El Juzgado Octavo de lo Penal de Pichincha vinculó a cinco ciudadanos más en la instrucción fiscal que investiga el desvío de fondos del Ministerio del Ambiente.

Con estas nuevas vinculaciones suman 57 los procesados en este caso, informó la Fiscalía.

El perjuicio al Estado asciende a 7’360.798 dólares, monto que presuntamente fue transferido hacia cuentas privadas de más de 70 personas, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (eSIGEF).

En contra de I. Córdova, J. Jácome, L. Illescas, R. Orellana y D. Espinoza, el juez dictó las medidas sustitutivas de prohibición de enajenar sus bienes y de ausentarse del país. Además, deberán presentarse ante la autoridad cada ocho días.

El fiscal de la causa, Gustavo Benítez, considera que existen pruebas suficientes que demuestran que los procesados cometieron el delito de peculado.

Entre los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público en este proceso penal están: el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, pericias contables, informes de pericias informáticas, versiones, entre otras.

Además, a pedido de la Fiscalía, fue revocada la medida de prisión preventiva en contra de otros tres implicados, debido a que en el transcurso de la investigación se encontraron elementos de descargo, pero deberán asistir periódicamente ante el juez.

La presente instrucción fiscal se cerrará el próximo 10 de febrero.

El hecho fue descubierto en mayo de 2012. Se realizó un operativo en el que se detuvo a las cinco servidoras que laboraban en la Unidad Financiera del Ministerio del Ambiente.