Perú, uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína, reiniciará en 2016, después de 15 años -y sin apoyo extranjero- la interceptación de vuelos ilegales de avionetas en zonas productoras de drogas, y podrá derribarlas en caso de ser necesario.

“La ley está vigente, los procedimientos ya están establecidos y los protocolos están definidos. Podemos decir que está todo listo para iniciarse”, dijo, a inicios de año, el ministro de Defensa de ese país, Jakke Valakivió.

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) podrá intervenir en el aire a las aeronaves ilegales y, de ser necesario, derribarlas si existe evidencia o sospecha razonable de que están siendo empleadas para el narcotráfico o para transportar armamento. La mayoría de vuelos ilícitos va y vuelve a través de la frontera de Perú con Bolivia.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) entre mayo y agosto de 2015 se registraron 175 vuelos sin permiso ni control en esa zona de frontera. Los vuelos de interceptación habían sido suspendidos en 2001, luego de que la FAP derribara por error a una avioneta con misioneros estadounidenses.

La llamada ‘ley de derribo’ también está vigente en Argentina y tendrá un año de validez, luego de que el presidente Mauricio Macri firmara un decreto de emergencia en seguridad pública que incluye la medida cuestionada por referentes políticos de la oposición y reclamada desde hace tiempo por otros, que la consideran una herramienta válida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.  

El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad en la aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a incursores en el espacio aéreo argentino. En 2014, esta medida también fue tomada por Bolivia. Venezuela lo hizo en 2013.    

Narcoavionetas en Ecuador   

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un estudio acerca del narcotráfico, publicado en 2013, precisó que durante 2012 en Ecuador se evidenció una tendencia relacionada con el uso de aeronaves particularmente de bandera mexicana. “Estas buscan trasladar los alcaloides hacia Centroamérica, mediante arribos sorpresivos en zonas limítrofes al litoral, así como, en alguna ocasión, la introducción de dinero producto del narcotráfico”, consta en el informe.

Edmundo Moncayo, director nacional de Antinarcóticos, indicó que en Ecuador desde el segundo semestre de 2015 no se detectaron avionetas empleadas para el narcotráfico.     

Explicó que en el país las investigaciones empiezan y terminan en tierra, es decir, que toda la información se recaba en territorio, por ejemplo, en los sitios donde está acopiada la droga para ser embarcada.  

De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, desde 2010 hasta 2015 se decomisaron 12 avionetas.    

A finales del año pasado 15 personas fueron enjuiciadas por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, 11 ciudadanos fueron sentenciados a 10 años de prisión como autores y otros a 5 años u 7 meses, como cómplices.          

Harry Velásquez, fiscal que estuvo encargado de la investigación pero que fue trasladado a otro despacho, mencionó que él solicitó la apelación a la sentencia debido a que a los considerados como cómplices se los encontró con el estupefaciente. La fecha de esa diligencia aún no ha sido fijada, agregó el funcionario.

En esa acción se decomisó una avioneta en una pista del cantón Mocache, provincia de Los Ríos; luego de que se encontraran 603 kilos de droga en una hacienda en Babahoyo. El estupefaciente iba a ser llevado a Centroamérica, pero los narcos se vieron obligados a desviarse del camino y dejar abandonada la aeronave. (I)