Verónica Galarza aún no puede evitar las lágrimas cada vez que recuerda la muerte de su hijo Fernando Jaramillo, de 17 años, quien murió atropellado por un bus urbano, hace 6 años, cuando salía del colegio Montúfar, donde estudiaba en el cuarto curso, lo que inició una larga lucha judicial.

Con la voz quebrada, la mujer comentó que en su caso tuvo que lidiar con un sistema de justicia que en materia de tránsito, considera, es demasiado lento y desconsiderado, “creen que las personas son cosas, todavía no hay conciencia, han sido 6 años de lucha. Los abogados, fiscales y jueces se preocupan de determinar los montos de las indemnizaciones antes que el esclarecimiento de la verdad y castigar a los culpables”, manifestó.

Hace 2 semanas, MarcoTamayoMosquera, juez de la unidad de Tránsito de Pichincha, emitió el fallo derivado del proceso por daños y perjuicios que inició la madre por la muerte de su hijo, una vez que sentenciaron al conductor de la unidad de transporte público, Geovanny Calderón, a 3 años de prisión, proceso que igualmente tardó 5 años ya que inició en enero de 2009 y recién recibió sentencia de última instancia en enero de 2014.

Disposiciones del fallo

La última sentencia tiene 10 puntos, los cuales determinan la reparación inmaterial del hecho entre los que constan la colocación de una placa conmemorativa en el colegioMontúfar en honor a la víctima.

También, dispone que el Municipio de Quito, a través de la Dirección de Movilidad, ubique el nombre de Fernando Alexander Jaramillo Galarza al paso peatonal situado en la avenida Napo y Upano, en la salida principal del colegiodonde el estudiante fue atropellado la tarde del 24 de enero de 2009.

Además, se ordena a la Agencia Nacional de Tránsito programe un curso de educación vial  y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes dirigido a conductores profesionales de empresas de transporte público. El curso llevará el nombre del estudiante fallecido.

El tribunal dispuso que de manera inmediata y en plazo no mayor a 8 días de ejecutoriado el fallo, se oficie a la Agencia Nacional de Tránsito para que conste en los archivos de la compañía de transporte Latina (a la que pertenece el bus causante de la tragedia), como precedente para la renovación del permiso de operación.

También, dice, que se oficie a la presidenta de la Asamblea Nacional para que en uno de los plenos de este organismo se realice un minuto de silencio en honor a Fernando Alexander y más víctimas de accidentes de tránsito.

Además, ordena el pago de una indemnización a la familia del joven fallecido de $ 176.495, cantidad que fue calculada a base del lucro cesante y que será cancelada por los propietarios del automotor.

El rector del colegioMontúfar, José Marín, reaccionó complacido con la sentencia, aunque todavía no se han comunicado con la entidad para coordinar las acciones ordenadas en la sentencia, la autoridad estima que sería un mensaje muy positivo, “colocar el nombre del infortunado estudiante en el puente peatonal frente a la institución permitirá tener presente siempre lo que sucedió, pero para que eso no vuelva a suceder”, dijo.

Sin embargo, la sentencia todavía no puede ejecutarse porque los dueños del bus apelaron la decisión en la Corte Provincial de Pichincha.

Esto desespera a Verónica como si recibiera otra vez el golpe de la muerte de su hijo, el aire le falta y un suspiro profundo detiene su llanto, “otra vez hay que esperar, primero sufrimos 4 años para que el culpable sea encontrado y sentenciado”.

Luego de la tragedia, el chofer del bus huyó del lugar y recién fue capturado a finales de 2013 cuando el dueño del bus accedió a entregar los datos del conductor que laboraba en la unidad el día del accidente.

En las investigaciones determinaron que el bus tenía 2 choferes,  uno que trabajaba de lunes a viernes y otro el fin de semana, que fue cuando ocurrió la muerte, pero la madre de la víctima destacó que el conductor que laboraba los 5 días de la semana manejaba con licencia caducada, de lo que se percataron porque durante la confusión del accidente hallaron ese documento del profesional del volante. “Nadie controla la compañía, sigue como si nada, y también debería ser sancionada porque ellos deben asegurarse a quién contratan, lo que no hacen” (I).

Datos

El accidente ocurrió el 24 de enero de 2009 en las afueras del colegio. El joven intentó subir al bus que arrancó intempestivamente para no dejarse rebasar por otra unidad.

El conductor estuvo prófugo varios años hasta que fue capturado y sentenciado el 24 de septiembre de 2013, a 5 años de prisión y el pago de una multa de $ 4.360 y una indemnización de $ 12.720.

En octubre de 2013, la Corte Provincial de  Pichincha modificó la condena y la redujo a 3 años de prisión y finalmente el 24 de enero de 2014 la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena de 3 años.

En mayo de 2015, más de un año después de presentada la demanda para la repara-ción integral, el juez de tránsito ordenó me-didas de satisfacción simbólica y el pago de daños y perjuicios. El fallo está en apelación.