Para que la justicia sea definida como independiente en un país, debe reunir 3 características básicas: No debe ser política, es decir no depender de los gobiernos de turno; no tener intereses externos financieros que la presionen; y contar con jueces independientes que solo obedezcan a la Constitución y las leyes, según Rolando Vega, presidente de la Comisión Iberoamericana para la Calidad de la Justicia; y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Vega, quien presidió la semana pasada la primera ronda de talleres de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolló en Quito, sostuvo que Ecuador lo dejó impresionado por lo que ha hecho en materia judicial, que se encuentra en un proceso de construcción permanente de la justicia.

El jurista indicó que en la ronda de talleres se discutieron 5 temas importantes: la transparencia de la justicia, corrupción, la aplicación de tecnologías de información y comunicación (TIC), los mecanismos alternos de solución de conflictos  y la cooperación internacional entre los poderes judiciales.

En el tema del control a la corrupción, señaló que es un proceso relacionado con la participación ciudadana, porque la población debe supervisar los actos de los funcionarios. Además, “está asociado a la rendición de cuentas, hay que publicar constantemente en redes sociales y páginas web el accionar de nuestra gestión”.  

Aplicación de los TIC

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden ayudar en los procesos judiciales, pero se debe tomar en consideración el talento humano que las opera, es otro de los puntos que mencionó Vega.

  “La mezcla de la tecnología con recurso humano capacitado es lo que  determina la buena gestión en los procesos de justicia, por lo que las TIC no solo deben facilitar la labor de los funcionarios, también la satisfacción de los usuarios.

Calidad de la justicia

La calidad de la justicia está enfocada en la gestión de los procesos que se efectúan a través de los organismos y los poderes judiciales.

“Primero hay que determinar si la justicia está satisfaciendo los derechos, requerimientos y necesidades de las personas”, sostuvo Vega.  

En ese sentido, señaló que  la justicia no debe ser concebida como un ejercicio del poder, más bien es un servicio público que tiene que ser calificado.  “La justicia no es un monopolio, le pertenece al pueblo”.

Selección de jueces

La independencia de la justicia depende del criterio para la selección de jueces, consideró Enrique Riera Escudero, presidente del Consejo de la Magistratura en Paraguay, que participó en los talleres.

En Paraguay, los aspirantes ingresan en un sistema de ternas ‘en línea’, donde se ingresa y se escanea los documentos. Después, un programa se encarga de asignar un puntaje y se establece un ranking. “Cuando hay selección de jueces se consideran los mejores puntajes según sus méritos”, explicó.  

También se refirió a la inamovilidad y la independencia económica de los jueces como otro factor para su independencia. “El juez solo podrá ser removido si comete una falta grave, y debe tener un salario digno conforme a sus responsabilidades”.

Además, sostuvo que la clase política no debe controlar el poder judicial, pues la ley debe aplicarse a  todas las personas por igual.  

“Que una misma justicia sea para  un campesino, a un empresario importante, un político, o al goleador nacional, ese día sentiremos que todos estamos bajo la misma ley”.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, destacó el cambio del proceso judicial y sus logros como el trabajo de las Unidades de Flagrancia, en las que se dictaron 303 sentencias en menor tiempo.

Esto, agregó, por el aumento de jueces en estas unidades, lo que ha permitido el incremento de la productividad.

Conclusiones

Entre las conclusiones de los talleres se determinó la necesidad de un lenguaje claro en las sentencias, la accesibilidad de la justicia al ciudadano común, así como la necesidad de la información y transparencia en los actos de la Función Judicial.  

El encuentro reunió a 64 representantes de 18 países, donde se analizaron los proyectos para el fortalecimiento judicial de las naciones que integran la Cumbre, cuya próxima sesión plenaria será en 2016, en Asunción, Paraguay.