José Ñ.V., un microempresario de 50 años de edad que reside en Quito, nunca imaginó que el suscribir un contrato para la confección de prendas de vestir, por un valor de 5 mil dólares, le significaría mantener una disputa con Mara A.M., representante de una conocida línea de venta de ropa por catálogo.

El negocio, relata el supuesto ofendido, se dio en agosto de 2012, pero transcurrieron 8 meses y el hombre no  percibía ni un centavo de lo pactado, a pesar de haber cumplido con su parte del trato. La marca de ropa tiene sus oficinas en Guayaquil, por lo que el artesano se vio obligado a movilizarse hasta esta ciudad para buscar, por medios legales, el pago.

En la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Juzgado de Contravenciones no recibió la asistencia oportuna por el supuesto incumplimiento de contrato, situación que cambió el pasado 1 de febrero cuando tocó las puertas del Centro de Mediación de la Función Judicial. Tras  3 audiencias y ya en la recta final, Ñacato, más optimista, expresa que logra “ver una luz al final del camino”. Así, sin llegar a instancias judiciales que le significarían pérdida de tiempo y dinero, se está llegando a un ‘arreglo amistoso’.

Este es uno de los 1.480 casos que fueron atendidos en este centro de mediación desde el 1 de enero hasta el 21 de noviembre de 2013, sistema alternativo de solución de conflictos que en 2012 tramitó 954 causas, de las cuales en el 49,58% (481) se llegó a acuerdo, es decir que fueron resueltas sin la necesidad de que intervengan los jueces.

Esa cifra podría aumentar considerablemente en Guayas desde el  pasado 22 de noviembre, cuando se incorporaron 22 nuevos mediadores para atender de manera simultánea las audiencias que se programen.

Hasta antes de esa fecha, ese centro de mediación atendía un promedio de 8 casos diarios con una sola mediadora, informó su directora Amada André.
Bolívar Vergara, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, indicó que a escala nacional son 99 los mediadores que se han incorporado, todos debidamente capacitados y acreditados por el CJ, y que fueron distribuidos en 56 centros de mediación del país.

La creación de estos  nuevos centros de mediación y la incorporación de más mediadores son parte del Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz que fue presentado por el Consejo de la Judicatura el  23 de octubre pasado, indicó.

El Programa  contempla la creación de redes de apoyo, promoción, difusión y el diálogo ciudadano como estrategias para construir el desarrollo de la política pública, sobre alternativas de solución de conflictos y acceso a la justicia.
 
Los nuevos centros  funcionan en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe.

El  viernes anterior se desarrolló en Guayaquil la jornada de mediación de 77 procesos provenientes de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de los Juzgados Civiles de Guayas, Santa Elena, La Concordia y Los Ríos.  Además este evento contó con el  asesoramiento de la vocal alterna del CJ, Rosa Elena Jiménez.

Vergara explicó que como respuesta de reuniones previas con los jueces, se consiguió que los casos susceptibles de ser resueltos fuera del ámbito del juicio, sean derivados hacia los centros de mediación a fin de que sean atendidos por mediadores. Asimismo, indicó que se mantiene reuniones  con representantes del Colegio de Abogados, para exponerles diversos proyectos que lleva adelante el CJ, entre ellos,  la mediación como alternativa en la resolución de conflictos fuera del ámbito judicial.

David Villamar, abogado en el libre ejercicio y con más de 5 años de experiencia en el ámbito de la mediación, explica que las actas de acuerdo total de mediación que se firman entre las partes tienen el carácter de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada de última instancia.

En caso de que una de las partes incumpla con lo acordado no se necesita iniciar una demanda o un juicio, puesto que la causa va directamente a la etapa de ejecución.
“Los laudos arbitrales y  las actas de mediación tienen el efecto de sentencia ejecutoriada y, en caso de incumplimiento ya no vendrían a ser ni los árbitros ni los mediadores los que tienen que hacer ejecutar las actas, eso  pasa a la justicia ordinaria”, afirma André.

Agrega que el 90% de los casos que se ventilan en el centro es por solicitud directa de los abogados, sea que exista o no juicio, lo que significa que los profesionales del derecho optan por  la mediación antes que iniciar una demanda. El  10% restante es por derivación de causas de los juzgados.
Resalta el hecho de que 1.480 causas ya han ingresado al centro en lo que va de 2013, demostrando que ese medio alternativo de solución de conflictos constituye ya una forma de servicio público.

Y es que el proceso, aún poco conocido -añade Villamar-, es considerado como una  salida inmediata para quienes quieren evitar el extenso trámite en el sistema judicial. “La gente debe optar por este camino, que puede tardar de 2 horas a pocos días. Depende de las partes”.

Al referirse al trabajo que realiza el mediador, André manifiesta que debe ser un tercero neutral e imparcial formado profesionalmente. No es un juez o un árbitro que tiene el poder de decidir sobre el resultado, el mediador es un facilitador de la comunicación y mantiene el control del procedimiento, mas no sobre el resultado, pues son las partes las que tienen el protagonismo principal y deciden según sus intereses y necesidades.