Han pasado más de 500 días, y en este mes se cumplirá un año y medio desde los ataques en contra de normalistas de Ayotzinapa; pero las investigaciones están prácticamente en cero y el gobierno inició un tercer peritaje en el basurero de Cocula, en contra de la voluntad de los familiares de las víctimas.

Desde noviembre de 2014 la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido que los estudiantes secuestrados por policías fueron entregados a integrantes del crimen organizado, quienes los habrían asesinado y calcinado en el basurero del municipio contiguo a Iguala. Las únicas pruebas físicas presentadas por la PGR son bolsas con cenizas, que habrían sido extraídas de un río cercano, y un fragmento óseo de 4,5 por 5,5 centímetros que, según exámenes genéticos, pertenece a uno de los 43, el joven Alexander Mora Venancio. Peritos de renombre internacional, quienes actúan con aval del gobierno mexicano, han rebatido la hipótesis sobre el destino de los normalistas.

No fueron incinerados

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), considerado la mayor autoridad mundial en la materia, alertó que no consta que las cenizas hayan sido encontradas en el río, porque no atestiguaron el hallazgo y también que el pedazo de hueso de Mora Venancio no presenta el mismo nivel de incineración térmica que el resto de los fragmentos, por lo cual podría haber sido obtenido en otro lugar.

Después de 15 meses de trabajo en el basurero de Cocula, en tareas que incluyeron a 26 especialistas de 6 países y el uso de documentos oficiales como imágenes satelitales de Naciones Unidas, los antropólogos del EAAF fueron categóricos: “No hay evidencia alguna de que la noche del 26 y 27 de septiembre (de 2014) se haya quemado a 43 personas en Cocula”. A una conclusión similar llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): resulta imposible incinerar 43 cuerpos en las condiciones descritas por la PGR, dijo el GIEI en septiembre 2015 con base en los estudios realizados por el peruano José Torero, experto en fuego.

Conclusiones periciales se conocerán el 31 de marzo

Aunque los estudios de especialistas de diversas nacionalidades contaron siempre con aval del Estado mexicano, la PGR inició por estos días un tercer peritaje en Cocula. Por medio de un comunicado, la oficina resaltó que las conclusiones se conocerán a más tardar el 31 de marzo de 2016 y aseguró que mientras tanto se realizan también otras gestiones “orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la detención de todos los responsables”. Los familiares de los normalistas habían pedido que se abortara esta nueva prueba, porque significa “una pérdida de tiempo valioso y derroche de recursos”.

Verdad histórica

La hipótesis oficial sobre el caso, conocida como ‘verdad histórica’, se sostiene también en declaraciones de supuestos partícipes de los hechos. Sin embargo, tampoco resultan pruebas confiables para el GIEI, que documentó lesiones en la mayoría de los inculpados. Podrían haber sido obligados a autoinculparse y por eso los expertos han solicitado que se les aplique el Protocolo de Estambul, prueba para comprobar si fueron sometidos a torturas; pero los meses pasan sin que se practiquen esos exámenes. Tampoco han avanzado otras líneas de investigación como el trasiego de heroína entre Iguala y Chicago, posible móvil del ataque que la noche del 26 de septiembre concluyó con 6 personas asesinadas, 43 desaparecidos y decenas de heridos.

A 2 meses de que termine el mandato del GIEI, sus integrantes han denunciado una campaña para desprestigiarlos y ‘obstáculos’ que impiden el avance de las investigaciones. Por ejemplo, la negativa de las autoridades para entrevistar a militares del 22 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y la imposibilidad de acceder a pruebas como fotografías y videograbaciones registradas por los militares. Además, la filtración a la prensa de declaraciones erróneas o inexistentes, ‘un factor que genera confusión’, y la fragmentación del caso en juzgados ubicados a miles de kilómetros entre sí.

Los expertos enviados de la CIDH alertaron también que podrían quedar en libertad 22 policías detenidos por el asesinato del normalista Julio César Mondragón, a quien torturaron arrancándole los ojos y la piel de la cara. Esto después de que un juez determinó la falta de motivos para mantenerlos tras las rejas, “debido a las deficiencias en la investigación”.

En tanto, la madrugada del domingo último se registró una agresión en contra de los familiares de los normalistas. Sucedió en las cercanías del pueblo San Martín Texmeulcan, donde personas no identificadas lanzaron objetos y rompieron vidrios de los autobuses que los transportaban. (I)