Ocho meses de  proceso, el incumplimiento de plazos y   pruebas que no muestran el cometimiento  de un delito sino  lo que supuestamente iban a ejecutar, son los argumentos que mantienen detenidos  a  nueve de los diez acusados en el caso Sol Rojo. Abogados, activistas y defensores de los derechos humanos señalan: ellos no deben demostrar su inocencia, sino las autoridades su culpabilidad. Y eso todavía  no ha ocurrido.

Cerca de la medianoche   del 3 de marzo pasado, tras un allanamiento a una vivienda en Luluncoto, en el sur de Quito,  la Policía detuvo a 10 personas. La Fiscalía los acusó de  presunto   sabotaje y terrorismo contra la seguridad interna del Estado.

La defensa  indica  que la detención se dio a las 16:00 y fueron retenidos en el lugar  7 horas, violentando sus derechos constitucionales. La audiencia de flagrancia se realizó al día siguiente a cargo del juez 22º de Garantías Penales,  Juan Pablo Hernández, quien ordenó que los   7 hombres y las 3 mujeres  sean   trasladados inmediatamente  a centros de rehabilitación y,  posteriormente,  el juez ordenó medidas sustitutivas para Fadua Tapia (18 años),  debido a su   embarazo.

Según la Fiscalía,  ellos  pertenecerían al Grupo de Combatientes Populares (GCP),   vinculado con la detonación  de bombas panfletarias y artefactos explosivos en Quito, Guayaquil y Cuenca.

En los reportes policiales también se incluyen grabaciones de llamadas y registros de mensajes vía celular.
Familiares y allegados de los jóvenes,   en el registro de sus versiones,  afirman que se encontraban  conversando acerca de su aporte y participación en   la marcha “Por la Vida y la Dignidad de los pueblos”,   realizada el 8 de marzo de este año.

Entre las evidencias halladas  por miembros de grupos especiales que participaron en el operativo hay  cuadernos universitarios, agendas, CD  con música protesta, billetes de baja denominación y celulares. El 1 de junio terminó la instrucción fiscal y el 7 de julio se dio la audiencia preparatoria a juicio.

Ciro Guzmán, abogado de cuatro  jóvenes y presidente del MPD en Pichincha,  cuestiona  que todos los recursos presentados (apelación al auto de prisión preventiva; medidas sustitutivas;   solicitudes de amparo, de libertad; y hábeas corpus)  fueron negados por los jueces encargados.

También señala  que hay  lentitud    en el proceso y que  no se ha entregado la información requerida a la Fiscalía, con la cual   se  declararía nulo todo lo actuado. El abogado indica que al momento de la detención  no se exhibió una orden judicial y que en el operativo  todos fueron obligados a permanecer arrodillados durante horas. Posteriormente, se presentó  una orden judicial,  pero Guzmán afirma que el documento no pertenecía a un juez   competente de acuerdo a su jurisdicción, puesto que  la orden fue emitida desde la administración de Carapungo,   al norte de Quito, cuando la detención se efectuó en un barrio del sur de la urbe.

El juicio  está   previsto para el próximo 10 de diciembre, fecha que coincide con  el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los jóvenes permanecen detenidos en la cárcel Nº 3 de Quito, mientras las mujeres están recluidas en  El Inca.