Los jueces deben desarrollar su trabajo al decidir e interpretar la ley, pero hay una pregunta planteada por Ronald Dworkin que resume ese desafío fenomenológico: “En casos difíciles, ¿cómo deciden (o cómo deberían decidir) los jueces qué es la ley?”.

En consecuencia, los jueces no solamente se remiten a aplicar decisiones legales que ya han sido adoptadas en casos similares, sino que están constantemente interpretando, aclarando, descifrando, dilucidando y explicando las normas legales.

Para afrontar esa empresa, Robert Alexy, en su obra Teoría de la argumentación jurídica, sugiere un esquema que permite sustentar la argumentación y ponderación de los operadores de justicia mediante los siguientes elementos: i) La ley de la ponderación que establece una gran orientación:

“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”; esta guía se implementaría mediante tres variables en la fórmula del peso que son: a) el grado de afectación de los principios en el caso concreto; b) el peso abstracto de los principios relevantes de conformidad a las prioridades y necesidades imperantes en la sociedad; y, c) “la seguridad de las apreciaciones empíricas que se refieren a la afectación que la medida examinada en el caso concreto proyecta sobre los principios relevantes”.

Este esquema es un aporte innovador para los jueces(zas) que están compelidos a resolver casos complejos, en los que no bastan las operaciones lógicas deductivas y de subsunción para aplicar el Derecho.

Otra lección importante de Alexy radica en lo útil que puede ser establecer un valor numérico a las variables en cuanto a la afectación de principios y su peso abstracto. Antes de exponer brevemente esos valores numéricos, quisiera indicar que su tesis se apoya en la gran contribución conceptual de Dworkin, quien sostenía que el Derecho no puede ser únicamente la existencia de normas y reglas, sino la combinación con principios y directrices que se convierten en pautas para que los jueces(zas) aporten para alcanzar objetivos sociales en la colectividad.

Las controversias y litigios que deben resolver los operadores judiciales necesitan de razones argumentadas que no se reducen a la literalidad de la norma, sino al uso concreto de principios para establecer condiciones de equidad o justicia en los problemas a resolver.

Alexy sugiere una escala numérica para que los administradores de justicia empleen un cálculo matemático a la hora de decidir, y consiste en que, según la afectación o el peso sea leve, equivale a 1, medio corresponde a 2, o intenso equivaldría a 4. Y en cuanto a la seguridad de las premisas fácticas, en cuanto a su nivel de calificarse como seguras corresponde a 1, plausibles corresponde a ½ y no evidentemente falsas que corresponde a 1/4 .

Esta fórmula permite a los jueces(zas) establecer niveles de prioridad y prevalencia de un principio sobre otro, con la finalidad de superar las prácticas sustentadas en un razonamiento finalista de medio-fin cuando despojamos al Derecho de sus razones para decidir con valoraciones sobre los derechos y su protección.