Emma Celis recordó con desagrado el momento en que le informaron sobre el robo de equipos electrónicos en la Unidad Educativa Fiscomisional Tirso de Molina. Ocurrió un fin de semana hace apenas dos meses, en el norte de Ambato. Y no es el único caso. “Los responsables saltaron el muro que se levanta, escasamente, a metro y medio del piso. Se llevaron las computadoras, los retroproyectores, televisores plasma y grabadoras que se utilizaban para dictar las clases. Nos quedamos pasmados y con los brazos cruzados. Valoramos la pérdida en $ 5.000 y la denuncia fue presentada en la Fiscalía”, aseguró Celis, vicerrectora del centro educativo, donde estudian 1.700 niños y jóvenes en educación general básica y en bachillerato, en la parroquia Izamba.

Los chicos que allí estudian provienen de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo. Ellos han empezado a pagar una pensión de $ 19 y la pérdida de los equipos electrónicos todavía les afecta.

Hay más delitos

El mismo desagrado de Celis experimentaron los rectores, profesores y de estudiantes de por lo menos 15 establecimientos educativos de Ambato, en lo que va del año. Es que desde que entró en vigencia la externalización de servicios en los planteles educativos, dispuesta por el Ministerio de Educación, los conserjes deben ser reemplazados por guardias privados. Pero no todas las unidades educativas han podido hacerlo y algunas quedaron prácticamente desamparadas.

La excepción se aplica en aquellos planteles que se acordó además de la guardianía privada, instalar cámaras de seguridad, botones de pánico y gestionar por más patrullaje policial en las madrugadas de los fines de semana y feriados, que es cuando se intensifican estos delitos. Otro detalle que ha dado de qué hablar es la forma como actúan estos grupos. Utilizan adolescentes y niños para quienes la ley es más contemplativa. Es lo que ocurrió el domingo 17 de abril.

Según el parte policial, dos niños de 8 y 10 años fueron aprehendidos por la Policía dentro de la Unidad Educativa Guayaquil. En su poder se halló una mochila negra que contenía una laptop, dos llaves de tuerca, un balón de fútbol, una radio de color azul marca Kinwillie y dos teléfonos celulares.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) se hizo cargo de ellos. A los agentes de la Policía Judicial (PJ) les ha quedado claro que hay perpetradores adultos detrás del caso.

Así reflexionó Johnny Jurado, jefe de la PJ de Tungurahua. “En estos cuatro meses han ocurrido unos 15 casos. Hemos capturado 4 bandas y tenemos la pista de otras. Realizamos allanamientos y redoblamos patrullajes, pero la responsabilidad no solo es de la Policía Nacional. Los padres de familia y las autoridades educativas deben organizarse mejor”.

Unidades y centros educativos como el Rumiñahui, Sagrada Familia, Guayaquil, Hispano América, Francisco Flor, Atahualpa, San Alfonso, entre otros, han sido ‘visitados’ también por grupos delictivos. En la mayoría la forma de actuar de los sospechosos causa dudas. “Es como si supieran exactamente a dónde ir y por dónde hacerlo”, argumentaron los investigadores que les siguen la pista.

Fabio Monar, coordinador de Educación de la Zona 3, aseguró a medios locales que se toman acciones frente a este problema. Este diario trató de comunicarse con él, por dos ocasiones en las últimas 48 horas, pero el funcionario se hallaba en reuniones y recorridos. Ayer se envió por mail una solicitud de información al Departamento de Comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron los datos requeridos. Jurado dijo que presentará un plan de seguridad para que los rectores de unidades educativas lo consideren este año. (I)