La prisión en contra de 3 funcionarios que trabajaban en un Centro de Rehabilitación Social (CRS) fue ratificada. Los procesados habrían conformado una red de extorsión que operaba en el recinto penitenciario de Archidona, en la provincia de Napo.

Carmen Q., Christian A. y José G., supuestamente, ‘limpiaban’ los expedientes de los agentes penitenciarios, a cambio de dinero. La presunta red fue desarticulada el 21 de enero de este año por el trabajo investigativo de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP). Carmen Q. era directora del CRS Archidona y tras su desvinculación fue posesionado Jorge Lema. Otro de los involucrados fue del área de talento humano.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manifestó que continúa el proceso de depuración del sistema, en contra de los actos de corrupción que vulneran la seguridad en los CRS. “Como Gobierno rechazamos enfáticamente acciones que ponen en riesgo el sistema penitenciario”.

De acuerdo con cifras de la cartera de Estado, entre febrero y noviembre de 2015 se ejecutaron 711 requisas en las cárceles, hubo 308 decomisos de objetos prohibidos y 134 detenidos. De estos 10 policías y aproximadamente un centenar de agentes penitenciarios fueron separados del sistema y puestos a órdenes de las autoridades judiciales, por su presunta participación en actos de corrupción al interior de los centros de rehabilitación.

Zúñiga destacó que quienes ingresan en los CRS del país como internos, funcionarios públicos, agentes penitenciarios, policías, familiares, visitas de las personas privadas de la libertad, atraviesan los filtros de seguridad conformados por máquinas rayos X, arcos y sillas detectoras de metales, escáneres, equipos de alta tecnología que no ponen en riesgo la salud de los visitantes y servidores, y, sobre todo, evitan degradar la dignidad de quienes ingresan diariamente a los centros de rehabilitación.

Además, el 1 de junio de 2014 se incorporó el primer grupo especializado de 10 guías caninos para la detección de sustancias sujetas a fiscalización. Desde febrero de este año, 18 elementos de la Sección Operativa Táctica Canina, que fueron instruidos en la Escuela de Gendarmería de Chile, apoyan con las diligencias y operativos de control. Juan Francisco Congo, jefe del grupo, precisó que el entrenamiento de 3 meses en el exterior les permitió conocer aspectos nuevos y relevantes en la rama de protección e intervención, desarrollo de puntas de lanza, entre otros, que conllevan a una formación táctica y canina. “Los conocimientos en lo personal los considero enriquecedores y los replicaremos con otros compañeros para conseguir un gran equipo especializado y con una formación integral”, dijo Congo.

El 18 de febrero de este año personal de la Dirección General de Inteligencia (DGI) detuvo a un policía que prestaba sus servicios en el recinto de la provincia de Cotopaxi, por supuestamente ingresar objetos prohibidos al interior del reclusorio.

La misma semana, una agente de seguridad penitenciaria (ASP) fue detenida por miembros de la Policía Nacional cuando intentaba ingresar con droga oculta en su cuerpo al Centro de Rehabilitación Social Guayas, ubicado en el km 17 de la vía a Daule, en Guayaquil.

Francisco Castro, director del CRS Cañar, señaló que en ese recinto se realizan operativos cada 15 días para precautelar la seguridad de los propios internos, además de mantener la paz ciudadana. “Es vital mantener este tipo de operativos o requisas constantemente, esto evita que se presenten situaciones conflictivas al interior del centro y, además, permite controlar anticipadamente cualquier anomalía que pueda darse”, afirmó.

Entre los objetos ilegales que se encontraron en las requisas están artículos cortopunzantes, cucharas de metal, las cuales pueden ser acondicionadas como cuchillos, cigarrillos, teléfonos celulares y sustancias sometidas a investigación, informó el funcionario. (I)