La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ledy Zúñiga, junto con Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo y los  asambleístas de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recorrieron las instalaciones del ex-Penal García Moreno y del Centro de Detención Provisional (CDP), ubicados en el centro de Quito.

La inspección se llevó a cabo hoy con la finalidad de que se conozcan las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, que fueron trasladas hasta el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (Cotopaxi).

"Lo que se quiere es que los asambleístas puedan constatar el anterior centro de rehabilitación y verifiquen que en la nueva infraestructura es posible cumplir con los procesos de rehabilitación", indicó la Ministra, durante el recorrido que se efectuó  en presencia de varios medios de comunicación.

Primero recorrieron el ex-Penal, en donde, luego de pasar por las instalaciones, la asambleísta Marcela Aguiñaga dijo estar impresionada en las deficientes condiciones que los procesados cumplían su condena. "Estoy impresionada ver cómo vivían estas personas en situación de vulnerabilidad, simplemente nos llama a la reflexión", indicó.

A la asambleísta Gina Godoy le  llamó la atención la infraestructura del pabellón en donde se ubicaban a las personas detenidas por no cancelar las pensiones alimenticias. Ante esta situación, la legisladora opinó que se debería analizar la eficacia de la norma y de la administración de justicia.

"Estando el padre privado de la libertad ese hijo no recibe la pensión", reflexionó.
En las instalaciones de Latacunga se encuentran alrededor de 2.200 reclusos.  No obstante, Zúñiga informó que hasta finales de 2014 también está previsto el traslado de los reclusos que se encuentran en el CDP y en contravenciones. Por cuestiones de seguridad omitió los detalles y las fechas del paso de los internos. Indicó que solo en el CDP hay alrededor de 1.400 personas.

Luego de esta inspección, las autoridades se trasladaron hasta el nuevo centro penitenciario de Latacunga para conocer y constatar que los reclusos se encuentran en instalaciones más óptimas para su rehabilitación.