Esta semana se iniciarán los trabajos de remodelación en las salas de audiencias de la Unidad Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil, para implementar obras de infraestructura que garanticen la seguridad de jueces y funcionarios, especialmente del área penal.

Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) se reunieron con los 36 jueces penales que laboran en Guayaquil. Ellos expresaron su preocupación por el diseño de las salas, las cuales deberían tener salidas e ingresos diferentes al recinto. El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, explicó que tomaron la decisión de intervenir las salas que no cuenten con flujos de circulación diferenciados, en especial donde actúan jueces penales. “Hemos constatado estas falencias por lo que está aprobada la inversión para completar estas obras lo más pronto posible”, puntualizó Jalkh.

El funcionario manifestó que ahora los jueces emiten sentencias públicamente y esto podría generar una eventual inseguridad del tribunal penal. En la unidad Albán Borja se comprobó que los operadores de justicia, el público y los procesados utilizan las mismas áreas para entrar y salir, lo que ha generado inconvenientes por personas que se alteran cuando escuchan la sentencia, incluso intentan agredir o increpar al juez.

Jalkh recordó que el facultado además de dictaminar la culpabilidad del imputado tiene que emitir la pena de prisión en la misma audiencia, lo que podría elevar los ánimos. El director de la Judicatura, Tomás Alvear, expresó que invertirán $ 35.000 en las remodelaciones. “La mayoría de salas de los edificios nuevos tiene en su diseño las entradas diferenciadas, pero faltaban unas pocas”. Agregó que repotenciarán todos los artefactos de vigilancia en los ingresos de las unidades judiciales a escala nacional dentro y fuera de los edificios de las judicaturas.

Hasta el momento las autoridades del CJ analizan la cantidad de equipo que necesitarán, especialmente cámaras de video y el monto de la inversión. La remodelación de estas salas comenzará esta semana y estará lista máximo en 21 días.

Jalkh agregó que solicitarán al Ministerio del Interior que haga un análisis de riesgo de la seguridad de los judiciales, sobre todo de los tribunales penales, ya que algunos jueces han sido amenazados luego de las sentencias, por lo que se debería asignar protección extra.

En cuanto al trabajo que desarrollan los tribunales penales del Guayas, el presidente de la Judicatura explicó que las evaluaciones respectivas indican que esas instancias judiciales cumplen su labor con eficiencia y efectividad.

En 2015, en los tribunales penales de Guayaquil ingresaron 1.186 causas y en 1.359 se dictó sentencia, lo que significa que incluso se despacharon juicios de años anteriores. Adicionalmente, esas dependencias judiciales dictaron 771 autos resolutorios, lo que en la globalidad de despacho representa una productividad de 2.139 procesos. Actualmente esos tribunales tienen 367 juicios en trámite y esto “prácticamente permite que su labor esté al día”. El año anterior no existieron caducidades de prisión preventiva. (I)