La reforma penitenciaria que cambia las reglas de juego en las cárceles del Ecuador, que evitará que ciertas  personas privadas de la libertad (PPL) generen violencia y negocios ilícitos en su interior; las disputas y amenazas de muerte entre bandas; el hacinamiento que merma física y psicológicamente a los reos; y  la rigurosidad con que el viejo sistema trataba al recluso al no darle un trato humano son las principales causas para que se produzcan las fugas.       

Eso se deduce de la intervención de expertos internacionales de siete países que la semana anterior, durante cuatro días, abordaron sobre la  problemática que envuelve al derecho y la administración penitenciaria en general, así como los posibles pasos  a seguir en Ecuador para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y la aplicación de nuevas políticas en el tema.

Marco Fuentes Mercado, director de Gendarmería de Chile, en su ponencia titulada “La seguridad penitenciaria en el contexto de los derechos humanos”, señaló que el problema del hacinamiento es común en varios países de la región.

Sin embargo, dijo que en Chile ha ayudado mucho que, de las 100 mil PPL que cumplen  penas en las 84  cárceles del país, el 52% lo hace con libertad condicional. Sin embargo, para acceder a ese beneficio deben haber cumplido el 50%  de la sentencia, demostrar buen comportamiento y acogerse a programas de educación, de trabajo, etc.

Son entonces 48 mil PPL las que en Chile cumplen su pena bajo un “sistema cerrado”, lo cual es más controlable para los 18 mil funcionarios de Gendarmería, entre uniformados y civiles. “La misión de gendarmería es dar a las PPL seguridad y programas de reinserción. Esto ha tenido una efectividad del 91% que, por ejemplo, se evidencia en las casi nulas fugas”, resaltó.

En Ecuador, según cifras del Ministerio de Justicia,   hay 21.218 PPL en 47 centros. De ese  total, la mayoría se encuentra distribuida en cárceles de Guayaquil (7.120), Quito (3.392) y Los Ríos (1.059).

El problema de hacinamiento en las cárceles del Ecuador sigue siendo latente, pese a que el  actual Gobierno ha  invertido $42,3 millones en infraestructura para la edificación de nuevos centros de rehabilitación social y para refacción de otros. Sin embargo, ese no es el único eje que actualmente se está tomando  en cuenta para bajar el grado de violencia e inseguridad en los reclusorios, pues a eso se unirá una política de rehabilitación que se enmarca dentro de todo un plan de  reformas penitenciarias.

Hasta ahora se ha incorporado a 979 nuevos agentes de tratamiento penitenciario (a los que antes se les llamaba guías), a quienes se les ha proporcionado una preparación física e intelectual especial para que entiendan hacia donde se encamina la reforma, la cual, ante todo, privilegiará  el trato digno y el respeto a los derechos humanos de las PPL.

En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Ecuador que mejore las condiciones en las cárceles, pues dijo que las PPL sufren hacinamiento y una alimentación y cuidado médico deficientes.

Esto ha sido tomado en cuenta y por  ello Ecuador está inmerso en un proceso de cambios en política penitenciaria. Sin embargo, para conseguir los objetivos “es necesario  el compromiso no solo de las autoridades y sectores involucrados, sino de los operadores de justicia, de la sociedad en general  y de  los medios de comunicación”, destacó  el experto argentino Juan Carlos Domínguez, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ver entrevista).