La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avocó conocimiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), enviado por el Ejecutivo que determina que cuando una persona ocasiona un accidente de tránsito y huye, se establece como delito culposo la fuga y, en consecuencia, plantea una sanción adicional a la existente.

Mariángel Muñoz, vicepresidenta de la comisión, anunció que durante el tratamiento de la normativa en el seno del organismo legislativo se convocará a las autoridades de tránsito para que presenten sus observaciones y sugerencias.

En materia de seguridad vial los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir su rol, con campañas de capacitación e información, para proteger la vida de peatones, conductores y usuarios del transporte, insistió la legisladora.

“La persona que ocasione un accidente de tránsito, del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad”, señala el artículo 377 del COIP.  

Otro chofer que se dio a la fuga

De acuerdo con la información proporcionada por la cooperativa Flor del Valle, el conductor asignado para realizar ese viaje y conducir la unidad N-41, de placas TVA 1200 que se accidentó el martes último, era Edwin Gastón de la C. portador de la licencia tipo D.

“Se ha verificado en el listado de los heridos si se encontraba, hasta el momento con la Fiscalía se realizan las investigaciones para la localización del conductor, indicó el director de Tránsito de la Policía Nacional, coronel Wilson Pavón.

La unidad transportaba a 34 pasajeros. Tras el accidente hubo 12 personas fallecidas y 25 heridas.

El autobús cayó a una quebrada de 10 metros de profundidad en el sector Cusubamba, Guayllabamba (Pichincha), luego de impactarse contra una camioneta en donde viajaban un hombre, una mujer y un infante. El conductor y el bebé fallecieron y la mujer está delicada.  

Actualmente se realizan las labores de peritaje correspondientes para determinar las posibles causas del accidente. Ello será determinado por el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Armando Soto, vicepresidente de la cooperativa, aseguró que la unidad que se accidentó tiene los permisos y los documentos al día y que esa empresa ayudó a las víctimas.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), John Hill Peña, tras justificar la reforma legal que se tramita en la Asamblea, anunció la suspensión por 30 días a la cooperativa, en la ruta Quito-Cayambe y viceversa.

El funcionario señaló que esa medida se basa en el artículo 95 del reglamento general de aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues las presuntas infracciones lesionan el interés social.

Manifestó que la ANT de Pichincha elabora un plan de contingencia, para que las rutas y frecuencias involucradas sean cubiertas durante el tiempo de suspensión.  

El 12 de mayo de 2015 esa empresa fue suspendida por 15 días, por lo que luego de la indagación se determinará si procede o no la suspensión definitiva. (I)