La colocación de una pulsera amarilla a un visitante del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil significó el arranque del nuevo modelo de control que paulatinamente se aplicará en todos los penales del país.

Esta penitenciaría alberga a 550 internas, aproximadamente, quienes a futuro serán trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas Número 8. En 2013 la población carcelaria femenina fue de 2.106 personas, es decir, el 8,48% del total a nivel nacional (24.844 internos, según el Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral).

En el sitio, hasta el martes 3 de junio se marcó con sellos a las personas que ingresaban para reunirse con sus allegados privados de la libertad. El propósito de esa medida era diferenciar al preso del visitante; pero el sistema, a más de que era considerado denigrante era inseguro, dijo la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

Un ejemplo es lo ocurrido el 1 de junio, cuando una mujer calcó los sellos al unir su brazo con el de una supuesta familiar, esto le permitió evadir los filtros de seguridad y salir de la penitenciaría, hecho por el cual las autoridades iniciaron una investigación penal.

Con el nuevo sistema, el Ministerio de Justicia procura evitar que esto se repita. Zúñiga explicó que están previstas las medidas necesarias para evitar falsificaciones, una de ellas es que las pulseras no serán las mismas a lo largo de la semana, es decir, cada día se empleará un color distinto.

“Nosotros como autoridades vamos definiendo de forma sorpresiva qué color vamos a poner por día, para que no las puedan imprimir en ningún otro lado”, detalló como estrategia la ministra.

Además, informó que los brazaletes los elabora una imprenta exclusiva y que sobre ellos va un sello que certifica el ingreso, este lo colocan una vez que el visitante la tiene puesta en la muñeca.

Zúñiga advirtió que el personal de seguridad retirará las manillas cuando los visitantes abandonen el sitio y si se detecta que hubo manipulación, les prohibirán el acceso en una próxima oportunidad.

El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Manuel Íñiguez, explicó que no es el único procedimiento de control, pues verifican en el Sistema de Gestión Penitenciaria la identidad de quien solicita entrar para confirmar que esté autorizado.

Explicó que la persona privada de libertad da los nombres de quienes la visitarán y estos se registran en una base de datos; si no consta en la lista, no podrá acceder.

A eso se suman, una barrera física (policías), escáneres, cámaras de monitoreo y, desde los próximos días, 10 canes que colaborarán para detectar la incorporación de objetos prohibidos. “Vamos a mejorar el sistema tecnológico (cámaras), estamos con una capacitación continua, en este momento tenemos la visita de una comitiva de Agentes de Seguridad Penitenciaria de Francia, iniciamos una capacitación técnica”, agregó.

Esto permite cumplir con protocolos internos que posibilitan el correcto funcionamiento de los procesos generales y, producto de ello, la mejora en el sistema de rehabilitación, afirmó.

Con respecto al ingreso de nuevos agentes penitenciarios, informó que hay un proceso estricto para seleccionar a los 1.000 aspirantes que se tiene previsto formar hasta finales de año. Zúñiga mencionó que con esto se busca garantizar la integridad de los privados de libertad, de los visitantes y de los propios agentes y personal que labora en los centros de rehabilitación.

“Para nosotros es importante el tratamiento penitenciario y la seguridad ciudadana. Tenemos 1.500 miembros policiales que prestan servicios. En lo que va del año hemos hecho más de 700 requisas a nivel nacional, hemos logrado sacar 3 granadas, 13 revólveres, centenares de municiones (...) eso minimiza la inseguridad dentro de los centros carcelarios”, dijo la Ministra.