Del 14 al 18 de octubre estuvo en Uruguay y se reunió con Julio Calzada, titular de la Junta Nacional de Drogas, ¿cuál fue el resultado de ese encuentro?
Tenemos un proyecto binacional de cooperación, porque tienen una política antidrogas muy similar a la de Ecuador. Estamos capacitando al personal que realiza el control de sustancias químicas para evitar el desvío hacia el narcotráfico.

Entonces el Consep está asesorando a Uruguay...
Sí, nosotros exportamos conocimiento desde hace varios años, a través de herramientas informáticas, ejecutadas por nuestros técnicos y que están siendo instaladas en algunos países de Latinoamérica.

¿Esta herramienta es un software (programa)?
Sí, un programa que se llama Sisalem, diseñado para el control de sustancias químicas. Y también asesoramos en la metodología que realizamos en la prevención del desvío de estas sustancias.

¿Cómo funciona el software?
Un perfilador de riesgo nos ayuda a enfocar sectores donde podría haber desvíos. Por ejemplo, si el sector textil tiene una capacidad instalada de 5.000 kilos al año para una determinada sustancia química y observamos que se demanda inesperadamente el doble de esa sustancia, el perfilador nos dará indicios de la situación. En Ecuador son 1.800 empresas autorizadas para usar sustancias y en Uruguay casi 1.000.

¿Qué otra herramienta informática usa el Consep?
Sisbienes, es otro programa que sirve para la administración de los bienes incautados por el delito de lavado de activos. Si son bienes productivos, se intenta que sirvan a una comunidad vulnerable, por ejemplo, una hacienda o camaronera. Es allí donde se instalan los proyectos de desarrollo alternativo preventivo. Es decir, esos bienes incautados se los pone al servicio de la comunidad con un acompañamiento del Estado y la asesoría del sector empresarial.

Se encuentran en las provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí, Chimborazo y Sucumbíos.

El Consep utiliza proyectos de desarrollo alternativo en cinco provincias del Ecuador

Hace un mes se estableció que el Consep ya no administraría directamente algunos bienes incautados...

La ley establece que, cuando hay una sentencia definitiva por los jueces, esos bienes pasan al Estado. Si son bienes inmuebles, pasan a Inmobiliar; y si son muebles, serán coordinados por la Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP). Mientras están en proceso de investigación, son administrados por el Consep. Es ahí cuando se los promueve para el proyecto de desarrollo alternativo.

En el caso de Uruguay, allá se debatía sobre la legalización de la marihuana. ¿Cómo va ese tema ahora que estuvo en ese país?

Es un proceso muy avanzado, está para el último debate del Senado de Uruguay. Sobre las normas jurídicas y el proceso con el que regularán el mercado de cannabis (planta) lo harán desde su producción hasta la comercialización y consumo. De manera soberana, ellos han tomado esa decisión.

En junio de este año el Consep emitió una tabla de tenencia máxima de droga, ¿cómo se la ha utilizado?

Nosotros sugerimos que la tabla de tenencias se encuentre mejor en el Código de Salud y no en el Código Penal. La tabla es un apoyo técnico científico para los jueces, algunos ya están comenzando a utilizarla.

Desde la perspectiva regional, como la ALBA o la Unasur, ¿cómo redefinir la política de la temática de drogas?

Algunas naciones continúan llamándole la guerra contra las drogas y donde no se priorizaba la atención a nuestros jóvenes. Nuestro enfoque se concentra en el ser humano y no en el objeto o sustancia. Esperamos que en el año 2016, cuando en las Naciones Unidas se redefina la política antidrogas, se logre un consenso de su revisión. Sería el momento para que el narcotráfico no siga prosperando, pero más que nada por el ser humano, por su salud y, principalmente, por la sociedad.