Juan C. fue declarado culpable de haber violado a una niña de 13 años. La sentencia, emitida el 24 de marzo de 2015, es la primera de entre los procesos que despacha la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Guayas.

Durante 2014 esta fiscalía receptó 169 denuncias, de las cuales 80 se encuentran en investigación.

Y en lo que va de 2015 se han  registrado 56, de las cuales el 90% es por violencia intrafamiliar.

Juan Guamán Sagñay, fiscal de Asuntos Indígenas de Guayas y Galápagos, informó que se pueden presentar denuncias sobre delitos penales, civiles y de tránsito, y son receptadas en quechua y en español.

Si es en quechua, luego el proceso se traduce con la finalidad de que los abogados defensores lo entiendan.

El objetivo primordial de la dependencia es velar por el respeto y la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas; principalmente en su proceso inicial de investigación de alguna infracción.

Según la Fiscalía, las dependencias de Asuntos Indígenas se encuentran en: Alausí, Guamote (Chimborazo); Guayaquil (Guayas), Otavalo (Imbabura), Loja (Loja), Morona (Morona Santiago), Puyo (Pastaza), Cayambe (Pichincha), Ambato (Tungurahua), Centinela del Cóndor (Zamora Chinchipe) y en Bolívar y Cotopaxi.

El artículo 171 de la Constitución de la República, sobre la justicia indígena refiere que: “las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.

Patricio Parco, exfiscal de Asuntos Indígenas, afirmó que los conflictos más comunes en las comunidades ecuatorianas son robos, estafas, lesiones, abigeato y delitos de carácter sexual.  

En el caso de Chimborazo, en Guamote y Alausí se atiende más casos, porque su población es mayoritariamente indígena.

El trabajo se extiende a las comunidades

Parco afirmó que  el papel de la Fiscalía de Asuntos Indígenas es ser un ente coordinador en materia legal y respeto de los derechos humanos. “Nosotros permitimos que ellos lo resuelvan, no imponemos, brindamos un asesoramiento constitucional y las normas internacionales.  

Segundo Tisalema, fiscal de Asuntos Indígenas de Ambato, dijo que atiende un promedio de 20 denuncias por mes.

“Aquí se receptan las causas fiscales, excepto contravenciones de tránsito y adolescencia, de la población indígena; se atiende directamente a los habitantes de los 9 cantones de Tungurahua, no solo de Ambato”, expresó.

El trabajo de Tisalema se extiende a los sectores donde ocurren las contravenciones para hablar con las partes involucradas.

“El cabildo me llama a constatar el lugar de los hechos y hablar con las partes. Una vez en la comunidad conversamos con los involucrados, y si es posible, resolvemos el caso por medio del diálogo”, precisó.

Si es factible, con la disponibilidad y voluntad de ambas partes, se pueden aplicar sanciones menores  como las disculpas públicas. “De no ser así, el caso es llevado a la Fiscalía de Asuntos Indígenas para seguir el trámite respectivo, según la ley convencional”, concluyó  el fiscal.(I)