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El delito es sancionado desde 3 a 7 años de privación de libertad

Las redes sociales, fuente de datos para extorsionadores

Los extorsionadores también suelen llamar a ‘probar suerte’ para ver si alguien hace caso a sus amenazas. Foto: William Orellana / El Telégrafo
Los extorsionadores también suelen llamar a ‘probar suerte’ para ver si alguien hace caso a sus amenazas. Foto: William Orellana / El Telégrafo
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Ni los religiosos se salvan. En Quito un sacerdote era extorsionado por un individuo que le pedía dinero para una supuesta operación que necesitaba su madre; si el religioso se lo proporcionaba prometía no hacerle daño. La víctima le entregó más de $2.700, pero esto no satisfizo al antisocial, quien continuó con las amenazas por cerca de 3 meses.

Cansado de la tensión psicológica, el sacerdote denunció el hecho y agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones de personas (Dinased) capturaron al individuo, identificado como Paúl Gabriel M.J.

Este es solo uno de los 118 casos que fueron reportados a la unidad policial desde el 1 de enero de 2015 hasta el pasado 23 de abril. El 94% de estos hechos fue resuelto y el 6% restante continúa en investigación, según informa Carlos Alulema, comandante de la Dinased.

¿Cómo actúan los extorsionadores?Alulema explica que regularmente son 2 personas que se juntan para el cometimiento del delito, pero puede ser solo uno. La información, sobre todo, la obtienen de las redes sociales donde algunas personas publican los números de teléfono.

“Además, los usuarios de internet ponen fotos de sus pertenencias, de sus viajes y el delincuente puede enterarse de su capacidad económica”, puntualiza.

El oficial menciona que hay otras formas de conseguir los teléfonos como en la guía telefónica o marcando al azar. Los datos los pueden conseguir fingiendo ser trabajadores de alguna operadora celular, de agencias bancarias, entre otros.

Los antisociales regularmente amenazan de muerte, de hacerle daño a la familia, de divulgar actividades de la persona (por ejemplo una infidelidad) o también hay algunos casos en los cuales los hombres que han mantenido una relación con alguna mujer la asustan diciendo que van a hacer públicas fotos íntimas.

Para Alulema lo importante es no ceder ante los delincuentes y denunciar el hecho en alguna Unidad de Policía Comunitaria (UPC), donde los uniformados contactarán a la víctima con la Dinased.  “Este año hemos detenido a 97 personas dedicadas a ese delito. Es una muestra de que no hay que tener miedo.El no denunciar incentiva a los antisociales, aunque hay muchos ciudadanos que no acuden a la Policía por temor a que se cumplan las amenazas”.

Los delincuentes a veces dicen ser policías, miembros del Ejército, sicarios, entre otros, pero solo son estrategias para aumentar la tensión. “Este es un delito en el que no se usa mucho la violencia física, pero sí la psicológica y por eso hay muchas personas que se dedican a esto. Además que la sanción es menor a la de otras conductas delictivas”, agrega Alulema.

En el operativo Eslabón 9, ejecutado en Lago Agrio (Sucumbíos), a inicios de 2015, fueron detenidas 8 personas que extorsionaban a funcionarios de la compañía de hidrocarburos Petroamazonas EP, exigiendo  $ 3’000.000 para no atentar contra los bienes de la institución.

De acuerdo con cifras de la Dinased, de los 118 casos de extorsión registrados, 16 fueron desde centros carcelarios. En marzo de este año, en Eslabón 20, se detuvo a 25 personas. El líder está recluido en la cárcel de Jipijapa, sus compinches se tomaban nombres de jueces y fiscales de la ciudad de Quevedo. A esa banda se le atribuyeron más de 350 robos de carros en 10 meses. Luego de llevarse los autos llamaban a los dueños para pedirles dinero por la devolución. Los montos eran de $ 2.000 en adelante.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, destaca el hecho de la demolición de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Considera que ese era uno de los principales focos de corrupción, donde los caporales, en complicidad con funcionarios, extorsionaban a los familiares de los presos o a los privados de libertad recién llegados. Por ejemplo, cuando existía el denominado pabellón ‘Cuarentena’, los familiares de los PPL cancelaban hasta $ 400 por el derecho de celda. En cambio en el área ‘Choferes’, también derribada, pagaban hasta $ 2 mil por tener un colchón donde dormir. Esta situación se repetía en varios centros que paulatinamente han sido clausurados o readecuados. La semana anterior hubo un incidente dentro del Centro de Rehabilitación Social (CRS)Regional Guayas. Un interno fue herido con un arma blanca.

Giancarlo Almeida, fiscal de la Unidad con competencia en Delitos Flagrantes, indicó que en el pabellón donde hubo la riña aparentemente existe un grupo que se dedica a extorsionar, pero eso está en investigación. (I)

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