmente radica en los Estados Unidos y tiene una orden de detención.

También Gastón D., quien habría sido beneficiario del préstamo y al momento tiene medidas sustitutivas en Argentina y debe presentarse periódicamente ante un juez en ese país.

El resto de presuntos involucrados son exfuncionarios Cofiec, de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, (Ugedep), Seguros Rocafuerte, entre otros organismos.

En 2011, el empresario argentino solicitó un crédito por $ 800.000 para adquirir una plataforma transaccional para celulares. Según versiones de exfuncionarios de la agencia, la solicitud se habría aprobado bajo algunas irregularidades por la supuesta presión del ex presidente ejecutivo del banco, Antonio B., quien también tiene orden de detención.

En agosto de 2012, el caso se conoció luego de que María Fernanda Luzuriaga, ex presidenta ejecutiva de Cofiec, inició un proceso legal para cobrar el préstamo que cayó en mora.

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