Desde abril de este año, Ecuador cuenta con 733 defensores públicos, es decir que alcanzó el promedio regional de 5 por cada 100.000 habitantes. Ellos tienen la obligación de brindar un servicio gratuito dirigido, principalmente, a las personas que no pueden pagar un abogado.

Los defensores públicos, al igual que los abogados privados y los fiscales, formulan sus alegatos o criterios ante el juez cuando se trata de acusar o defender a una persona de un delito. De acuerdo con las pruebas y las evidencias presentadas, el administrador de justicia dicta su resolución o sentencia.

La parte procesal de cualquier condición social sancionada tiene la potestad de interponer recursos para apelar, ampliar o anular ese fallo, e incluso puede acudir a otras instancias judiciales para revisar su condena. La ley da ese beneficio a los imputados en proceso, así como a los fiscales cuando se considera que el juez no actuó conforme a derecho. El defensor público nacional, Ernesto Pazmiño, en los últimos días ha cuestionado al sistema judicial y penitenciario del país, en lo que califica como la ‘desproporcionalidad de la penas’.

La Judicatura defiende sistema

Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), el viernes último manifestó que si Pazmiño cree que las penas puestas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para determinadas conductas son exageradas, debe presentar propuestas de reforma sistemática y dosimetría (la proporción de la pena) respecto a la norma en la Asamblea Nacional para que las modifique. “Antes de criticar a los jueces, él debería cuestionarse sobre la calidad de capacitación que le está dando a sus defensores, que aparentemente pierden casos en los que es tan clara -según él- la inocencia de las partes procesales”, dijo el funcionario.

“Si el Defensor Público no está de acuerdo con la decisión tomada por los jueces, está obligado a presentar los recursos jurisdiccionales adecuados”, puntualizó. Arbito reiteró que los jueces aplican la norma impuesta sobre la base de un juicio penal contradictorio entre la Fiscalía y la defensa, y sobre todo, de acuerdo con los marcos legales que otorga el COIP. “Si prevaleció la tesis fiscal, es porque la defensa fue mala”. También estimó que se debería organizar un debate nacional para mejorar la defensa pública en el país.

Independencia de jueces

El funcionario del CJ también se refirió al comentario de Pazmiño sobre la falta de independencia de los jueces. “La decisión tomada en audiencia por los jueces garantiza su independencia”. Y agregó que él sabe que hacer una aseveración sin fundamento podría acarrearle responsabilidades.

Aseguró que cada caso en concreto es analizado por los juzgadores, y no se puede medir con la misma vara a todos los procesados. “El hecho de tener sentencias distintas no quiere decir que no ha sido aplicada la misma vara para todos”.

Recordó que en la mesa de justicia del mes anterior se tocó este tema con el doctor Pazmiño. “Se le advirtió que se debe analizar conceptual y técnicamente sus aseveraciones en el sentido de que no existe una desproporcionalidad ni tratamiento desigual, sino una vigencia de la norma penal”.

Indicó que en la próxima mesa de justicia le gustaría saber cuál es la propuesta de reforma del COIP del Defensor Público. “De lo contrario, sería una postura política y en lugar de criticarnos debería mejorar la calidad de sus defensores”.

La Fiscalía defiende su trabajo

“Desproporción sería sobrepasar la pena indicada por la normativa, lo cual no se puede hacer”, indicó Gustavo Benítez, fiscal de Delitos contra la Administración Pública, sobre las aseveraciones de Pazmiño.

Según Benítez, durante el juicio el fiscal demuestra, con base en elementos de convicción y pruebas, si la persona acusada actuó con mayor saña o los actos cometidos fueron agravando el acto cometido o si provocaron mayor conmoción o daño. “Cada caso es particular, no son iguales, incluso los que se sustancian por el mismo delito no se pueden comparar, pues los jueces juzgan de acuerdo con las pruebas”.

Sanciones acordes con COIP

La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, consideró que las personas que cometan un delito tienen que ser sancionadas con lo que establece la normativa penal vigente. “Si el Defensor del Pueblo tiene que cuestionar algún caso, lo debe hacer en audiencia, no frente a un micrófono. Por tanto, rechazo su postura respecto al sistema judicial”.

Las provincias de Pichincha y Guayas cuentan con la mayor cantidad de defensores públicos, en la primera hay 220 y en la segunda, 193. Luego le siguen Manabí, con 35; Los Ríos, 29; y Azuay, 28. Para las islas Galápagos se designó a dos. (I)